Francia se remite a sus compromisos europeos para endurecer la política de inmigración

París, Agencias
El Pacto Europeo de la Inmigración y los compromisos con sus socios comunitarios sirvieron hoy como principales argumentos para el Gobierno francés en defensa de su proyecto de ley que endurece la lucha contra los sin papeles y agiliza su expulsión, incluida la de ciudadanos comunitarios sin recursos.

"Este proyecto de ley es indispensable para que Francia respete sus compromisos europeos", subrayó el ministro de Inmigración, Éric Besson, al presentar ante los diputados un texto que facilitará en particular las polémicas expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros.

Besson, sabedor de que cualquier alusión a esos gitanos sería considerada discriminatoria, no los citó directamente pero se refirió claramente a ellos al defender las nuevas disposiciones para devolverlos.

El proyecto prevé que podrán ser expulsados de Francia los extranjeros, comunitarios incluidos, que "representen una carga" para el Estado, que hayan cometido "actos repetidos de robo" o que se dediquen a la "mendicidad agresiva".

"Esas medidas no derivan de la política de seguridad", sino se enmarcan en la "directiva del retorno", en el principio de que "la Unión Europea no debe convertirse en un supermercado de la protección social", argumentó.

El ministro, un antiguo socialista que se pasó al bando del presidente francés, Nicolas Sarkozy, poco antes de que fuera elegido en 2007, afirmó que "mantener un alto nivel de protección social sólo es compatible con la lucha contra la inmigración irregular".

Las medidas que afectan a los gitanos forman parte de las decenas de enmiendas que el Ejecutivo ha añadido en las últimas semanas, después de que Sarkozy a finales de julio pronunciara un discurso de severidad frente a la inseguridad, que muchos han interpretado como un intento de recuperar el favor de los electores más derechistas.

Entre esas enmiendas está la que contempla la retirada de la nacionalidad para aquellos que habiéndose naturalizado hace menos de diez años atentaran contra agentes de la autoridad como policías, gendarmes y magistrados.

La última vez que se retiró a una persona la nacionalidad francesa por terrorismo fue en 2006.

También se prevé la posibilidad de crear en cualquier momento "zonas de espera" en cualquier punto del territorio para retener a grupos de más de diez inmigrantes ilegales que hubieran entrado en Francia fuera de un punto de control fronterizo mientras se tramita su expulsión.

Además, se limita la intervención judicial durante el proceso de reconducción de los irregulares, que podrán estar retenidos 45 días, y no sólo 32 como hasta ahora. No obstante, esa cifra seguirá siendo muy inferior a la de la mayoría de los otros países europeos, que como mínimo autorizan 60 días.

El objetivo es aumentar el porcentaje de los sin papeles expulsados, partiendo del hecho de que en 2009 de los 96.109 que fueron arrestados, al final fueron obligados a salir de Francia 29.288.

Para combatir los clandestinos que ya están en Francia -las estimaciones hablan de una horquilla de 200.000 a 400.000 personas-, se agravarán las sanciones contra los que les den trabajo, que además de multas -y penas de cárcel en casos excepcionales de explotación- quedarán privados de participar en licitaciones y de recibir todo tipo de ayudas públicas.

Besson insistió en que el contenido del proyecto de ley se corresponde con "la política que se lleva a cabo en todos los países de la UE, al margen de su sensibilidad política", y se jactó de decir que "los socialistas españoles", los griegos o los laboristas británicos habían coincidido en el Pacto de la Inmigración.

Los socialistas, por boca del jefe del grupo parlamentario en la Asamblea, Jean-Marc Ayrault, cargaron en particular contra el mecanismo configurado para los gitanos que supone un "grave perjuicio a la letra y al espíritu" de los tratados europeos y al principio de libre circulación.

"Es retroceder 50 años, a la Europa de las fronteras e instaurar un telón de acero únicamente para los pobres" ya que la obligación de abandonar un país para un ciudadano europeo sólo se justifica en caso de "desórdenes reales del orden público", señaló Ayrault.