Empieza el juicio del "caso Malaya", el mayor contra la corrupción en España
Málaga, Agencias
El juicio por el "caso Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción municipal conocida en España, empezó hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga (sur español) en medio de una enorme expectación mediática.
El presidente del tribunal, José Godino, dio hoy las primeras directrices para el desarrollo del juicio a las partes personadas en el procedimiento, en el que hay 95 procesados -otros tres están en busca y captura- por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros.
Godino, que juzgará esta presunta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de la turística ciudad malagueña de Marbella, ha llegado a calificar el juicio como el "mayor macroproceso de toda la historia judicial en España".
La entrada de la Ciudad de la Justicia se ha acordonado por la Policía para ordenar el acceso de los 300 periodistas acreditados para la cobertura del juicio, un centenar de abogados y el casi centenar de imputados, así como de los funcionarios y el resto de personas que acudan por otros asuntos judiciales.
Muchos de los letrados llegaron al tribunal con bastante antelación al inicio del juicio, caso de la letrada Rocío Amigo, que defiende al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, considerado el jefe de la organización.
Amigo solicitó al tribunal la suspensión del juicio, petición que fue rechazada por la sala, que le emplazó a continuar con las cuestiones previas.
Entre los acusados, los más madrugadores fueron los empresarios Tomás Olivo y Rafael Gómez Sánchez, y el que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román.
Algo después entraron en la Ciudad de la Justicia los ex alcaldes marbellíes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, quienes eludieron hacer declaraciones a los periodistas.
Debido a la envergadura del proceso, cuyo juicio oral se prevé que dure un año, se ha habilitado una sala de prensa, y se han instalado monitores de televisión en el pasillo, para que el público que no pueda entrar en la sala de vistas pueda seguir las sesiones.
El caso Malaya, cuya investigación judicial comenzó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática española: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.
Según el fiscal, Roca ejerció una posición de "dominio" sobre el Ayuntamiento, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003.
Una de las prácticas habituales en la red de corrupción era la recalificación de terrenos del municipio, que luego eran otorgadas a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.
Para Roca, el fiscal pide 30 años de prisión además de 44 años de inhabilitación, mientras que la ex alcaldesa Marisol Yagüe se enfrenta a 20 años de cárcel y Julián Muñoz, a 10 años de reclusión.
El juicio por el "caso Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción municipal conocida en España, empezó hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga (sur español) en medio de una enorme expectación mediática.
El presidente del tribunal, José Godino, dio hoy las primeras directrices para el desarrollo del juicio a las partes personadas en el procedimiento, en el que hay 95 procesados -otros tres están en busca y captura- por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros.
Godino, que juzgará esta presunta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de la turística ciudad malagueña de Marbella, ha llegado a calificar el juicio como el "mayor macroproceso de toda la historia judicial en España".
La entrada de la Ciudad de la Justicia se ha acordonado por la Policía para ordenar el acceso de los 300 periodistas acreditados para la cobertura del juicio, un centenar de abogados y el casi centenar de imputados, así como de los funcionarios y el resto de personas que acudan por otros asuntos judiciales.
Muchos de los letrados llegaron al tribunal con bastante antelación al inicio del juicio, caso de la letrada Rocío Amigo, que defiende al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, considerado el jefe de la organización.
Amigo solicitó al tribunal la suspensión del juicio, petición que fue rechazada por la sala, que le emplazó a continuar con las cuestiones previas.
Entre los acusados, los más madrugadores fueron los empresarios Tomás Olivo y Rafael Gómez Sánchez, y el que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román.
Algo después entraron en la Ciudad de la Justicia los ex alcaldes marbellíes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, quienes eludieron hacer declaraciones a los periodistas.
Debido a la envergadura del proceso, cuyo juicio oral se prevé que dure un año, se ha habilitado una sala de prensa, y se han instalado monitores de televisión en el pasillo, para que el público que no pueda entrar en la sala de vistas pueda seguir las sesiones.
El caso Malaya, cuya investigación judicial comenzó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática española: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.
Según el fiscal, Roca ejerció una posición de "dominio" sobre el Ayuntamiento, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003.
Una de las prácticas habituales en la red de corrupción era la recalificación de terrenos del municipio, que luego eran otorgadas a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.
Para Roca, el fiscal pide 30 años de prisión además de 44 años de inhabilitación, mientras que la ex alcaldesa Marisol Yagüe se enfrenta a 20 años de cárcel y Julián Muñoz, a 10 años de reclusión.