Defensor denuncia encubrimiento en caso Olorio, quien falleció por torturas

La Paz, Abi
David Olorio Apaza, involucrado en el robo agravado a las oficinas de Vías Bolivia, falleció el 6 de junio torturado por una hora en celdas policiales en un caso que fue atendido con negligencia e encubrimiento por funcionarios policiales y del Ministerio Público, señala un informe presentado el sábado por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

"Por el informe médico legal expedido por los forenses, Rubén Soliz y Mabel Morales, se puede inferir que David Olorio, en su interrogatorio y con ausencia del fiscal, fue golpeado por una hora y su muerte (entre las 23.00 horas del 6 de julio y las 03.00 horas del 7 de julio) se debió por asfixia mecánica, compresión de cuello y tórax. En consecuencia, se puede señalar que fue torturado", dijo Villena en una rueda de prensa.

De acuerdo con el informe forense, se encontraron en todo el cuerpo de Olorio múltiples lesiones, entre las que se identificaron equimosis, escoriaciones, apergaminamientos, infiltrados de sangre, posiblemente quemaduras por el uso de electricidad, signos claros de asfixia mecánica e inclusive sofocación.

Villena manifestó que, a partir de esas evidencias se aprecia con claridad que esas heridas "fueron producidas cuando la víctima estaba maniatada, reducida o sujetada, lo que impidió su defensa".

Indicó que los traumatismos fueron realizados en forma progresiva y producidas en vida e incluso tuvieron un proceso de formación y establecimiento para adquirir color de los moretones, deshidratación de las escoriaciones, formación de costras hemáticas y otros "por lo que no tuvo una muerte súbita".

El informe incluye que la muerte de Olorio fue de tipo homicida, dado que las lesiones y los mecanismos que provocaron el deceso fueron realizados con voluntad y conocimiento. Se descartó que haya existido una muerte accidental o suicida.

Villena insistió que la "víctima recibió muchos golpes en todo el cuerpo, especialmente en el cuello y tórax", estas últimas probablemente por compresión de las manos, lo que llevó al sufrimiento por falta de oxigeno producida por un agente externo, lo que provocó lesiones internas en los pulmones con presencia de sangre en los mismos, desembocando en la muerte por asfixia (ausencia de oxigeno).

Indignado, el Defensor del Pueblo manifestó que "esta situación conduce a interpelar a la Policía Boliviana que debería realizar cambios para recuperar la confiabilidad y credibilidad en la ciudadanía sobre su mandato constitucional".

A su juicio, la Policía debe ejercer, diseñar e implementar una política institucional de mayor acceso y cercanía a la sociedad civil, respetando y protegiendo sus derechos, es decir, que refleje un estado de convivencia social en el que los ciudadanos se sientan protegidos en su vida, sus bienes y actividades cotidianas.

Cuestiono también que el personal de la División de Inteligencia Criminal vulneró el Código de Procedimiento Penal porque un acusado sólo puede prestar su declaración ante el Fiscal asignado al caso, tomando en cuenta que en ningún momento la Policía tiene la atribución legal para entrevistar o interrogar.

En el informe, la fiscal, Verónica Viscarra fue cuestionada, al igual que los funcionarios policiales Nancy Balboa Quenta y Félix Ticona Vega, por emitir juicios de valor y señalar que: "al examen físico externo no presentaba signos de violencia".

Villena recomendó al Inspector General del Ministerio Público iniciar las acciones pertinentes para establecer la responsabilidad de Viscarra, por haber "vulnerado el principio de objetividad".

Demandó al Comandante de la Policía Boliviana, Oscar Nina, una inmediata investigación sobre los posibles vínculos de David Olorio Apaza con funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a fin de establecer responsabilidades conforme señala el Reglamento de Faltas y Sanciones de esa institución.

Además, emplazó a Nina a emitir los instructivos correspondientes para que los funcionarios que prestan servicios en el área de inteligencia y otras divisiones de la FELCC cumplan lo determinado por el Código de Procedimiento Penal, que dispone la presencia obligatoria del Fiscal asignado en la declaración informativa de cualquier sindicado.

Solicitó a la Fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, que prosiga con las investigaciones dentro del caso de tortura y fallecimiento de Olorio Apaza registrado en las celdas de la FELCC de la ciudad de El Alto, debiendo remitir el informe de conclusiones a la Defensoría del Pueblo.

El informe menciona jefes, oficiales y policías comprometidos con este caso como Israel Vega, José Ronald Saravia, Cristyan Vargas, Omar Antezana, Juan de la Cruz Cerón Copa, Luis Aquino Mamani, Juan Villa, Félix Ticona Vega y Nancy Balboa.