Bolivia explica a cementera mexicana reversión de acciones

La Paz, Abi
La viceministra de Relaciones Exteriores, Mónica Soriano, se reunió el jueves con el embajador de México en Bolivia, José Rafael Cervantes, y con el director General de la empresa mexicana Grupo Cementero de Chihuahua (GCC), Manuel Milán, para explicar el proceso de reversión de sus acciones en la boliviana Fancesa y anunció que el pago por esa reposición está sujeto a un evalúo.

Soriano aclaró a los empresarios mexicanos que la reversión del 47% de las acciones de la empresa mexicana en Fancesa, a favor de la Gobernación de Chuquisaca, "no es un tema político sino que debe manejarse con criterios estrictamente técnicos", según reseña un comunicado de la Cancillería boliviana.

Asimismo, explicó que "el pago por la acciones de la empresa mexicana estará sujeto al trabajo de evalúo que realizará una empresa nacional técnicamente calificada".

El comunicado informa que el ejecutivo de la cementera mexicana aseguró que seguirá invirtiendo en Bolivia.

La Viceministra de Relaciones Exteriores sugirió también "que esa inversión extranjera tiene la posibilidad de redireccionar sus capitales en otras inversiones que ofrece Bolivia".

El presidente Evo Morales promulgó el pasado 1 de septiembre un decreto para revertir el 33,34% de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), de la cual la cementera mexicana es socia minoritaria, a la Gobernación de Chuquisaca.

Ese decreto revirtió las acciones que estaban en poder de SOBOCE, pero que antes pertenecían a la Prefectura de ese departamento, que fueron compradas en un proceso denunciado como irregular.

La Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) fue creada en enero de 1959 en una sociedad anónima entre la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, la Alcaldía de Sucre y la extinta Corporación Boliviana de Fomento (CBF), con una participación accionaria de un tercio para cada socio.

La CBF desapareció en 1986 y traspasó sus acciones a la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca que también se extinguió en 1996 y entregó sus acciones a la ex Prefectura.

En 1999 en el marco de la política de privatización las acciones fueron transferidas a SOBOCE, en un proceso que fue denunciado como irregular.

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