Paul Kagame se eterniza en Ruanda
Lali Cambra, El PaísMas de cinco millones de ruandeses acudieron ayer a votar en las segundas elecciones presidenciales celebradas tras el genocidio de 1994. El actual presidente y líder del Frente Patriótico Ruandés (FPR), Paul Kagame, renovará su mandato otros siete años por amplia mayoría, ya que concurrió casi sin rivales. Los tres pequeños partidos con los que competía, de hecho, fueron sus aliados en las elecciones de 2003.
Los analistas consideran que el amplio apoyo a Kagame, que según los primeros resultados provisionales podría conseguir más del 90% de los votos, se debe a la estabilidad y al crecimiento económico, pero también al clima de miedo. En los últimos meses han muerto asesinados un líder de la oposición y un periodista, y se han clausurado varios medios de comunicación. El intento de asesinato de un general disidente exiliado en Johanesburgo, además, ha enturbiado las relaciones con Sudáfrica, que hasta ahora era su aliada. Pretoria, de hecho, ha llamado a consultas a su embajador en el país de los Grandes Lagos.
Kagame llegó al Gobierno tras vencer al poder hutu que orquestó el genocidio tutsi y la matanza de hutus moderados en 1994, y terminar con la guerra civil iniciada en 1990. Kagame, entronizado por la comunidad internacional, ha logrado estabilizar el país y mantener un crecimiento económico sostenido del 6 % en los últimos años, con grandes mejoras en sanidad, educación y participación de la mujer. El Banco Mundial destacó el pasado año a Ruanda como el país que más reformas económicas ha impulsado para atraer inversiones extranjeras. Recientemente el Gobierno ha restablecido sus lazos con Francia (aliada del Gobierno hutu anterior a 1994) y, pese a no tener lazos coloniales con Reino Unido, se unió a la Commonwealth en 2009. Kagame se ha fijado en Singapur como modelo y pretende convertir el país -tradicionalmente agrícola- en una economía emergente.
Durante el último año, sin embargo, no han dejado de sucederse las críticas a la élite ruandesa del FPR, formado principalmente por exiliados tutsis en Uganda. Kagame, según disidentes como el ex jefe de inteligencia del FPR, Patrick Karegeya, ha implantado un régimen de culto al líder y no acepta críticas o debates internos. Karegeya, exiliado en Sudáfrica, fue depurado por el partido y pasó más de un año en la cárcel antes de huir del país.
Pero las crítcas que más daño han hecho a Kagame son las de Faustin Kayunda Nyamwasa, un general con gran apoyo popular que, tan pronto como empezó a disentir, fue enviado como embajador a la India. Kagame, de acuerdo con los analistas consultados, veía en él una amenaza a su hegemonía en el partido.
En febrero, temiendo por su vida, según dijo a los medios de comunicación locales, Nyamwasa desertó y se exilió en Sudáfrica, donde en julio sobrevivió a un intento de asesinato. Cuando regresaba a su casa en Johannesburgo, recibió un disparo en el estómago.
Nyamwasa responsabiliza a Kagame del atentado, pero el presidente ruandés niega toda participación y el incidente se ha convertido en un quebradero de cabeza para Sudáfrica.
"¿Cómo se puede mantener que son elecciones libres en ese clima de miedo?", opinaba la pasada semana Patrick Karegeya. "El Gobierno funciona por miedo, nadie puede opinar. Los vecinos espían a los vecinos. Los partidos de oposición, o están comprados o se prohíben".
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos se han mostrado preocupadas por la situación en Ruanda. El pasado domingo Amnistía Internacional recordaba el asesinato del periodista Jean-Leonard Rugambage -quien, al parecer, investigaba conexiones entre el servicio de inteligencia ruandés y el intento de asesinato a Nyamwasa-; la muerte violenta del líder del opositor Partido Verde, André Kagwa Rwisereka, y también la persecución sufrida por la líder hutu Victoire Ingabire, que no ha podido presentarse a las elecciones.
A Ingabire se la acusa de violar la legislación antigenocidio, una política que incide en recordar que las víctimas del genocidio no solo fueron tutsis, también hutus.
Según Amnistía Internacional, el recrudecimiento de la represión podrían suponer la desestabilización política del país.
