México: las otras víctimas que destapó la masacre

Inma Gil
BBC Mundo, México
El hallazgo esta semana de los cadáveres de 72 indocumentados en un rancho de San Fernando, en el sur del estado mexicano de Tamaulipas, ha puesto de relieve el lucrativo negocio de la inmigración ilegal manejado por el crimen organizado.
Las víctimas de esta actividad suelen ser personas que huyen de la pobreza en Centro y Sudamérica. Atraviesan México con coyotes (traficantes de personas) y viajan apenas con lo puesto.

¿Pero cómo es que las organizaciones criminales obtienen grandes ganancias con este tipo de emigrantes? ¿Por qué los indocumentados son secuestrados y extorsionados?
"Lo fuerte no es tanto el dinero de los secuestros, que asciende a millones de dólares, sino el trasiego de estupefacientes", le dijo a BBC Mundo el padre Alejandro Solalinde, activista de los derechos de los inmigrantes.

"Se aprovechan de que los inmigrantes son pobres, algunos de ellos de baja escolaridad, son personas buenas, campesinas, trabajadoras", explica Solalinde, quien dirige un refugio para migrantes en el municipio de Ixtepec, en el estado de Oaxaca.
"Pero no importa si tienen muchos estudios o pocos, de todos modos los afilian a la delincuencia y finalmente acaban envileciéndolos también con la droga", dijo el sacerdote.

Cerca de 10.000 secuestros de inmigrantes en apenas seis meses es la aproximación oficial más reciente a la hora de calibrar este delito prácticamente invisible.
El dato, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -un organismo autónomo del Estado- es de 2009 y apunta a unos 1.600 secuestrados al mes, en la mayoría de los casos a manos de grupos del crimen organizado.

El gobierno mexicano no comparte estas cifras, porque cuestiona la metodología con la que se han obtenido.

Escalofríos

Se estima, sin embargo, que la realidad es mucho peor que lo que ya augura ese cálculo.
"No hay cifras, no hay números confiables sobre cuántos inmigrantes han sido verdaderamente secuestrados y asesinados en territorio mexicano", declaró Pablo Martínez, portavoz de la organización Sin Fronteras, que defiende los derechos de los indocumentados.

Con él concuerda el padre Solalinde, advirtiendo que "nos quedaríamos boquiabiertos, tendríamos escalofríos si llegáramos a saber las verdaderas cifras".
Asegura, además, que muchas de las muertes de indocumentados nunca saldrán a la luz porque los grupos criminales han desarrollado técnicas eficaces para hacer desaparecer los cadáveres.

"Hablamos de desaparecidos cuyas familias jamás vuelven a saber de ellos", dijo.
En declaraciones a la BBC, el ex titular de la Unidad Especializada de Combate a la Delincuencia en México Samuel González Ruiz expresó que "la vulnerabilidad de esas víctimas viene dada por el hecho de que ni siquiera pueden acudir a las autoridades porque serían deportados.
Sus captores "los colocan en una situación de trabajo forzado, de esclavitud", manifestó.

Financiación

En un comunicado reciente, el Ministerio de Gobernación reconoció que la delincuencia organizada enfoca ahora sus actividades contra los indocumentados.

Los Zetas han sido señalados como los responsables de la masacre en Tamaulipas.
Según el informe de 2009 de la CNDH, "la frecuencia y magnitud de los secuestros de migrantes implica una actividad delictiva de enormes proporciones, que representa altos ingresos a la delincuencia".

De acuerdo con sus cálculos, el crimen organizado obtendría beneficios por valor de unos US$25 millones a raíz de estos plagios.
Según testimonios recabados por varias organizaciones civiles, el grupo de crimen organizado que más se menciona como autor de los secuestros de indocumentados es el Cartel de Los Zetas, uno de los más violentos y poderosos de México.
En palabras de González Ruiz, "los zetas iniciaron sus operaciones en la región de Tamaulipas pero han expandido sus actividades por todo México y en los últimos dos o tres años se ha visto una unificación del mercado ilícito, expresada en el secuestro y transportación de migrantes".

Para Solalinde, los criminales se aprovechan de los indocumentados quitándoles el dinero "de hoy, de ayer y de mañana".
De hoy, explica, a partir del robo de dinero en efectivo (a menudo prestado) que los indocumentados llevan encima para poder pagar el largo y costoso trayecto hasta Estados Unidos.

De ayer, añade, porque al exigir un pago por el rescate acaban con los ahorros de ellos mismos y de los familiares y amigos que el secuestrado pueda tener en su país de origen o en Estados Unidos.
Y de mañana, concluye, porque con frecuencia los criminales mantienen las extorsiones durante un tiempo, cobrando mensualmente por una liberación futura que puede llegar a suceder o no.

Forzados a colaborar

El otro gran propósito de los secuestros de indocumentados es el reclutamiento forzado para los cárteles de la droga.
Como ilegales, son inexistentes en registros oficiales y constituyen mano de obra barata o gratuita, muy vulnerable y de la que fácilmente se puede prescindir llegado el momento sin apenas consecuencias.
Según el padre Solalinde, los centroamericanos "están siendo afiliados para maltratar a sus propios hermanos".

Asegura que a veces ya los propios indocumentados se ocupan de la parte operativa de los plagios para el cartel, "y ya no tiene que ser el sicario el que haga eso. Ellos los cuidan y les dan de comer".
En otros casos los secuestrados son obligados a transportar droga o a conseguir a nuevas víctimas en albergues de indocumentados.

Sin consecuencias

En su informe "Las víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México", de abril de este año, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre los "niveles alarmantes" de abuso que sufren "decenas de miles" de centroamericanos que cada año cruzan territorio mexicano hacia EE.UU.
"Los privan de su libertad, los golpean hasta casi matarlos y a muchos de ellos los asesinan, como es el caso que estamos viendo ahora en San Fernando (Tamaulipas)", dijo Solalinde, en referencia a los 72 cadáveres encontrados por efectivos de la marina esta semana, la mayoría se teme de indocumentados.

"No hay una política de atención a víctimas del secuestro, no hay prevención del delito, no hay absolutamente nada más que palabras por parte del Estado mexicano", le dijo a BBC Mundo Pablo Martínez, portavoz de Sin Fronteras.
El sacerdote Solalinde corrobora que los indocumentados que sobreviven al plagio no reciben atención médica ni protección por parte del Estado.
Y va aún más allá en sus críticas, diciendo que en esta crisis humanitaria "hay complicidad de autoridades, hay corrupción y hay colusión".

Asegura que en las 52 Casas del Emigrante que hay repartidas por todo el país se registran casos de secuestros a diario.
"Ellos nos describen dónde, cuándo, cómo, quién… saben hasta nombres. Si de veras el gobierno de México quisiera hacer algo, simplemente con el rastreo de una compañía de envío internacional de dinero podría saber quiénes están cobrando por los secuestros".
"No es posible que pueda pasar desapercibida una persona que está cobrando tanto dinero y en el mismo lugar", dijo el activista.

Por su parte, el gobierno de México ha dicho que comparte plenamente la preocupación por el problema del secuestro de migrantes y que ha tomado medidas para combatirlo.
No obstante, en un informe publicado en julio aclaró que "no avala ni comparte las cifras de la CNDH, debido a que se desprenden de una metodología cuyo propósito no es el de medir el fenómeno con precisión, sino alertar respecto a su existencia y posible incremento".