Las medidas xenófobas dividen Francia

Ana Teruel, París, El País
La decisión del Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy de expulsar a los gitanos y la ley que prepara para quitar la nacionalidad a los criminales de origen extranjero han encendido el debate en Francia. Mientras muchos intelectuales, organizaciones de derechos humanos y hasta la misma ONU sostienen que las medidas están "recrudeciendo" los actos racistas y xenófobos en el país, la mayoría de los primeros sondeos realizados por los medios respaldan las medidas del Ejecutivo aun cuando se dude mucho de su eficacia para frenar la delincuencia.

Las medidas son parte de la ofensiva electoral de Sarkozy con vistas a la reelección de 2012 y tras la derrota en los comicios regionales de marzo pasado. Desde entonces, el presidente organiza reuniones cada tres semanas en El Elíseo para preparar la remontada. La última estrategia, supuestamente destinada a la lucha contra la delincuencia, fue puesta en marcha a finales de julio.

En Grenoble, frente a cientos de policías, Sarkozy no dudó en unir la seguridad ciudadana con la inmigración en su discurso para anunciar que los delincuentes de origen extranjero no merecen ser franceses. Cuando dijo esto, la decisión de expulsar a los gitanos ya estaba tomada. La justificación se originó en los disturbios registrados en Saint-Aignan tras la muerte de un joven gitano a manos de la policía. Desde que el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció el 28 de julio el desmantelamiento de los poblados gitanos, más de 40 de estos campamentos han sido erradicados y alrededor de 700 personas han sido repatriadas a Bulgaria y Rumania en vuelos chárter. Ayer mismo, la policía desalojó a un millar de gitanos de 274 caravanas en Anglet, al suroeste.

La ONU ha criticado duramente la política de Sarkozy. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que esta semana analizó la situación en Francia concluyó que en el país había un "notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia". La reacción de la UMP, el partido de Sarkozy, fue durísima. Su portavoz, Dominique Paillé, declaró que las conclusiones del comité le extrañaban, "sobre todo porque lo componen gente que procede de países que no respectan en absoluto los derechos humanos". El comité lo componen 18 miembros de diferentes países, como China, Pakistán o Burkina Faso, además de EE UU y el Reino Unido. Hortefeux, por su parte, añadió que el Gobierno no tiene "ninguna voluntad de estigmatizar" a la comunidad gitana, tal y como le recrimina la ONU.

La intención del Ejecutivo de modificar la ley para poder retirar la ciudadanía a los franceses nacionalizados que ataquen a la autoridad pública o cometan un delito también ha sido denunciada por anticonstitucional por las asociaciones de Derechos Humanos, que sostienen que no se puede diferenciar entre diferentes tipos de franceses. La propuesta legal será debatida en septiembre en la Asamblea Nacional.

En principio, los sondeos apuntan a que el Gobierno cuenta con el apoyo de la población. Según una encuesta publicada por el diario conservador Le Figaro, el 79% de los entrevistados se declara a favor del desmantelamiento de los poblados de gitanos. Entre el electorado de derechas, el porcentaje se dispara al 94%. Más del 70% se muestra favorable a la retirada de la nacionalidad para cierto tipo de criminales. En otra encuesta, publicada esta vez por el diario comunista L'Humanité, el 62% considera necesarios los desmantelamientos de los campos gitanos y el 57% está de acuerdo con las medidas relativas a la ciudadanía. En cuanto a la tasa de popularidad el presidente, en términos generales, remonta por primera vez en meses, al recuperar dos puntos entre julio y agosto, para situarse en el 34%, según Le Parisien.

La revista Marianne, muy crítica con el presidente Sarkozy, ha publicado otro sondeo en el que una ajustada mayoría (51%) reprueba las medidas, mientras que un 46% las respalda. Otro dato curioso de la encuesta es que siete de cada diez ciudadanos creen que ninguna de las medidas tomadas en los últimos ocho años ha sido eficaz para reducir la criminalidad. Durante ese periodo, Sarkozy ocupó dos veces el Ministerio del Interior. Llegó a la presidencia en mayo de 2007.

La primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, se ha limitado de momento en denunciar la deriva "antirrepublicana" del Gobierno, aunque miembros del partido aseguran que se expresará con más detalles sobre el proyecto de retirada de la nacionalidad con el reinicio del curso político. Más duras han sido las palabras del ex primer ministro socialista Michel Rocard, que ha calificado la actitud electoralista "en busca del voto del (partido de extrema derecha) Frente Nacional" del Gobierno de "execrable y escandalosa".

A la espera de comprobar si estas medidas han supuesto el punto de inflexión esperado por el Gobierno en la reconquista de la opinión pública, de momento el Ejecutivo ha logrado dejar en un segundo plano el que se anunciaba como el culebrón del verano, el escándalo politico-financiero conocido como caso Bettencourt, que salpicaba de pleno al titular de Trabajo, Eric Woerth. El ministro, que en septiembre tendrá que defender la reforma del sistema de pensiones del Gobierno, fue interrogado apenas unos días antes del anuncio de las medidas xenófobas por la policía financiera en el marco de la investigación en torno a la fortuna de la dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt, por un posible conflicto de intereses.