La política con los gitanos divide al Gobierno francés
Ana Terual, El País
El ministro de Inmigración francés, Eric Besson, anunció ayer su intención de ampliar los criterios de expulsión de extranjeros a los "actos de robo repetidos", la "mendicidad agresiva" y el "abuso de las estancias cortas", en lo que ha sido interpretado como una maniobra destinada a facilitar la expulsión de romaníes de Europa del Este.
La política hacia los gitanos ha abierto las primeras fisuras en el Gobierno francés. El ministro de Exteriores, el ex socialista Bernard Kouchner, admitió ayer que había considerado la posibilidad de dimitir. El titular de Defensa, Hervé Morin, criticó los discursos "del odio, el miedo y el chivo expiatorio" y abogó por "una sociedad apaciguada". Y el primer ministro, François Fillon, reconoció que tenía diferencias de "sensibilidad" con Nicolas Sarkozy, pero eso no impedía que los ministros trabajaran unidos.
Besson presentará una primera enmienda al proyecto de ley sobre inmigración que se debatirá en el Parlamento a finales de septiembre, para que sea motivo de expulsión la "amenaza al orden público debido a actos repetidos de robo o de mendicidad agresiva", según anunció en una comparecencia conjunta con su compañero de Interior, Brice Hortefeux. El ministro presentará otras dos propuestas destinadas a "luchar de forma más eficaz contra las filiales de inmigración clandestina" que explotan a los ciudadanos búlgaros y húngaros.
La primera enmienda prevé sanciones para quienes "abusan del derecho a la estancia corta" de tres meses, del que gozan todos los europeos -incluidos rumanos y búlgaros- sin necesidad de un permiso de trabajo. La segunda tendrá como objetivo la expulsión de todo aquel que "represente una carga irrazonable" para la Seguridad Social.
Hortefeux anunció, por su parte, que cumplirá el objetivo fijado a finales de julio de desmantelar unos 300 campamentos gitanos ilegales antes de noviembre. En un esfuerzo por aplacar parte de las críticas vertidas por la Iglesia, el ministro del Interior recibe hoy al presidente de la Conferencia Episcopal, André Vingt-Trois.
Unas horas antes, Kouchner reconocía en la radio RTL que no está "contento" con lo ocurrido. "Llevo ocupándome de los gitanos 25 años. No estoy contento con la polémica", dijo. El ministro y fundador de Médicos Sin Fronteras añadió: "¿Qué podía hacer para remediarlo? ¿Dimitir? Me lo he planteado". Sin embargo, ha decidido quedarse porque "seguir es importante". "Irse es desertar", concluyó.
El jefe de la diplomacia francesa cargó, sin embargo, contra el informe "excesivo" del Comité contra la Discriminación de Naciones Unidas, que la semana pasada llamó la atención a Francia en este asunto. El viernes Kouchner consideró dichas conclusiones una "caricatura". "Francia no tiene nada de qué avergonzarse. Es el primer país de asilo de Europa y el segundo en el mundo", dijo, antes de recordar que, en sus países de origen, los gitanos no reciben la atención sanitaria ni educativa que les presta Francia aún estando en situación ilegal.
El ministro de Inmigración francés, Eric Besson, anunció ayer su intención de ampliar los criterios de expulsión de extranjeros a los "actos de robo repetidos", la "mendicidad agresiva" y el "abuso de las estancias cortas", en lo que ha sido interpretado como una maniobra destinada a facilitar la expulsión de romaníes de Europa del Este.
La política hacia los gitanos ha abierto las primeras fisuras en el Gobierno francés. El ministro de Exteriores, el ex socialista Bernard Kouchner, admitió ayer que había considerado la posibilidad de dimitir. El titular de Defensa, Hervé Morin, criticó los discursos "del odio, el miedo y el chivo expiatorio" y abogó por "una sociedad apaciguada". Y el primer ministro, François Fillon, reconoció que tenía diferencias de "sensibilidad" con Nicolas Sarkozy, pero eso no impedía que los ministros trabajaran unidos.
Besson presentará una primera enmienda al proyecto de ley sobre inmigración que se debatirá en el Parlamento a finales de septiembre, para que sea motivo de expulsión la "amenaza al orden público debido a actos repetidos de robo o de mendicidad agresiva", según anunció en una comparecencia conjunta con su compañero de Interior, Brice Hortefeux. El ministro presentará otras dos propuestas destinadas a "luchar de forma más eficaz contra las filiales de inmigración clandestina" que explotan a los ciudadanos búlgaros y húngaros.
La primera enmienda prevé sanciones para quienes "abusan del derecho a la estancia corta" de tres meses, del que gozan todos los europeos -incluidos rumanos y búlgaros- sin necesidad de un permiso de trabajo. La segunda tendrá como objetivo la expulsión de todo aquel que "represente una carga irrazonable" para la Seguridad Social.
Hortefeux anunció, por su parte, que cumplirá el objetivo fijado a finales de julio de desmantelar unos 300 campamentos gitanos ilegales antes de noviembre. En un esfuerzo por aplacar parte de las críticas vertidas por la Iglesia, el ministro del Interior recibe hoy al presidente de la Conferencia Episcopal, André Vingt-Trois.
Unas horas antes, Kouchner reconocía en la radio RTL que no está "contento" con lo ocurrido. "Llevo ocupándome de los gitanos 25 años. No estoy contento con la polémica", dijo. El ministro y fundador de Médicos Sin Fronteras añadió: "¿Qué podía hacer para remediarlo? ¿Dimitir? Me lo he planteado". Sin embargo, ha decidido quedarse porque "seguir es importante". "Irse es desertar", concluyó.
El jefe de la diplomacia francesa cargó, sin embargo, contra el informe "excesivo" del Comité contra la Discriminación de Naciones Unidas, que la semana pasada llamó la atención a Francia en este asunto. El viernes Kouchner consideró dichas conclusiones una "caricatura". "Francia no tiene nada de qué avergonzarse. Es el primer país de asilo de Europa y el segundo en el mundo", dijo, antes de recordar que, en sus países de origen, los gitanos no reciben la atención sanitaria ni educativa que les presta Francia aún estando en situación ilegal.