Esperan la deportación de Valle y su reclusión en Chonchocoro
La Paz, AbiLas autoridades bolivianas esperaban la deportación, entre lunes y martes, del prófugo ex prefecto (gobernador) de La Paz, Luis Alberto Valle, detenido el fin de semana último por la Policía Internacional (Interpol) en Lima, como también, tras su juzgamiento, en la Corte Suprema, en Sucre, su reclusión en una penal de máxima seguridad en altiplano de Bolivia.
"Lo que corresponde jurídicamente es una deportación, no ex tradición, porque 'Chito' (Valle) no tiene estadía legal en el Perú, (por lo tanto) no se necesita ningún trámite legal. Lo que debería hacer el gobierno peruano, inmediatamente, es llevarlo a la frontera con Bolivia. Esperamos nos señalen en qué lugar de la frontera que tenemos con Perú nos va a ser entregado", explicó el gobernador de La Paz, César Cocarico.
Lo mismo que su antecesor Pablo Ramos, Cocarico se ha constituido en parte querellante por un daño económico del orden de 17 millones de dólares perpetrado entre 1997 y 1999, cuando Valle ejerció en la Prefectura de La Paz.
"El señor Valle una vez que se dicte la sentencia, debe cumplir, la sentencia, en el penal de Chonchocoro", insistió el Gobernador que coincidió con la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo en lo que la legislación boliviana reserva para el ex prefecto de La Paz.
"Vamos a solicitar que sea remitido a Choncocoro toda vez que hay el peligro que (Valle) pueda volver a fugar, porque es una persona habilísima en ese tema", afirmó Suxo.
La Ministra boliviana dijo haber cursado a la Procuraduría de Perú una solicitud para que el ex prefecto, que en medio de un proceso instaurado por la Suprema Corte se evadió de Bolivia en abril de 2009, "sea expulsado".
A su turno Cocarico explicó que la situación de ilegalidad de Valle en Perú, a cuyas autoridades pidió sin éxito asilo y refugio, sumado al hecho que la solicitud de deportación se enmarca en el relacionamiento de "Estado a Estado", apunta con muy pequeño margen de error a su expulsión.
Por su parte Suxo, que también consideró en alto grado allanado el camino de la expulsión de Valle de Perú, planteó su convicción de que Lima obrará en consecuencia a la normativa internacional.
"Bolivia y Perú forman parte del Organismo de Control del Cumplimiento de la Convención Internacional de Lucha Contra la Corrupción y, en ese plano, también esperamos recibir el apoyo", afirmó.
La Ministra dijo que el piso de la demanda, por peculado y daño económico extendido de 17 millones de dólares contra Valle, es susceptible de ampliarse, pues "hay mucho otros temas que tienen que ser tomados en cuenta" en el proceso al yerno del ex dictador (1971-78)y ex presidente constitucional Hugo Banzer (1997-2001).
Luego de insistir en que Perú expulse sin miramientos a Valle, conocido por el remoquete de 'Chito', corresponde "que venga (a Bolivia) y asuma la responsabilidad ante los bolivianos".
Suxo enunció la ley anticorrupción, de reciente promulgación y bajo cuyo imperio será juzgado el ex prefecto que ni bien vio perdidas las triquiñuelas que montó para dilatar el proceso que en determinado momento lo librara de culpa, se evadió a Perú en abril de 2009.
La Ministra insistió que existe jurisprudencia para juzgar a 'Chito'Valle.
"Tenemos sentenciadas a otras tres personas que han estado en el equipo de Valle", afirmó.
Por su parte Cocarico dijo que "hemos estado pidiendo la continuidad del proceso bajo la perspectiva de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", primera norma para juzgar la corrupción pública en Bolivia.
El Gobernador de La Paz apuntó que Valle debe volver a enfrentar un trámite de medidas cautelares personales, en la jurisdicción de Sucre.
"Necesariamente llegará a Sucre y se celebrará medidas cautelares y ahí se determinara en qué penal va a ser recluido el señor Valle", hasta que se lea la sentencia por parte de la Corte Suprema y sea remitido a Chonchocoro, recalcó.
Suxo y Cocarico aseguraron que el proceso se ampliará "a los cómplices" que ayudaron a Valle, a esconder las propiedades que éste se procuró con dineros públicos.
El proceso alcanzará, entonces, a un ciudadano alemán que aparece como propietario del hotel en San Buenaventura, un emplazamiento hotelero de vocación ecológica, en el límite de los departamentos de La Paz y Beni, "aparte de que tiene una irregular forma de adquisición de derecho propietario", aseveró el Gobernador.
"Si los familiares han cometido delitos encubriendo las acciones del señor Valle evidentemente van a ser investigados", insistió el Gobernador.
"Y hay muchos que aparecen como propietarios de los bienes que eran del señor Valle", afirmó Cocarico que invocó el principio jurídico de la "acción pauliana", que permite al Estado resarcirse del daño económico inferido.
"El hecho también es reponer el daño civil que se le ha ocasionado al departamento de La Paz, de unos 17 millones de dólares", machacó.
De acuerdo con el resultado de investigaciones oficiales, Valle adquirió bienes en las poblaciones de San Buenaventura e Ixiamas, en La Paz, y también en el departamento de Santa Cruz.
EXPULSION FACTIBLE
Lima.- El embajador de Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros, consideró el lunes en Lima "factible" la expulsión del prófugo boliviano Luis Alberto Valle, detenido el viernes último en Lima, y señaló que un juez decidirá si tal procedimiento se aplica.
En declaraciones exclusivas a la cubana agencia de noticias Prensa Latina, Rodríguez Cuadros recordó que el caso de Valle ha sido considerado por el Estado peruano como el de "un prófugo por delitos comunes".
El diplomático peruano apuntó que la expulsión de Valle a Bolivia "en razón de su condición migratoria irregular y el requerimiento hecho por la justicia boliviana es una opción que pueden adoptar las autoridades peruanas para dar a esta situación una solución efectiva e inmediata".
Las declaraciones de Rodríguez Cuadros se registran en momentos en que La Paz tramita, por vía de su embajada en Lima, la deportación, pura y simple, de Valle, quien en abril de 2009 se evadió la justicia boliviana que lo acusa de promover corruptelas por al menos 17 millones de dólares cuando ejercía el cargo de Prefecto de La Paz, entre 1997 y 1999.
La opción de que Valle sea deportado de Perú se ajusta "a los procedimientos y normas legales aplicables" y la decisión que corresponda la adoptará el juzgado que está a cargo del caso, afirmó Rodríguez Cuadros entrevistado en Lima.
Valle, que pidió sin éxito a las autoridades penales auxilio y refugio, fue detenido el pasado viernes en Lima por la policía peruana a pedido de la Policía Internacional (Interpol).
"La no aceptación de esas solicitudes de refugio y asilo las fundamentó el Estado peruano en un análisis jurídico que determinó que el señor Valle no es un perseguido político sino un prófugo de la justicia boliviana por delitos comunes", recalcó el diplomático peruano.
Procesado por delitos penales comunes, Valle intentó seguir el camino de los ex ministros bolivianos Mirtha Quevedo, Jorge Torres y Javier Tórrez Goitia -incorporados en un juicio de responsabilidades que la Corte Suprema de Bolivia sigue al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) por matanza de 67 civiles durante una insurrección popular en octubre de 2003- a quienes la administración del mandatario peruano Alan García concedió asilo y refugio.
Sobre la captura del fugitivo en Lima, Rodríguez Cuadros dijo que la policía peruana actuó en cumplimiento de las leyes locales y por su determinación de contribuir a la lucha contra el delito y cooperar con Interpol y la justicia boliviana.
"La detención es también una expresión de los importantes y eficaces mecanismos de la cooperación existente entre la policía peruana y el comando de la policía boliviana. La lucha contra la impunidad es una de las líneas esenciales de esa cooperación institucional", sentenció el embajador.
