El miedo crece en Perú ante la delincuencia
Jaime Cordero, El País
En tiempos de bonanza económica, los peruanos han encontrado un motivo de preocupación cada vez mayor: el incremento de la delincuencia, que se traduce en crímenes cada vez más sonados y que gana cada vez más presencia en las encuestas como uno de los principales problemas del país.
Cada cierto tiempo, la noticia de un nuevo crimen desata una ola de inseguridad. La última se registró el 8 de agosto, cuando una banda de asaltantes interceptó un auto en Lima para robar a sus ocupantes el dinero que habían retirado de una casa de cambio minutos antes. Ante la resistencia de las víctimas, uno de los delincuentes abrió fuego. El asalto se frustró, pero la bala impactó en el cuello de la niña Romina Cornejo, de apenas tres años, que acompañaba a sus abuelos dentro del vehículo.
La niña, que quedó tetrapléjica y todavía se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Lima, se ha convertido en un nuevo símbolo de la indignación ciudadana, exacerbada por el hecho de la información que proporcionó la policía ?que resolvió el crimen y detuvo a los responsables en apenas dos días. Los atacantes eran todos delincuentes con antecedentes, que ya habían cometido asaltos similares, habían estado en prisión y habían sido liberados gracias a los mecanismos para la reducción de condenas. En respuesta, la semana pasada el Congreso aprobó por unanimidad aumentar las penas de cárcel y eliminar estos beneficios penitenciarios para los criminales reincidentes y habituales, a la vez que extendió hasta 24 horas el plazo que tiene la policía para realizar una detención sin mandato judicial.
Pena de muerte
Otros sectores, encabezados por el fujimorismo, han llegado a pedir que se instaure la pena de muerte, limitada por la Constitución a un solo delito: traición a la patria en caso de guerra exterior. Aunque se trata de un imposible jurídico debido a las convenciones internacionales sobre derechos humanos que Perú ha suscrito, incluso el presidente, Alan García, se ha mostrado de acuerdo en debatir el tema. "Soy de los que creen que ciertos crímenes deben ser pagados con la vida. Yo le cortaría la cabeza a 50 violadores", declaró el mandatario.
Lima no es tan violenta como São Paulo o Caracas, pero empieza a parecerse a ellas, según coinciden ciudadanos y especialistas. Aunque la estadística de homicidios ubica a la capital en el rango medio bajo de la región, con un índice de siete muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el aumento de los delitos violentos y la presencia cada vez mayor de armas de fuego en las calles son hechos reales. Y la situación no mejora en las principales ciudades del interior. Algunas, como las de la costa norte, muy beneficiadas por el crecimiento económico, han sido virtualmente tomadas por bandas de asaltantes y extorsionadores. De hecho, el índice de homicidios en todo el país sube a 10,9 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con un informe de la ONG Ciudad Nuestra.
"Se ha registrado un aumento preocupante de las acciones delictivas en los últimos seis meses. Lo que antes se calificaba como una sensación de inseguridad ahora es una ocurrencia real", señala Gabriel Prado, investigador del Instituto de Seguridad Ciudadana. También es palpable la molestia de los ciudadanos con sus autoridades, a las que acusan de no mostrar una actitud firme ni mantener una estrategia clara para hacer frente al problema. Muchos de sus anuncios ?como, por ejemplo, la creación de una colonia penitenciaria en la selva para trasladar allí a los criminales más peligrosos? nunca se concretaron. Otros se tradujeron en planes policiales de efímera duración. Mientras tanto, las prisiones siguen virtualmente controladas por los delincuentes, que no tienen problemas para introducir a ellas alcohol, drogas, armas y teléfonos celulares con los que dirigen asaltos y secuestros desde sus celdas.
Prado coincide con otros expertos en señalar que los niveles de delincuencia del país aún no son alarmantes, pero también justifica la indignación ciudadana. Además, en tiempos de campaña electoral (este año se celebrarán comicios regionales y municipales, y el próximo año, los presidenciales), este asunto se ha convertido en uno de los más importantes de la agenda política. Y nada indica que vaya a dejar de serlo.
En tiempos de bonanza económica, los peruanos han encontrado un motivo de preocupación cada vez mayor: el incremento de la delincuencia, que se traduce en crímenes cada vez más sonados y que gana cada vez más presencia en las encuestas como uno de los principales problemas del país.
Cada cierto tiempo, la noticia de un nuevo crimen desata una ola de inseguridad. La última se registró el 8 de agosto, cuando una banda de asaltantes interceptó un auto en Lima para robar a sus ocupantes el dinero que habían retirado de una casa de cambio minutos antes. Ante la resistencia de las víctimas, uno de los delincuentes abrió fuego. El asalto se frustró, pero la bala impactó en el cuello de la niña Romina Cornejo, de apenas tres años, que acompañaba a sus abuelos dentro del vehículo.
La niña, que quedó tetrapléjica y todavía se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Lima, se ha convertido en un nuevo símbolo de la indignación ciudadana, exacerbada por el hecho de la información que proporcionó la policía ?que resolvió el crimen y detuvo a los responsables en apenas dos días. Los atacantes eran todos delincuentes con antecedentes, que ya habían cometido asaltos similares, habían estado en prisión y habían sido liberados gracias a los mecanismos para la reducción de condenas. En respuesta, la semana pasada el Congreso aprobó por unanimidad aumentar las penas de cárcel y eliminar estos beneficios penitenciarios para los criminales reincidentes y habituales, a la vez que extendió hasta 24 horas el plazo que tiene la policía para realizar una detención sin mandato judicial.
Pena de muerte
Otros sectores, encabezados por el fujimorismo, han llegado a pedir que se instaure la pena de muerte, limitada por la Constitución a un solo delito: traición a la patria en caso de guerra exterior. Aunque se trata de un imposible jurídico debido a las convenciones internacionales sobre derechos humanos que Perú ha suscrito, incluso el presidente, Alan García, se ha mostrado de acuerdo en debatir el tema. "Soy de los que creen que ciertos crímenes deben ser pagados con la vida. Yo le cortaría la cabeza a 50 violadores", declaró el mandatario.
Lima no es tan violenta como São Paulo o Caracas, pero empieza a parecerse a ellas, según coinciden ciudadanos y especialistas. Aunque la estadística de homicidios ubica a la capital en el rango medio bajo de la región, con un índice de siete muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el aumento de los delitos violentos y la presencia cada vez mayor de armas de fuego en las calles son hechos reales. Y la situación no mejora en las principales ciudades del interior. Algunas, como las de la costa norte, muy beneficiadas por el crecimiento económico, han sido virtualmente tomadas por bandas de asaltantes y extorsionadores. De hecho, el índice de homicidios en todo el país sube a 10,9 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con un informe de la ONG Ciudad Nuestra.
"Se ha registrado un aumento preocupante de las acciones delictivas en los últimos seis meses. Lo que antes se calificaba como una sensación de inseguridad ahora es una ocurrencia real", señala Gabriel Prado, investigador del Instituto de Seguridad Ciudadana. También es palpable la molestia de los ciudadanos con sus autoridades, a las que acusan de no mostrar una actitud firme ni mantener una estrategia clara para hacer frente al problema. Muchos de sus anuncios ?como, por ejemplo, la creación de una colonia penitenciaria en la selva para trasladar allí a los criminales más peligrosos? nunca se concretaron. Otros se tradujeron en planes policiales de efímera duración. Mientras tanto, las prisiones siguen virtualmente controladas por los delincuentes, que no tienen problemas para introducir a ellas alcohol, drogas, armas y teléfonos celulares con los que dirigen asaltos y secuestros desde sus celdas.
Prado coincide con otros expertos en señalar que los niveles de delincuencia del país aún no son alarmantes, pero también justifica la indignación ciudadana. Además, en tiempos de campaña electoral (este año se celebrarán comicios regionales y municipales, y el próximo año, los presidenciales), este asunto se ha convertido en uno de los más importantes de la agenda política. Y nada indica que vaya a dejar de serlo.