El alemán huyó hacia Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Lozada, su esposa fue militante del MNR y trabajaba en el Ministerio del Interior
Wilson García Mérida(Datos & Análisis).- No está equivocado el actual Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acerca de los antecedentes delictivos de Dirk Schmidt, el agente alemán que logró infiltrarse en los aparatos de inteligencia del Estado Plurinacional de Bolivia y en las propias estructuras partidarias del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). En su historial de conocido traficante de armas durante la guerra de los Balcanes en Europa, se incluye su relación con policías corruptos de la banda de Blas Valencia y una alusión reveladora en el expediente del terrorista apocalíptico Eduardo Rozsa Flores.
“Dirk Schmidt llegó ayer al promediar las 9:00 a la Policía Técnica Judicial y se dirigió hasta la División Homicidios para tratar de hablar con la fiscal asignada al caso, a fin de aclarar las versiones que se están publicando sobre él” —narró una crónica publicada por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2002—. “Oficiales de la repartición policial señalaron coincidentemente que el ciudadano alemán, supuestamente implicado con la banda del ex policía Blas Valencia, estuvo tranquilo y conversó con algunos policías a quienes al parecer conoce de antes”.
El nombre del alemán fue vinculado en el caso del asalto y asesinato cometido el 14 de diciembre del 2001 por una banda de atracadores liderada por los coroneles de la Policía Blas Valencia y Freddy Cáceres, cuando la remesa de un millón de dólares de la empresa Prosegur fue asaltada en la avenida Kantutani de La Paz, con un saldo de dos guardias uniformados y un civil muertos. Ese mismo grupo perpetró a los dos días un atentado dinamitero contra el comando policial de Santa Cruz. Tales hechos sucedieron durante el gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga (ADN).
Durante las investigaciones de aquellos crímenes, Blas Valencia sindicó a Dirk Schmidt de estar relacionado con policías bolivianos que habrían dado protección a atracadores peruanos, y de haberle vendido un terreno que le fue transferido en calidad de regalo al general José Luis
Medina, quien fue Comandante General de la Policía.
Entonces —aunque negó su participación en el atraco—, Schmidt admitió ante el periodista Gustavo Ondarza que efectivamente conocía al grupo de Blas Valencia, que el coronel Freddy Cáceres le había facilitado una autorización para portar armas. El alemán confesó que conoció a este personal policial a mediados de la década de los 90 a través de una funcionaria del entonces Ministerio del Interior (hoy de Gobierno) y activa militante del MNR, Karina Flores Villa, con quien luego se casó. (Durante el actual régimen la esposa del alemán fue concejala del MAS en el municipio oriental de Porongo, luego de haber entregado miles de dólares al jefe de la campaña electoral masista en esa zona).
Pero aquella no fue la primera ni única vez que el nombre de Dirk Schmidt saltó a la luz pública entre escándalos de sangre y corrupción; y extraña de sobremanera que ciertos dirigentes del partido gobernante hayan incorporado al alemán y su esposa en niveles decisivos y muy sensibles de la actual gestión estatal, pasando por alto tan truculentos y reaccionarios antecedentes.
Un impune extraditable
En septiembre de 1997, cuatro años después de su ilegal ingreso a Bolivia, agentes de la justicia alemana detectan a Dirk Schmidt trabajando para la Interpol boliviana en La Paz y Santa Cruz. Entonces la Embajada de Alemania en nuestro país dirigió una carta al Comandante Nacional de la Policía, general Tomás Asturizaga, reclamándole por la irregular situación.
La comunicación fechada el 1º de septiembre de ese año, sostiene que la legación germana sabe que Schmidt trabaja en dichas oficinas policiales, pese a que “sigue siendo buscado en Alemania con orden de detención por el delito de estafa”. En dicha carta, el Consejero Jefe de Asuntos Consulares de dicha Embajada, Stefan Herzberg, le pide al general Azturizaga tomar en cuenta este asunto “(...) por la relación existente entre Interpol y Schmidt”.
Ya en 1995, la misma Embajada de Alemania había presentado un exhorto solicitando la extradición de Schmidt, recurso que quedó sin efecto debido a un mero formalismo, ya que la documentación correspondiente no pudo ser presentada a tiempo ante la Corte Suprema de Justicia de Sucre, la que sin más trámite ni opción anuló el dictamen y dejó en libertad al acusado. La misión diplomática protestó por la forma en que la justicia boliviana había prevaricado a favor del prófugo alemán, cuyo abogado Adhemar Suárez (quien lo sigue defendiendo en la actualidad) era un influyente militante del MNR y amigo personal de varios fiscales, jueces y magistrados del régimen de entonces.
La administración del presidente Evo Morales, consecuente con la ética revolucionaria que rige sobre esta gestión gubernamental, debería reabrir el caso y resolver con toda transparencia el trámite de extradición interpuesto hace 15 años por la Embajada de Alemania, en resguardo del prestigio internacional del naciente Estado Plurinacional de Bolivia.
Protegido de Sánchez de Lozada
El Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional, a través del ministro Llorenti ha confirmado que, antes de su llegada a Bolivia en 1993, Dirk Schmidt era perseguido por la justicia de Alemania bajo cargos de falsificación de documentos, apropiación indebida y crímenes de estafa cometidos “contra una delegación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Alemania”.
Según el informe oficial, Schmidt también tiene cargos por “falsificación de pasaportes oficiales destinados a la conformación de una empresa internacional para vender armas a nombre de Bolivia en la ex Yugoslavia”.
Aquellas acusaciones que ya fueron oficializadas mediante el exhorto extraditorio interpuesto por la Embajada de Alemania ante la Corte Suprema de Justicia de Bolivia en 1995, fueron desvirtuadas públicamente por el propio Schmidt, arguyendo lo siguiente en una entrevista concedida al El Deber, el 22 de enero del 2002:
“En el año 1993 yo estaba manejando una investigación sobre pasaportes diplomáticos bolivianos que estaban ofreciendo en Alemania por prensa. Yo tenía una empresa de investigaciones y se decidió que yo lo investigue por lo que viajé a La Paz y me presenté a la Embajada para hablar con el Oficial de Enlace para coordinar el trabajo, le entregué toda la documentación que yo tenía y posteriormente llegaron oficiales de Inteligencia, Interpol y de la Policía Nacional a mí porque se habían enterado que yo estaba en esa investigación, así que a ellos también les facilité una copia de mi investigación. En base a mi trabajo les fue posible desbaratar la banda que tuvo vínculos no sólo en Bolivia, sino en Alemania, Inglaterra y en Austria”.
Corresponde al actual Gobierno verificar si efectivamente fue desbaratada tal supuesta banda de
traficantes de pasaportes; aunque lo más probable es que el propio Schmidt haya formado parte de ella en complicidad de funcionarios de la Embajada de Bolivia en Alemania, quienes deberían comparecer en caso de abrirse una investigación más idónea. Los vínculos “comerciales” entre Schmidt y funcionarios bolivianos de nuestra Embajada en Berlín datan desde el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR).
El alemán llegó a Bolivia el 30 de julio de 1993, una semana antes de la posesión de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR). Tanto la Cancillería (a cargo de Antonio Araníbar Quiroga) como los ministerios de la Presidencia (Carlos Sánchez Berzaín) y del Interior (Germán Quiroga Gómez) movieron todos sus hilos para proveer los documentos de radicatoria del alemán, sin considerar su condición de prófugo contumaz. El Gobierno de Goni incurrió también en una serie de delitos de falsedad ideológica y material para “legalizar” la permanencia “indefinida” de Dirk Schmidt en territorio boliviano, causando un grave daño a la seguridad y soberanía del Estado boliviano, hecho que bien se puede tipificar como traición a la Patria.
A partir de entonces, ya a buen recaudo, el prófugo alemán se dedicó a la compra y venta de ricas tierras agrícolas en el Oriente de Bolivia, detentando vastas propiedades en comunidades indígenas chiquitanas como Urubú y Tarumatú. Simultáneamente prosiguió con su negocio de compra y venta de armas (que se presume eran destinadas al narcotráfico), aprovechando sus contactos directos con organismos de inteligencia policiales y militares a los cuales accedió mediante los puentes que le tendía Karina Flores Villa desde el Ministerio del Interior (hoy Ministerio de Gobierno).
Puja de armas con Eduardo Rozsa
Entre octubre y noviembre del 2008, el mercenario de los Balcanes Eduardo Rozsa Flores había comenzado a tomar distancia de sus padrinos separatistas de la oligarquía cruceña, a quienes reprochó por ser unos “tíos amarretes” debido a que éstos se negaron a entregarle los ingentes recursos financieros que exigía para comprar armas de destrucción masiva como misiles y tanques, y no sólo pistolitas y fusiles. La relación entre Rozsa y el “grupo La Torre” comenzó a deteriorarse además porque, en su estrategia de guerra que parecía un guión de cine a lo Terminator, el loco croata pretendía asumir el mando total (por encima de los mandos civiles) una vez desatado el baño de sangre con su ejército formado por los “jóvenes unionistas” de las barras bravas del Oriente y del Blooming además de ex policías y ex militares de raigambre corrupta y fascista, configurando así un modelo de Guerra Terrorista exactamente igual al de los Balcanes: guerra urbana con devastadores daños colaterales para la población civil más vulnerable como niños, mujeres y ancianos (e indígenas), acusando de ello al gobierno de Evo Morales. Todo sería filmado como la segunda parte del film megalómano que le dirigió Ibolya Fekete tras la destrucción de Yugoslavia.
En ese interregno, Rozsa Flores optó intentar por vender su guión de guerra de exterminio a la CIA, tomando contacto con posibles financiadores del grupo anticastrista de Armando Valladares. Su enlace en Washington era el espía de origen húngaro Istvan Belovai, con quien Rozsa mantuvo permanentes contactos mediante correo electrónico y chat, poniéndole al tanto de la situación en el país. (Belovai apareció muerto en noviembre del 2009 en Denver, al parecer asesinado por la propia CIA para borrar las huellas del enlace con Rozsa).
Entre los informes que le envía Rozsa a Istvan, —que Datos & Análisis obtuvo en julio del 2009 como parte de la investigación que efectuamos sobre el tema—, figuran unos reportes de inteligencia, redactados en inglés, donde aparece el nombre del alemán Dirk Schmidt. (Rozsa había logrado estructurar un eficaz aparato de inteligencia, que en estrategias de guerra urbana de largo aliento es requisito previo indispensable). En uno de sus reportes signado como “Log of Operations (Comunist Enemy)” enviado al agente de la CIA en noviembre del 2008, Rozsa da cuenta de seis acontecimientos significativos en su percepción, sucedidos entre el 1 y 20 de noviembre de ese año, tales como la expulsión del embajador Goldberg, la intervención gubernamental de las oficinas de la DEA en Santa Cruz, el anuncio de Evo Morales para la expulsión de la CIA, la llegada de empresarios rusos al Hotel Los Tajibos y la ocupación de las tierras del latifundista norteamericano Ronald Larsen en el municipio de Camiri.
El quinto punto de aquel informe orientado a suscitar “preocupación de la CIA” por la situación de los intereses norteamericanos en Bolivia, menciona a Dirk Schmidt identificándolo como un ex agente de la Stasi (la KGB de la Alemania Oriental) y que se había cruzado en su camino comprando las armas que estaban destinadas a su ejército balcanizador. Schmidt habría procedido a comprar esas armas el viernes 14 de noviembre del 2008, y el texto original del reporte de Rozsa a su contacto de la CIA es el siguiente:
“Dirk Schmidt former East-German Stasi agent bought a lot of weapons. The rising forces cannot buy weapons because Schmidt bought them. Maybe he is working for the Interpol too. (Check the identity of Schmidt)”.
Nuestra libre traducción:
“Dirk Schmidt, un granjero que fue agente de la Stasi de la Alemania Oriental, compró un cargamento cuantioso de armas. Nuestra fuerza emergente no podrá comprar esas armas porque Schmidt ya se las compró. Al parecer también trabaja para la Interpol (averigüen quién es este tal Schmidt)”.
El expediente de Rozsa que dispone Datos & Análisis no contiene más alusiones directas al alemán, y se desconoce si la CIA lo puso al tanto de sus antecedentes vinculados al tráfico de armas en Alemania y a la banda de Blas Valencia.
Lo que está claro, en todo caso, es que entre Eduardo Rozsa y Dirk Schmidt se produjo una disputa por acceder a un mercado negro de armas sofisticadas existente en Bolivia, y no sería extraño que este mercado negro tenga su origen en el Ejército o la Policía.
Es muy posible que Schmidt sea parte de este mercado negro de armas altamente letales para proveerlas al narcotráfico, o para usarlas en usurpaciones violentas de tierras agrícolas (su otro negocio) aprovechando sus vínculos con un sector corrupto del MAS.
En el caso de Rozsa, el destino de esas armas era inequívoco. Nos remitimos a estas declaraciones confesorias de su secuaz Ignacio Villa Vargas:
“El objetivo era matar a Evo, a Linera y a Quintana, de eso hablaban constantemente (Rozsa y su grupo, nr). Decía que había un tipo al que iban a dar más de 100.000 dólares para matar a Quintana. (…). Además pretendían un radar con el que ubicarían la aeronave en la que se transportaría Quintana a Pando, usando el cohete”.
Es obligación de las autoridades pertinentes identificar a esos proveedores de muerte que ponen en alto riego la seguridad, la revolución cultural y la paz de los bolivianos.
