CPE reconoce a 36 naciones y "Bolivia no se ha dividido y está vivita y coleando",

Santa Cruz, Abi
La nueva Constitución Política de Bolivia reconoce a 36 nacionalidades, es pluricultural y "no ha dividido a Bolivia que sigue adelante vivita y coleando", manifestó el martes el constitucionalista español Alberto del Real Alcalá.

Este jurista, quien es catedrático de la Universidad de Jaén, España, es uno de los disertantes de nueve países que participan en la Conferencia Internacional Hacia un Tribunal Constitucional que debaten sobre la realidad jurídica de Bolivia planteada tras el nacimiento de una nueva Carta Magna.

Del Real Alcalá hizo una radiografía de la Carta Magna que fue promulgada en febrero de 2009 y que rige la vida jurídica de Bolivia. Dijo que, además de ser "seria y bien estructurada", marca el paso que comenzaron a caminar otras naciones latinoamericanas.

"El gran mérito de la CPE de Bolivia es que se funda en la realidad del país y no existe una jurisprudencia anterior sobre este caso, por lo que el camino está abierto para construir y perfeccionarla", anotó.

El constitucionalista indicó que la Carta Magna "retrata a Bolivia tal cual es y reconoce a pueblos indígenas y culturales que en el pasado estaban arrinconados".

Por ello enfatizó que el rol que vaya a cumplir el Tribunal Constitucional en esta coyuntura será importante para velar por el cumplimiento de una Carta Magna, cuya construcción ha sido vital, no solamente para una nación diversa como Bolivia, sino que es ya un referente para otros países.

"Su estructura no solamente es una acumulación de derechos y deberes, sino que cada uno de ellos se refleja en lo que es Bolivia", reiteró.

Sin embargo advirtió que la consolidación del proceso judicial no será fácil y se enfrentará inicialmente con magistrados formados en el pasado y con prácticas tradicionalistas que deben adecuarse al cambio y realizar una permanente evaluación de la dinámica social y política que plantea el proceso de transformaciones de Bolivia.

"Es un crear permanente porque este proceso constitucional plurinacional no tiene un antecedente para compararlo, al contrario puede ser el germen de futuras experiencias", dijo.

Del Real Alcalá puntualizó que por ello es que "los ojos del mundo están puestos en el desarrollo del proceso socialista y democrático boliviano por la participación de sus pueblos, la reivindicación y solución de sus demandas, pero también el cumplimiento de sus deberes".

La recuperación de los valores culturales es un sustento grande para el proceso fundacional Constitucional de Bolivia, lo que genera una amplia participación del pueblo "para que la democracia, no solo sea representativa como en el regímenes neoliberales, sino participativa y hasta decisional", subrayó el constitucionalista español.

Dijo que el proceso fundacional boliviano marca un quiebre con un orden social injusto, en la que sectores mayoritarios de la población estaban condenados al olvido y a la discriminación.

"Probablemente se criticará el estatalismo que plantea la Constitución boliviana, pero sin dejar de reconocer que el proceso de cambio es el hecho más importante de la refundación de Bolivia porque recoge su realidad y la coloca en las Leyes", señaló.

Manifestó igualmente que la plurinacionalidad no significa la anarquía en el poder, "al contrario se convierte en un límite del poder y también un fortalecimiento del Poder Constituyente y el cumplimiento de los derechos y deberes para todos".

Otro de los destaques del especialista español es que la Constitución de Bolivia es transversal porque incluye las demandas de todas las organizaciones y sectores de la comunidad con el correspondiente compromiso de cumplimiento de la Ley.

Indicó que la Carta de Bolivia "recupera la raíz moral, la defensa de la dignidad humana y de la comunidad a través de valores reconocidos por el Poder".

Dijo que la creación de autonomías departamentales, regionales, indígenas y Municipales es una expresión de la plurinacionalidad, aunque exhortó a superar lagunas jurídicas como la existencia de estatutos autonómicos que fueron elaborados al margen de la Constitución, como es el caso a los aprobados en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija.

"Para solucionar esas lagunas el Presidente de Bolivia o el Defensor del Pueblo pueden hacer uso de una acción de Constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que declare esos estatutos como inconstitucionales mientras no se adecuen a la Carta Magna o, mejor aún, mediante acuerdos políticos", anotó.