Contraloría demanda a Costas y autoridades de la ex Prefectura de Santa Cruz por compras irregulares

Santa Cruz, Abi
La Contraloría General del Estado presentó dos demandas contra funcionarios de la ex prefectura de Santa Cruz, entre ellos el actual gobernador, Rubén Costas, por compras irregulares que superan los ocho millones de bolivianos, informaron el jueves fuentes oficiales.

La denuncia fue presentada por el gerente departamental de la Contraloría de Santa Cruz, Alfredo Villca, que sustentó con documentos la "compra irregular, prohibida y no presupuestada de cuarenta camionetas, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, además de una demanda por falsificación de 13 facturas".

El funcionario explico que las 40 camionetas se compraron en abril de 2007 a través de "una delegación" que hizo el entonces Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que esa entidad "realice la contratación bajo sus propias normas", transgrediendo el Decreto Supremo 27328 que prohíbe la compra de vehículos.

Argumentó, además, que esa compra no estaba programada por la Prefectura de Santa Cruz y menos incorporada en el Presupuesto Operativo Anual (POA) de 2007.

"El pago de los 8.430.908 bolivianos se realizó al PNUD con recursos del IDH en trasgresión al DS 28421, es decir, fuera de las competencias establecidas para estos recursos", asegura la Contraloría en un boletín de prensa.

Además señala que se vulneró también el artículo 148 de la anterior Constitución Política del Estado que establecía que sólo el Presidente puede "decretar pagos no autorizados y para atender necesidades impostergables, derivadas de calamidades públicas".

La denuncia involucra también a Roly Aguilera y José Luis Parada Rivero, por malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; a Fernando Soria Galvarro Borth, por falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y a Miriam Cecilia Limpies Torres, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En el caso de las 13 facturas falsificadas la demanda equivale a 17.4949 dólares en una rendición de cuentas por Fondos de Avance sobre desembolsos de la gestión 2008, que presentó Juan Pablo Paz Soria, profesional de la Secretaria Departamental de Seguridad Ciudadana.