Chile: mapuches niegan nexos con las FARC
Rodrigo Bustamante Santiago de Chile
Un representante de los mapuches en Chile negó acusaciones sobre un nexo entre miembros de la comunidad indígena y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El werkén (líder) del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, le dijo a BBC Mundo que las denuncias sobre ese vínculo son falsas y responden a una estrategia del gobierno de Sebastián Piñera.
"Es intentar 'colombianizar' la región y traer una estrategia de Estados Unidos aquí al territorio mapuche, una estrategia que en Colombia es propia de los montajes, la persecución, el terrorismo de Estado y las masacres que ahí se están viviendo", expresó Huilcamán.
Las acusaciones surgen de un documento enviado por la Fiscalía General colombiana al Ministerio Público chileno, que detalla la relación entre representantes de la etnia mapuche procesados por la llamada ley antiterrorista de Chile y personas vinculadas a las FARC.
El informe, que fue enviado a Chile en el marco de un acuerdo de cooperación entre las fiscalías de ambos países, afirma que un ex miembro de la guerrilla colombiana reconoció a un mapuche como "la persona que lo ayudó a llegar al campamento en que permaneció por un tiempo", en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.
La información se conoció el jueves y despertó inmediatas reacciones en la región de la Araucanía (a unos 600 kilómetros al sur de la capital, Santiago), epicentro de la presencia mapuche en el país.
Testigos colombianos
El fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetic, estudia la posibilidad de citar a declarar en calidad de testigos a dos ex integrantes de las FARC y a dos policías colombianos en futuros juicios contra mapuches acusados por delitos terroristas si se confirma que existieron antecedentes de un nexo entre ambos grupos.
Ante esto, Aucán Huilcamán reiteró que los vínculos con Colombia no existen y denunció que lo que la administración de Piñera busca es generar una situación similar a la que vivió el saliente presidente colombiano Álvaro Uribe con los grupos guerrilleros.
"Tiene por objeto justificar actos represivos y de persecución. Entraríamos ya en un Estado policial en la región y las autoridades actuales estarían abandonando su misión de establecer el diálogo con todos los actores del país. Eso sería una muy mala señal", sostuvo.
Huilcamán anunció que desde su sector ya gestionan la presencia en Chile de representantes indígenas colombianos, "para que vengan a testificar cómo ahí suceden las masacres, las persecuciones, el chantaje y el terrorismo de Estado".
La investigación sobre un eventual nexo de mapuches con las FARC surgió en agosto de 2008 ante una denuncia del senador de derecha Alberto Espina, quien viajó a Colombia junto al entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera, para reunirse con el mandatario Álvaro Uribe.
"No hay armamento"
Según datos del organismo no gubernamental Observatorio Ciudadano, actualmente hay 58 comuneros mapuches procesados por la ley antiterrorista y una treintena se encuentra en huelga de hambre para exigir el término de esta medida, que endurece las penas ante delitos como incendios intencionales u ocupación de haciendas.
El portavoz de la comunidad Temucuicui, Jorge Huenchullán, aseguró a BBC Mundo que el calificativo de terrorista no aplica para los mapuches, y negó que existan vínculos con grupos guerrilleros de otros países.
"En este gobierno hay una persecución constante a los líderes mapuches. Hay un seguimiento personal a los dirigentes y para justificar una denuncia y una posterior condena los asocian con este tipo de cosas. La lucha mapuche es una sola y está reflejada en las movilizaciones por la tierra", manifestó.
"Si la lucha mapuche fuera armada, aquí la historia sería distinta y los mapuches no dudarían en ningún momento en utilizar todos sus recursos para combatir en contra del huinca (no indígena). Pero aquí no hay ningún tipo de armamento", recalcó.
Los mapuches buscan recuperar tierras que consideran ancestrales y hoy están en manos de empresas forestales y propietarios privados en la zona de la Araucanía, que es escenario de constantes enfrentamientos entre indígenas y la policía.
