Sarkozy despojará de la nacionalidad a los delincuentes de origen extranjero

Ana Teruel, El País
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, había prometido emplearse a fondo en los problemas de seguridad tras los disturbios registrados hace dos semanas en Saint-Aignan, en el centro del país, y en Grenoble, en el este. El mandatario cumplió con su promesa al anunciar ayer una batería de medidas destinadas a luchar contra la delincuencia y en especial la practicada por personas de origen extranjero. La medida estrella de un discurso especialmente duro, en el que cuestiona el modelo de integración francés, ha sido proponer que se pueda "despojar de la nacionalidad" a quienes ataquen a los policías. La oposición y las asociaciones denuncian una peligrosa deriva derechista y populista del Gobierno.

"Vamos a reevaluar los motivos que puedan dar lugar al despojo de la nacionalidad francesa", afirmó Sarkozy, flanqueado por el ministro del Interior, Brice Hortefeux, y la titular de Justicia, Michèle Alliot-Marie, en Grenoble, donde se había desplazado para la presentación del nuevo prefecto de la región, Eric Le Douaron. "La nacionalidad debe poder ser retirada a toda persona de origen extranjero que haya atentado voluntariamente contra la vida de un funcionario de la policía, un militar de la gendarmería o de toda otra persona que represente la autoridad pública", declaró solemnemente.

De la misma forma, Sarkozy, que no dudó en señalar que el país sufre "las consecuencias de 50 años de inmigración insuficientemente regulada", anunció su voluntad de que los hijos de extranjeros nacidos en Francia que hayan cometido algún tipo de delito ya no acceden automáticamente a la nacionalidad francesa al alcanzar la mayoría de edad, como es ahora el caso. El resto de las medidas incluye penas de cárcel más severas para una serie de delitos, una iniciativa que será debatida después del verano en el Parlamento, y, de forma más general una evaluación de "los derechos y las prestaciones a las que tienen hoy derecho los extranjeros en situación ilegal".

Como recalcaba ayer el vespertino Le Monde, al evocar los criterios para poder quitar la nacionalidad a un ciudadano, el presidente ataca un tema tabú en Francia desde la liberación de 1945. El concepto se asocia con la decisión tomada durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen colaboracionista de Vichy de despojar de su nacionalidad a unos 15.000 franceses, la mayoría de origen judío. Hoy en día, los casos son relativamente excepcionales, del orden de uno o dos anuales. La legislación contempla que se pueda aplicar en casos muy concretos y extremos, como son los actos de terrorismo o de espionaje.

La oposición y las asociaciones de Derechos Humanos no han tardado en denunciar la deriva populista de un presidente en horas bajas en los sondeos. "Lo que está en juego (...) es la expresión de una xenofobia comprobada", señaló la Liga de los Derechos Humanos. Estas medidas se suman además al anuncio del próximo desmantelamiento de unos 300 poblados gitanos y a la expulsión "casi inmediata" de los romaníes rumanos y húngaros que hayan cometido delitos. Estas medidas, anunciadas el miércoles, también han sido denunciadas por las asociaciones.