Reyes Villa sería juzgado en rebeldía en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz

La Paz, Abi
El Ministerio Público juzgaría al ex Prefecto de Cochabamba y candidato a la presidencia en las elecciones de diciembre pasado, Manfred Reyes Villa, en rebeldía en el marco de la Ley Anticorrupción "Marcelo Quiroga Santa Cruz", acusado por la adquisición de vehículos de lujo para la Prefectura de Cochabamba, informó la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

El pasado viernes, ese despacho formalizó la denuncia contra Manfred Reyes Villa y sus principales colaboradores, Johnny Ferrel Soria Galvarro, Gustavo Osvaldo Navia y José Federico Escobar Klose, luego de identificar una serie de irregularidades en la adquisición de maquinaria pesada y vehículos de lujo para la Prefectura, compra que generó un daño económico al Estado de 288.543 dólares.

"Tras el proceso de investigación, el Ministerio Público determinó emitir la acusación formal contra: Reyes Villa, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, delitos que están tipificados en el Código Penal", precisó Suxo al recordar que el ex Prefecto fugó a Estados Unidos.

La autoridad, manifestó que toda vez que Reyes Villa fue declarado rebelde, "existe la posibilidad de seguir el juicio en rebeldía, tal como lo establece la Ley de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa cruz".

Dijo que Ferrel Soria Galvarro será procesado por incumplimiento de deberes conducta antieconómica y malversación.

Navia Mallo por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación, tipos penales que fueron modificados por la Ley de Lucha contra la Corrupción "Marcelo Quiroga Santa Cruz".

Suxo recordó que esas ex autoridades suscribieron contratos con las empresas Toyosa Sociedad Anónima, Promisa y Nibol Ltda, para la adquisición de la maquinaria pesada y los vehículos livianos con una serie de irregularidades, mientras que Reyes Villa propició la adquisición vehículos de lujo a pesar de la vigencia de un Decreto Supremo que prohíbe dicha acción.

Por otra parte, la acusación establece el pago del cien por cien del precio, sin constatar la entrega total de los vehículos y sus accesorios, además que la Prefectura no ejecutó las boletas de garantía ante el incumplimiento de las fechas de entrega.

La acusación sostiene que la compra de seis vehículos de lujo, no tenía el respaldo presupuestario en el Programa Operativo Anual (POA 2006).

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