Policía en su peor hora tras muerte confusa de Olorio Apaza
La Paz, Abi
Blanco de críticas de organismos defensores de los derechos humanos, la Policía de Bolivia se encontraba el martes en su hora difícil tras la muerte controversial, en una de sus celdas, de un reo rematado, sospechado de asaltar un puesto de peaje hace 10 días en la confluencia de las ciudades de La Paz y El Alto.
El deceso de David Olorio Apaza, avezado criminal, por supuestas torturas, que desencadenaron una parada cardíaca, parecía tener a esta fuerza pública contra la pared y le obligaba a una purga.
Las sospechas de que Olorio Apaza fue torturado por agentes de la Policía para que revele la identidad de los integrantes de la banda que asaltó el domingo 4 de julio una oficina de la estatal Vías Bolivia, donde el agente Leonardo Condori, que custodiaba el emplazamiento, fue asesinado por los atracadores y de donde se robaron la friolera de medio millón de bolivianos, movió una investigación por parte del gobierno del presidente Evo Morales paralela a otra que galvaniza la Fiscalía de La Paz.
En medio de un mar de hipótesis, se cree también que Olorio Apaza fue "silenciado" para que no denuncie a los autores intelectuales que se beneficiaban indirectamente de sus asaltos.
De acuerdo con fuentes próximas a la investigación que requirieron el anonimato no se descarta que los atracadores hayan actuado después de recibir información clave de cuánto dinero se acopiaba ese domingo y a esa hora en el puesto de Vías Bolivia.
De antemano, la investigación múltiple echaba raíces después que el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Israel Vega, el jefe de Inteligencia, Marco Antonio Aceñas Cusi, los tenientes Ronald Saravia, Cristian Vargas y Omar Antezana, el sargento Juan de la Cruz y el cabo Luis Aquino, fueran suspendidos de sus funciones.
La Fiscalía de La Paz ya requirió las declaraciones de estos funcionarios.
La pareja sentimental de Olorio Apaza, Cristina Céspedes, detenida en una cárcel de La Paz, denunció este mismo martes que el hombre, largos años inmerso en el mundo del hampa, era poco menos que obligado a delinquir.
"El (por Olorio Apaza) no hacía nada, ya se estaba reformando, estaba trabajando como chófer (de taxi).Ha dicho que va a denunciar o quizás es el mismo teniente (de Policía y cuyo nombre no refirió) que él ha denunciado más antes y ha sido su venganza", declaró la mujer, en medio de lágrimas, a un periodista de la privada Red ATB.
Antes de su muerte, la noche del martes 6 al miércoles de julio, Olorio Apaza, "lo único que quería era que se sepa la verdad", dijo Céspedes.
Desde su reclusión, la mujer clamó porque "se sepa la verdad, quién lo ha matado, quiénes han sido en ese atraco".
En conferencia de prensa dictada en el Palacio de Gobierno, el vicepresidente Alvaro García Linera rechazó tajantemente la práctica de métodos de tortura y prometió castigar con todo el rigor de la ley a oficiales y agentes involucrados en la muerte de Olorio Apaza.
Un día antes el presidente Evo Morales se manifestó en la misma dirección.
"El presidente Evo ha manifestado la enorme preocupación por este tema. Hemos rechazado con vehemencia y contundencia este tipo de acción y tengan plena garantía que las personas que han cometido este ultraje a un derecho humanos van a ser sancionadas, sea quiénes sean", afirmó García Linera.
El Vicepresidente fue categórico al asegurar que prácticas tales como la tortura no serán permitidas.
"El presidente Evo, el Vicepresidente y varios de los que estamos en gobierno hemos sido objeto de tortura. En tiempos de democracia el Presidente y el Vicepresidente hemos sido torturados y no le deseamos a nadie en el mundo semejante tipo de agresión", afirmó luego de consultado sobre el tema por una periodista.
"Usted tiene aquí a personas que han sido víctimas de tortura, que no van a permitir que haya impunidad en los oficiales que han estado involucrados en esta acción criminal", insistió.
García Linera planteó su convicción de que la "institución policial también rechaza este tipo de métodos que empañan la actividad profesional en esta institución tan importante".
La crisis policial se registra en medio de una campaña del Comando Nacional de la Policía para purgar a sus miembros tocados por la corrupción.
El comandante Oscar Nina ha reconocido varias veces que varios de sus miembros se han involucrado, bajo el escudo del uniforme, en situaciones reñidas con la ley y con la misión altruista de la profesión.
La muerte controvertida de Olorio Apaza se registra dos meses después que cuatro efectivos de la Dirección de Prevención y Robos de Vehículos, fueran, literalmente linchados, en los poblados andino de Saca Saca y Cala Cala, por extorsiones a contrabandistas al menudeo de autos usados, según esgrimieron autoridades originarias.
La Defensoría del Pueblo informó que en la autopsia realizada al cadáver de Olorio Apaza, cuya fotografía ocupa las portadas de los diarios bolivianos hace una semana, se evidenció que el cuerpo presenta lesiones.
"El personal defensorial en el examen médico externo descrito y realizado por los expertos observó diversas lesiones graves en varias partes de la humanidad de Olorio, consistentes en escoriaciones y hematomas profundos en las regiones occipital, frontal y parietal de la cabeza, en el cuello, torso, en las extremidades superiores e inferiores, lo que denotaría que la víctima fue objeto de violencia física", señaló un informe de la institución.
Por instrucciones del defensor del Pueblo, Rolando Villena, una comisión defensorial participó como observadora, el viernes pasado, en la autopsia clínica realizada por el médico forense Fernando Soliz, la perito Mabel Morales y la presencia del fiscal de Materia de la ciudad de El Alto, Daniel Aguilar.
En la ocasión, los peritos extrajeron, de diversos órganos del cadáver, muestras que serán remitidas al Instituto de Investigaciones Forense (IDIF).
La previsión avisa que en el transcurso de los próximos 10 días se tendrán los resultados para determinar con precisión las causas de la muerte de Olorio Apaza.
La institución defensora de derechos humanos consideró que la información que proporcionará el IDIF será fundamental para determinar la existencia de los elementos constitutivos de tortura, expresados en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El abogado de la familia de Olorio Apaza, Wálter Fernández, certificó, por su parte, que el hombre, de 41 años, que el día de su detención lucía en pleno estado de forma, "ha sufrido torturas de parte de efectivos policiales".
"En primera instancia, el martes 6 de julio (Olorio Apaza) asistió a una declaración informativa policial a horas 16.30 que duró hasta las 18.30. A las 19.30 me retiré, lo dejé a David Olorio sano, sin tensión nerviosa, y al día siguiente me entero que falleció", hizo notar el defensor.
Recordó que la fiscal Verónica Vizcarra certificó que Olorio Apaza "falleció por muerte súbita" y que Vega, director de la FELCC de El Alto, en cuyas celdas fue encerrado el sospechado de atraco, dijo que tuvo convulsiones antes de sufrir una crisis cardíaca que le desencadenó la muerte en un nosocomio.
"Era extraño, porque el martes lo dejé sano, no estaba tensionado, no tenía ni un golpe, ni un moretón", insistió Fernández.
En declaraciones al tabloide La Razón certificó que la Policía extorsionó ya en 2009 a Olorio Apaza.
"Hemos tenido conocimiento de este memorial que David Olorio mismo había presentado el 3 de agosto de 2009 ante la Fiscalía, y en este memorial denuncia extorsiones realizadas por efectivos policiales, incluso señala que él ha sido secuestrado, le dijeron que tenía dos mandamientos de aprehensión y que tenía que conseguir tres mil bolivianos, y sólo consiguió 300 dólares", denunció.
Fernández admitió los antecedentes penales de su defendido post mortem, pero subrayó el acoso y extorsiones a que fue sometido en el último tiempo.
"David Olorio tiene (tenía) antecedentes policiales y penales por delitos de robo, pero jamás ha estado involucrado en atracos a mano armada, ha entrado al penal de San Pedro, pero desde esas fechas era constantemente perseguido por la Policía, y ese extremo lo hemos informado ante la Fiscal, y hemos dicho que en este caso de Vías Bolivia lo involucran por sus antecedentes policiales y penales, y eso lo vamos a demostrar", comentó Fernández.
Por su parte el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, garantizó que no quedarán en la impunidad la violación de los derechos de Olorio Apaza y tampoco el asesinato del suboficial Condori, muerto a manos de los atracadores de las oficinas de Vías Bolivia se domingo.
"El caso de Condori, brutalmente asesinado, tampoco debe quedar en la impunidad y los responsables tienen que ser justamente individualizados, procesados y sancionados penalmente sin importar de quién se trate", aseguró Llorenti el lunes.
Blanco de críticas de organismos defensores de los derechos humanos, la Policía de Bolivia se encontraba el martes en su hora difícil tras la muerte controversial, en una de sus celdas, de un reo rematado, sospechado de asaltar un puesto de peaje hace 10 días en la confluencia de las ciudades de La Paz y El Alto.
El deceso de David Olorio Apaza, avezado criminal, por supuestas torturas, que desencadenaron una parada cardíaca, parecía tener a esta fuerza pública contra la pared y le obligaba a una purga.
Las sospechas de que Olorio Apaza fue torturado por agentes de la Policía para que revele la identidad de los integrantes de la banda que asaltó el domingo 4 de julio una oficina de la estatal Vías Bolivia, donde el agente Leonardo Condori, que custodiaba el emplazamiento, fue asesinado por los atracadores y de donde se robaron la friolera de medio millón de bolivianos, movió una investigación por parte del gobierno del presidente Evo Morales paralela a otra que galvaniza la Fiscalía de La Paz.
En medio de un mar de hipótesis, se cree también que Olorio Apaza fue "silenciado" para que no denuncie a los autores intelectuales que se beneficiaban indirectamente de sus asaltos.
De acuerdo con fuentes próximas a la investigación que requirieron el anonimato no se descarta que los atracadores hayan actuado después de recibir información clave de cuánto dinero se acopiaba ese domingo y a esa hora en el puesto de Vías Bolivia.
De antemano, la investigación múltiple echaba raíces después que el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Israel Vega, el jefe de Inteligencia, Marco Antonio Aceñas Cusi, los tenientes Ronald Saravia, Cristian Vargas y Omar Antezana, el sargento Juan de la Cruz y el cabo Luis Aquino, fueran suspendidos de sus funciones.
La Fiscalía de La Paz ya requirió las declaraciones de estos funcionarios.
La pareja sentimental de Olorio Apaza, Cristina Céspedes, detenida en una cárcel de La Paz, denunció este mismo martes que el hombre, largos años inmerso en el mundo del hampa, era poco menos que obligado a delinquir.
"El (por Olorio Apaza) no hacía nada, ya se estaba reformando, estaba trabajando como chófer (de taxi).Ha dicho que va a denunciar o quizás es el mismo teniente (de Policía y cuyo nombre no refirió) que él ha denunciado más antes y ha sido su venganza", declaró la mujer, en medio de lágrimas, a un periodista de la privada Red ATB.
Antes de su muerte, la noche del martes 6 al miércoles de julio, Olorio Apaza, "lo único que quería era que se sepa la verdad", dijo Céspedes.
Desde su reclusión, la mujer clamó porque "se sepa la verdad, quién lo ha matado, quiénes han sido en ese atraco".
En conferencia de prensa dictada en el Palacio de Gobierno, el vicepresidente Alvaro García Linera rechazó tajantemente la práctica de métodos de tortura y prometió castigar con todo el rigor de la ley a oficiales y agentes involucrados en la muerte de Olorio Apaza.
Un día antes el presidente Evo Morales se manifestó en la misma dirección.
"El presidente Evo ha manifestado la enorme preocupación por este tema. Hemos rechazado con vehemencia y contundencia este tipo de acción y tengan plena garantía que las personas que han cometido este ultraje a un derecho humanos van a ser sancionadas, sea quiénes sean", afirmó García Linera.
El Vicepresidente fue categórico al asegurar que prácticas tales como la tortura no serán permitidas.
"El presidente Evo, el Vicepresidente y varios de los que estamos en gobierno hemos sido objeto de tortura. En tiempos de democracia el Presidente y el Vicepresidente hemos sido torturados y no le deseamos a nadie en el mundo semejante tipo de agresión", afirmó luego de consultado sobre el tema por una periodista.
"Usted tiene aquí a personas que han sido víctimas de tortura, que no van a permitir que haya impunidad en los oficiales que han estado involucrados en esta acción criminal", insistió.
García Linera planteó su convicción de que la "institución policial también rechaza este tipo de métodos que empañan la actividad profesional en esta institución tan importante".
La crisis policial se registra en medio de una campaña del Comando Nacional de la Policía para purgar a sus miembros tocados por la corrupción.
El comandante Oscar Nina ha reconocido varias veces que varios de sus miembros se han involucrado, bajo el escudo del uniforme, en situaciones reñidas con la ley y con la misión altruista de la profesión.
La muerte controvertida de Olorio Apaza se registra dos meses después que cuatro efectivos de la Dirección de Prevención y Robos de Vehículos, fueran, literalmente linchados, en los poblados andino de Saca Saca y Cala Cala, por extorsiones a contrabandistas al menudeo de autos usados, según esgrimieron autoridades originarias.
La Defensoría del Pueblo informó que en la autopsia realizada al cadáver de Olorio Apaza, cuya fotografía ocupa las portadas de los diarios bolivianos hace una semana, se evidenció que el cuerpo presenta lesiones.
"El personal defensorial en el examen médico externo descrito y realizado por los expertos observó diversas lesiones graves en varias partes de la humanidad de Olorio, consistentes en escoriaciones y hematomas profundos en las regiones occipital, frontal y parietal de la cabeza, en el cuello, torso, en las extremidades superiores e inferiores, lo que denotaría que la víctima fue objeto de violencia física", señaló un informe de la institución.
Por instrucciones del defensor del Pueblo, Rolando Villena, una comisión defensorial participó como observadora, el viernes pasado, en la autopsia clínica realizada por el médico forense Fernando Soliz, la perito Mabel Morales y la presencia del fiscal de Materia de la ciudad de El Alto, Daniel Aguilar.
En la ocasión, los peritos extrajeron, de diversos órganos del cadáver, muestras que serán remitidas al Instituto de Investigaciones Forense (IDIF).
La previsión avisa que en el transcurso de los próximos 10 días se tendrán los resultados para determinar con precisión las causas de la muerte de Olorio Apaza.
La institución defensora de derechos humanos consideró que la información que proporcionará el IDIF será fundamental para determinar la existencia de los elementos constitutivos de tortura, expresados en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El abogado de la familia de Olorio Apaza, Wálter Fernández, certificó, por su parte, que el hombre, de 41 años, que el día de su detención lucía en pleno estado de forma, "ha sufrido torturas de parte de efectivos policiales".
"En primera instancia, el martes 6 de julio (Olorio Apaza) asistió a una declaración informativa policial a horas 16.30 que duró hasta las 18.30. A las 19.30 me retiré, lo dejé a David Olorio sano, sin tensión nerviosa, y al día siguiente me entero que falleció", hizo notar el defensor.
Recordó que la fiscal Verónica Vizcarra certificó que Olorio Apaza "falleció por muerte súbita" y que Vega, director de la FELCC de El Alto, en cuyas celdas fue encerrado el sospechado de atraco, dijo que tuvo convulsiones antes de sufrir una crisis cardíaca que le desencadenó la muerte en un nosocomio.
"Era extraño, porque el martes lo dejé sano, no estaba tensionado, no tenía ni un golpe, ni un moretón", insistió Fernández.
En declaraciones al tabloide La Razón certificó que la Policía extorsionó ya en 2009 a Olorio Apaza.
"Hemos tenido conocimiento de este memorial que David Olorio mismo había presentado el 3 de agosto de 2009 ante la Fiscalía, y en este memorial denuncia extorsiones realizadas por efectivos policiales, incluso señala que él ha sido secuestrado, le dijeron que tenía dos mandamientos de aprehensión y que tenía que conseguir tres mil bolivianos, y sólo consiguió 300 dólares", denunció.
Fernández admitió los antecedentes penales de su defendido post mortem, pero subrayó el acoso y extorsiones a que fue sometido en el último tiempo.
"David Olorio tiene (tenía) antecedentes policiales y penales por delitos de robo, pero jamás ha estado involucrado en atracos a mano armada, ha entrado al penal de San Pedro, pero desde esas fechas era constantemente perseguido por la Policía, y ese extremo lo hemos informado ante la Fiscal, y hemos dicho que en este caso de Vías Bolivia lo involucran por sus antecedentes policiales y penales, y eso lo vamos a demostrar", comentó Fernández.
Por su parte el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, garantizó que no quedarán en la impunidad la violación de los derechos de Olorio Apaza y tampoco el asesinato del suboficial Condori, muerto a manos de los atracadores de las oficinas de Vías Bolivia se domingo.
"El caso de Condori, brutalmente asesinado, tampoco debe quedar en la impunidad y los responsables tienen que ser justamente individualizados, procesados y sancionados penalmente sin importar de quién se trate", aseguró Llorenti el lunes.
