Estado Plurinacional cobra forma con 5 leyes orgánicas, en prólogo de leyes sociales

La Paz,Abi
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), promulgada el lunes por el presidente Evo Morales, cerró el más intenso y prolífico ciclo legislativo boliviano de las últimas dos décadas de democracia y desde el marco de la Constitución dio forma al Estado Plurinacional de Bolivia, en el prólogo del tratamiento de un paquete de leyes sociales.

La LMAD completó la última fase de un pentágono constitucional de instrumentación del Estado Plurinacional, sucesor del republicano, que comporta otras cuatro leyes de los órganos Electoral y Judicial, del Régimen Electoral y del Tribunal Constitucional.

La bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que acaparó los más encendidos elogios y la gratitud infinita de Morales, que impulsa contra viento y marea un proceso de cambio estructural en Bolivia, volverá a la actividad en agosto que viene para tratar las leyes de Pensiones, de actualización de la Ley General del Trabajo y de reactivación del aparato productivo.

"La aprobación de las cinco leyes orgánicas es un mandato del pueblo, producto de una consulta sobre un proyecto de nueva Constitución Política del Estado boliviano, y quiero decirles a los hermanos, hermanas bolivianas y bolivianos que viven en el exterior, que los mandatos del pueblo se cumplen, y cuando alguien no quiere cumplir con el mandato el pueblo hace cumplir ese mandato", reseñó el gobernante en una alocución.

Las cinco leyes fueron aprobadas de forma meteórica, en un lapso de 4 meses, a un ritmo de, más menos, tres semanas por cada una, inclusive feriados, asuetos, y fines de seamanas. La ALP expidió entre enero y abril la Ley Anticorrupción Quiroga Santa Cruz y otra cinco que quedaron en la filosofía en las orgánicas.

La Constitución vigente desde febrero de 2009 da forma al Estado Plurinacional, es decir el reconocimiento en todos los ámbitos de los derechos de las 36 naciones originarias que habitan Bolivia e implanta el socialismo comunitario, es decir la distribución equitativa del excedente estatal por imperio de la Carta Magna.

La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) patenta a supremacía constitucional y la presunción de constitucionalidad.

La Ley del Organo Judicial plantea una revolución en la justicia, la promoción de la cultura de la conciliación, la igualación y equiparación de la justicia ordinaria con la justicia indígena originaria campesina y la demarcación de la jurisdicción de la justicia agroambiental y de las jurisdicciones especiales.

"Es cómo descolonizar la justicia; descolonizar la justicia para nacionalizar el derecho, (lo que implica) la abreviación absoluta de los procesos judiciales sobre el tema de la retardación judicial", resumió Morales.

Por su parte, la Ley de Régimen Electoral y del Organo Electoral promueve la democracia intercultural en Bolivia, la democracia directa y participativa, representativa y comunitaria.

La LMAD, prmulgada 2 días antes perentorio plazo constitucional, se sustenta en 4 ejes temáticos y representa el proceso de mayor desconcentración política y administrativa desde 1825, cuando se fundó Bolivia bajo un sistema centralista, destacó el ministro de Autonomías, Carlos Romero, en un pedagógico discurso pronunciado durante el acto de promulgación de la norma.

La norma adecua a la Carta Magna los estatutos autonómicos de tierras bajas de Bolivia, en cabeza de Santa Cruz, cuyas autoridades y líderes civiles demandaron sistemáticamente, desde 2004, la instauración de un modelo de independencia política y administrativa regional.

La LMAD, corolario de una senda abierta en 1867 por el patricio cruceño Andrés Ibáñez, cuyo nombre en homenaje recoge la norma, pone en relieve un pacto autonómico que deberá ser aprobado por dos tercios de los votos en las asambleas departamentales", electas en abril pasado y configuradas a fines de mayo último.

Se trata de "un verdadero pacto social al interior de esas regiones para brindarle un gran horizonte de democracia y sostenibilidad y pluralismo a la implementación de sus autonomías", afirmó Romero.

De acuerdo con los resultados de dos oleadas de elecciones, en 2006 y 2009, los 9 departamentos bolivianos resolvieron dotarse de un sistema de autonomías locales, en tres niveles alineados horizontalmente: departamental, regional y municipal.

También viabiliza la autonomía indígena en sus tres ámbitos jurisdiccionales, territorio, municipio y región.

La LMAD, que incorpora también los principios del indígena manifiesto de Tiawanacu, en 1975 y que se inscribe como precursor del proceso autonomista en Bolivia, reglamenta, asimismo, la preexistente autonomía municipal desde 1996.

"Potestativamente podrá construir sus cartas orgánicas municipales y alternativamente seguir aplicando, con supletoriedad, la legislación municipal vigente y una ordenación del camino de construcción de las autonomías regionales", hizo notar Romero.

La LMAD transfiere, desde poder central a las 9 regiones bolivianas, 20 competencias en materia de salud, transporte, obras públicas, infraestructura, vivienda, hábitat, medio ambiente, ordenamiento territorial y planificación, entre otras.

"Las competencias se han multiplicado y los ingresos de los departamentos y de los municipios" para sustentar la administración y aplicación efectiva de éstas "se han incrementado en 156%", destacó el Ministro de Autonomías, al subrayar los beneficios incontrastables que otorga a las regiones bolivianas la nacionalización de los hidrocarburos dispuesta por el gobierno de Morales en mayo de 2006.

Al amparo de la política hidrocarburífera de Morales, el erario público ingresa anualmente, desde 2006, entre 5 y 6 veces más que en el período precedente 1996-2005, en que la explotación del gas y el petróleo bolivianos se encontraban en manos de poderosos consorcios multinacionales.

En 2005, Bolivia ingresó poco más de 300 millones de dólares por concepto de renta petrolera.

El sistema de reparto de recursos a las regiones se sustenta también en la nacionalización de sectores productivos, como la minería, tradicionalmente en manos del Estado y sistemáticamente privatizados, como en el período 1993-1997, cuando el gobierno del presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada transfirió las empresas públicas, incluso las estratégicas, a consorcios transnacionales.

"Gracias a la apropiación de ese excedente económico podemos ahora incrementar las autonomías", hizo notar Romero al subrayar que el régimen boliviano de autonomías era inviable sino se contaban los recursos para instrumentarlas.

"Esto no era al revés, al revés nunca podía funcionar, nunca podíamos hacer autonomías primero y luego recuperar el excedente económico", afirmó el funcionario.

"Ahora nacen con el dinero que provee la renta hidrocarburífera, la renta minera, el IDH y la coparticipación tributaria, fruto del esfuerzo del pueblo boliviano", puso en relieve Romero.

El gobernador opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, volvió a esgrimir sus observaciones a la LMAD, en una aparición pública después que Morales la colocó en trance de vigencia.

La LMAD abre camino hacia la plena realización de los derechos humanos en el país andino amazónico, porque sienta las bases para "superar la desigualdad", resaltó, en contraste, el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denis Racicot.

"El país está encontrando su propio camino hacia la plena realización de los derechos humanos de todos los bolivianos, de toda descendencia. Todos ya pueden encontrar en la nueva ley de autonomías una forma de recrear el país con igualdad", dijo.

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