El contrabando desangra cada año a Bolivia con 375 millones de dólares

La Paz, Abi
La economía boliviana deja de percibir cada año 375 millones de dólares a consecuencia de las evasiones tributarias del contrabando que desangra al país, señaló el martes la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos.

"Se estima que entre 400 millones de dólares hasta 1.000 millones de dólares son los que estarían circulando producto del contrabando anualmente en Bolivia. Haciendo una estimación se ha podido establecer que por año entre 180 a 375 millones de dólares estaría dejando de percibir el Estado por esa actividad ilegal", explicó a los periodistas en una improvisada conferencia de prensa.

Dijo que por esa razón, el Gobierno ha decidido iniciar una lucha frontal contra ese delito impulsando una rigurosa Ley, que incluye drásticas sanciones administrativas y penales.

Ríos explicó que la sanción administrativa corresponderá a la Aduana que incautará y rematará la mercancía decomisada, para evitar los "largos tiempos" que implica el establecer un proceso penal.

En el caso de los procesos penales, dijo que serán determinados de acuerdo al grado de reincidencia, grados de culpabilidad y conducta del autor y que se aplicarán sanciones sobre todas las personas y bienes que sean utilizados para cometer el delito de contrabando.

Ríos adelantó que se gestiona cooperación internacional para dotar al control aduanero de equipos de alta tecnología para impedir el ingreso ilegal de mercaderías al país.

Por otra parte, informó que en la nueva Ley de Aduanas, los funcionarios aduaneros, policiales o militares que se involucren con la internación ilegal de mercaderías, cuando su misión es reprimir esas actividades, sufrirán condenas superiores a las que la Justicia imponga a los propios contrabandistas.

"Desde hace algún tiempo el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado buscando financiamiento externo de organismos internacionales para modernizar a la institución aduanera, para que ésta cuente con medios que le faciliten el control", justificó.

Subrayó que la dotación de equipos incluye la adquisición de scanner para los puestos fronterizos y la fiscalización estricta de la documentación, además de la aplicación de procesos penales contra los infractores que proponen condenas de cinco a diez años de reclusión.

Aseguró que si es necesario y en caso de que no se logre financiación externa, el Estado boliviano, a través de las Reserva Internacionales Netas (RIN), entregará recursos para modernizar la Aduana porque es una prioridad para el Gobierno.

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