Colombia acusa a Venezuela de proteger a cuatro jefes de las FARC

Maité Rico, El País
Una estatua de Simón Bolívar y un busto de Manuel Marulanda, Tirofijo, presiden el campamento clandestino de Iván Márquez, uno de los máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La base está en las coordenadas 10º40'42"N 72º32'03"O. Es decir, Villa del Rosario. Vereda Sorotama. Serranía del Perijá. Venezuela. Por ahí se pasea Márquez con sus dos perros blancos. Una cámara lo ha grabado hace poco, mientras habla con otros guerrilleros. Menciona la palabra "maduro", apellido del ministro venezolano de Exteriores.

Este vídeo, junto a varias fotografías e imágenes por satélite, forma parte de las pruebas que el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, presentó en la tarde del jueves a varios directores de medios de comunicación, a condición de que las mantengan en reserva. El propósito, dijo, era dejar constancia de que la guerrilla colombiana se mueve a sus anchas en el país vecino, especialmente en los Estados fronterizos de Apure, Zulia y Táchira. Y eso a pesar de que el Gobierno de Hugo Chávez ha sido puntualmente informado por Bogotá.

Además de Márquez, otros tres miembros de la dirección de las FARC tienen bases fijas en suelo venezolano: el canciller, Rodrigo Granda; Timoleón Jiménez, alias Timochenko, y Germán Briceño, Grannobles.

Las imágenes, los infiltrados y los guerrilleros desmovilizados dan cuenta de la existencia de toda una infraestructura que incluye pistas clandestinas para el transporte aéreo de cocaína, principal fuente de financiación de las FARC, y campos de entrenamiento donde se ha detectado la presencia de miembros de ETA. Un reciente informe de inteligencia menciona la presencia de 1.500 guerrilleros solo en Apure.

En realidad, las pruebas presentadas por el Gobierno colombiano confirman lo que ya se sabía desde hace tiempo. Los ordenadores incautados a Raúl Reyes, número dos de las FARC muerto en 2008 en el bombardeo de su campamento en suelo ecuatoriano, destaparon que la guerrilla recibe apoyo financiero y logístico de las autoridades venezolanas al más alto nivel. Lo más relevante, sin embargo, es el contexto político en el que se han dado a conocer estas nuevas evidencias: a tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, Juan Manuel Santos, que había invitado a Hugo Chávez a su toma de posesión, el próximo 7 de agosto. Cualquier acercamiento con Caracas, explicó el ministro Silva, no puede obviar "ciertas realidades".

El Gobierno venezolano llamó ayer a consultas a su embajador en Bogotá, informa Maye Primera, y acusó a Uribe de querer dinamitar "una eventual normalización de las relaciones bilaterales", que están bajo cero. Esa es también la opinión de algunos analistas colombianos, que creen que Uribe está dificultando el aterrizaje de Santos.

Fuentes consultadas por EL PAÍS aseguran, sin embargo, que el presidente electo estaba al corriente de la iniciativa del Gobierno. Uribe, que se ha mostrado prudente hasta ahora, considera fundamental normalizar la relación con un país clave para la economía colombiana, pero no sin obligar a Chávez a mover ficha ante la peor amenaza para la seguridad nacional de Colombia. De alguna forma, Uribe despeja el camino poniendo las cartas sobre la mesa, algo que el nuevo presidente hubiera tenido más difícil. Santos se limitó a señalar que hay que "profundizar el diálogo para resolver el problema de la presencia de terroristas en Venezuela".