Aduana será equipada con modernos equipos para lucha frontal contra el contrabando

La Paz, Abi
El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) será equipada con modernos equipos para impulsar una lucha frontal contra el contrabando que contará con el apoyo de la Policía y de las Fuerzas Armadas, dijo el domingo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce.

Durante su participación en el programa El Pueblo es Noticia, que se difunde por el sistema estatal de medios de comunicación, Arce anotó que el equipamiento aduanero incluye la instalación de scanners, rayos, X, la adquisición de helicópteros e inclusive un sistema satelital de control.

Informó que esta semana tiene previsto reunirse con la cooperación internacional para explicarles la política fiscal de Bolivia con miras a captar recursos que sumarían unos 80 millones de dólares para modernizar el control aduanero.

"El contrabando que opera en Bolivia es sofisticado y organizado y el Estado debe enfrentarlo en forma adecuada, una vez que se trata de defender la economía nacional", señaló.

Subrayó que Bolivia contará en pocos años con el satélite Tupac Katari, que coadyuvará al control del ingreso de vehículos que transporten productos de importación a lo largo del territorio nacional.

Manifestó que la lucha contra el contrabando implica una re ingeniería de la Aduana para que cumpla con sus funciones. Esa re ingeniería implica la desaduanización en fronteras.

Dijo que lamentablemente camiones con productos del contrabando declaran en fronteras que entregarán los papeles de importación en su destino y finalmente desaparecen.

Anotó que la Ley de Lucha contra el Contrabando que está a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa es rigurosa y establece sanciones para los infractores, no solamente con la confiscación de sus productos, sino con penas de reclusión de 4 a 10 años.

Explicó que el juez puede fijar a los contrabandistas condenas de 5 a 10 años y a los denominados "contrabandistas de cuello blanco", que cometen defraudación tributaria, las penas son de 4 a 8 años de reclusión.

Se comete defraudación tributaria cuando se declara con datos falsos en los documentos de importación de productos o se colocan precios muy por debajo de los verdaderos, dijo.

El Ministro también manifestó que los bienes inmuebles, que son casas utilizadas como depósitos, pueden ser confiscadas por el Estado si es que son utilizadas para albergar productos ingresados ilegalmente al país.

"Aquellos propietarios de esos bienes que los alquilan deben percatarse cómo son utilizados porque corren el riesgo de que puedan perderlos en un juicio que no debe durar más de 60 días", señaló.

Es más, Arce informó que las penas de reclusión no solamente caen para los contrabandistas, sino también para aquellos funcionarios públicos que se involucren en el negocio a cambio de jugosas comisiones, entre estos están los empleados aduaneros, los jueces, los policías y ahora los militares.

Afirmó que esas penas son más duras inclusive para los funcionarios del Estado porque se les aumenta un tercio de la condena. Por ejemplo si en un proceso el contrabandista es condenado a 10 años, el funcionario encontrado culpable en ese caso recibirá 13 años de reclusión.

Subrayó que otro sector que debe tomar sus precauciones con la Ley de Lucha contra el Contrabando es el de transportistas de mercaderías de importación porque sus vehículos pueden ser confiscados.

"Los transportistas deben verificar exactamente qué es lo que llevan en sus vehículos, revisando los papeles, porque pueden sufrir sanciones si es que cargan materiales del contrabando", puntualizó.

Arce anotó lo negativo que es el contrabando para la economía nacional porque "genera una competencia desleal con el importador legal al abaratar los precios de algunos productos y es nefasto para la industria nacional al provocar el desempleo por el cierre de empresas.

Indicó que, de acuerdo con algunos estudios, el contrabando que opera en Bolivia moviliza entre 400 a 1.200 millones de dólares anuales.

"Si los contrabandistas pasarían a la legalidad deberían pagar al Estado unos 250 millones de dólares de impuestos, que es el monto que el Estado desembolsa cada año para pagar la Renta Dignidad a los ciudadanos de la tercera edad", anotó.

Agregó que el contrabando no beneficia a Bolivia, al contrario genera ganancias para otras naciones y es un factor de crisis social porque provoca el cierre de industrias nacionales que despiden a miles de sus empleados.

Ante el argumento de que los productos que ingresan contrabandeados se cotizan a menores precios que los que son importados legalmente, Arce dijo que la diferencia es menor en la actualidad.

El Ministro puntualizó que, además de la Ley y del equipamiento aduanero contra el contrabando, la lucha integral implica el fomento de una mayor conciencia tributaria en la población.

"En el pasado muchos ciudadanos se resistían a pagar sus impuestos y a comprar productos importados legalmente porque pensaban que sus dineros solamente beneficiaban a funcionarios corruptos, mientras que ahora han comenzado a ver que ese dinero vuelve al pueblo en obras de desarrollo", anotó.

Informó que el programa incluye la realización de acciones de educación tributaria en las escuelas para que los niños tomen conciencia de la importancia de los recursos que recauda el Estado para el crecimiento del país.