Con dos mandamientos de aprehensión arranca juicio a ex presidente de YPFB y 11 imputados
La Paz, Abi
Con mandamientos de aprehensión contra Agustín Tomas Melano, principal ejecutivo de Catler Univeservice, y Jorge Ochoa Urioste, ex director jurídico de YPFB, arrancó el jueves el juicio contra el ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramiréz (foto), y otros 11 acusados, de un millonario desfalco en la construcción de una refinería de gas.
La abogada de YPFB, Mónica Ramírez, informó que se presentaron también otros incidentes que estuvieron a punto de impedir que el juicio oral y contradictorio se inicie.
Entre ellos la recusación interpuesta por la defensa técnica de Misael Gemio Jordán (implicado en el caso) contra el juez del Tribunal I de Sentencia, Gastón Waylla.
"Esa recusación fue rechazada conforme señala el artículo 321 de la ley 007 aprobada el 18 de mayo del 2010, porque la solicitud no tenía fundamento valido, lo cual no quiere decir que el juicio no se instala, el juicio ya se inicio y se va continuar con el proceso", explicó a los periodistas.
Precisó que Melano y Ochoa no comparecieron impidiendo que se de lectura a la acusación formal y particular contra los 12 imputados.
"Estos no han comparecido ante el juez, pese haber sido notificados legalmente por consiguiente se han emitido los arraigos y mandamientos de aprehensión contra ambos, además que se van a publicar edictos a efecto de que asuman defensa, de lo contrario, según la nueva Ley 004, se los declarará en rebeldía y se les otorgará un defensor de oficio para que no se vulnere su derecho a la defensa", indicó Ramírez.
Por otra parte, el abogado del ex Presidente de YPFB, José Luis Paredes señaló que este es un proceso "complejo" y que si Melano y Ochoa no se presentan el juicio se desarrollará de manera normal contra ellos.
A su juicio, por la recusación al Juez, la toma de juramento de los jueces ciudadanos es nula porque "cualquier Juez recusado no puede realizar ningún acto procesal".
Por otro lado, el principal acusado del contrato irregular entre YPFB y Catler Uniservice para la construcción de una planta de más de 86 millones de dólares, Santos Ramírez, aseguró que luego de año y medio se podrá defender en el juicio.
"Al instalarse este juicio esperamos que tanto el Tribunal como los jueces técnicos y ciudadanos evalúen con objetividad toda la presentación de pruebas y testigos, además de que vamos a mostrar todas la irregularidades que han hecho algunas ex autoridades en contra del derecho de Santos Ramírez y otros implicados", remarcó.
Insistió que está listo para defenderse en el juicio y dijo que "aquellos que lo han acusado de asociación delictuosa y de estafa al país, serán descubiertos como los grandes cómplices", por confabular contra él y otras personas.
Santos Ramírez se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro desde marzo del pasado año por la defraudación de fondos destinados a la construcción de una planta de licuables en el sudeste del país y por la presunta corrupción pública en la firma de ese contrato entre YPFB y Catler Uniservice por 86 millones de dólares, para la instalación de una planta separadora de líquidos.
Con mandamientos de aprehensión contra Agustín Tomas Melano, principal ejecutivo de Catler Univeservice, y Jorge Ochoa Urioste, ex director jurídico de YPFB, arrancó el jueves el juicio contra el ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramiréz (foto), y otros 11 acusados, de un millonario desfalco en la construcción de una refinería de gas.
La abogada de YPFB, Mónica Ramírez, informó que se presentaron también otros incidentes que estuvieron a punto de impedir que el juicio oral y contradictorio se inicie.
Entre ellos la recusación interpuesta por la defensa técnica de Misael Gemio Jordán (implicado en el caso) contra el juez del Tribunal I de Sentencia, Gastón Waylla.
"Esa recusación fue rechazada conforme señala el artículo 321 de la ley 007 aprobada el 18 de mayo del 2010, porque la solicitud no tenía fundamento valido, lo cual no quiere decir que el juicio no se instala, el juicio ya se inicio y se va continuar con el proceso", explicó a los periodistas.
Precisó que Melano y Ochoa no comparecieron impidiendo que se de lectura a la acusación formal y particular contra los 12 imputados.
"Estos no han comparecido ante el juez, pese haber sido notificados legalmente por consiguiente se han emitido los arraigos y mandamientos de aprehensión contra ambos, además que se van a publicar edictos a efecto de que asuman defensa, de lo contrario, según la nueva Ley 004, se los declarará en rebeldía y se les otorgará un defensor de oficio para que no se vulnere su derecho a la defensa", indicó Ramírez.
Por otra parte, el abogado del ex Presidente de YPFB, José Luis Paredes señaló que este es un proceso "complejo" y que si Melano y Ochoa no se presentan el juicio se desarrollará de manera normal contra ellos.
A su juicio, por la recusación al Juez, la toma de juramento de los jueces ciudadanos es nula porque "cualquier Juez recusado no puede realizar ningún acto procesal".
Por otro lado, el principal acusado del contrato irregular entre YPFB y Catler Uniservice para la construcción de una planta de más de 86 millones de dólares, Santos Ramírez, aseguró que luego de año y medio se podrá defender en el juicio.
"Al instalarse este juicio esperamos que tanto el Tribunal como los jueces técnicos y ciudadanos evalúen con objetividad toda la presentación de pruebas y testigos, además de que vamos a mostrar todas la irregularidades que han hecho algunas ex autoridades en contra del derecho de Santos Ramírez y otros implicados", remarcó.
Insistió que está listo para defenderse en el juicio y dijo que "aquellos que lo han acusado de asociación delictuosa y de estafa al país, serán descubiertos como los grandes cómplices", por confabular contra él y otras personas.
Santos Ramírez se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro desde marzo del pasado año por la defraudación de fondos destinados a la construcción de una planta de licuables en el sudeste del país y por la presunta corrupción pública en la firma de ese contrato entre YPFB y Catler Uniservice por 86 millones de dólares, para la instalación de una planta separadora de líquidos.