Canelas: "Ley de Municipalidades se aplica a opositores y oficialistas para erradicar corrupción"
La Paz, AbiLa Ley de Municipalidades es un instrumento jurídico que debe ser aplicado para autoridades edilicias oficialistas y opositoras porque su objetivo es garantizar administraciones honestas e idóneas, dijo el martes el Portavoz Oficial de la Presidencia, Iván Canelas.
En una conferencia de prensa, Canelas señaló que no son válidas las especulaciones que "pretenden responsabilizar al Gobierno con una supuesta estrategia para provocar problemas a las administraciones Municipales que estén a cargo de dirigentes de la oposición".
El Portavoz reaccionó de esa manera a las afirmaciones de políticos de oposición que al referirse a la separación legal del alcalde de Sucre, Jaime Barrón, manifestaron que se originaba en un supuesto interés del Gobierno por copar espacios de poder.
"Son especulaciones que no merecen comentario, lo que sí es válido es que la Ley de Municipalidades debe ser aplicada para autoridades Municipales sin importar su filiación política, sean del oficialismo o la oposición", indicó.
Dijo que la Ley ha sido aplicada en casos similares en 25 oportunidades porque el objetivo es que los Municipios sean dirigidos por administradores libres de toda acusasacion por sus actos.
Señaló que el objetivo de ese instrumento jurídico es garantizar al pueblo que se desarrollen administraciones edilicias ajenas a todo acto de corrupción o de violación de las Leyes.
Explicó que Barrón, elegido como Alcalde de Sucre en los comicios regionales del pasado cuatro de abril, "no ha sido retirado de esa función, simplemente separado para baje al llano a asumir defensa de las imputaciones que existen en su contra".
"Si es inocente de los cargos que pesan en su contra, volverá con mayor autoridad moral y política a ocupar la Alcaldía de Sucre", anotó Canelas.
La Fiscalía del Distrito de Chuquisaca presentó el pasado 24 de abril la imputación formal contra Barrón, además de la ex prefecta Savina Cuéllar, la ex alcaldesa Aydeé Nava, el ex cívico John Cava y el ex concejal Fidel Herrera, por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas, fabricación y comercio de sustancias explosivas, lesiones graves y leves, privación de libertad, amenazas, vejaciones y torturas.
El Portavoz Oficial hizo patente su convencimiento de que no es positivo que sectores de la oposición asuman "actitudes proteccionistas porque de esa manera pierde la democracia que se ve limitada para aplicar las Leyes".
Además de imputaciones del Ministerio Público, Barrón es acusado de ser uno de los responsables de las acciones racistas emprendidas contra campesinos en la ciudad de Sucre en 2005 y 2008.
Esas actividades alcanzaron su punto más delicado el pasado 24 de mayo de 2008, cuando una veintena de campesinos fueron vejados en pleno centro de la ciudad capital de Bolivia por grupos que respondían al mando del Comité Interinstitucional, del que Barrón era su Presidente.
Sin embargo antes de esa fecha y durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, entre 2006 y 2007, esos grupos de choque, sumados a los dirigidos desde la Alcaldía de Sucre encabezada entonces por Aydée Nava, provocaron violentas manifestaciones con agresiones a los asambleístas del MAS.
Esos movimientos de violencia, a los que fueron convocados estudiantes de la Universidad San Francisco Xabier (USFX), del que Barrón era rector, exigían a los constituyentes que incluyan en la nueva Carta Magna que Sucre no solamente debía ser reconocida como capital Constitucional de Bolivia, sino como sede de los Poderes del Estado.
En esas jornadas, los grupos dependientes del Comité Interinstitucional y de la Alcaldía de Sucre se dieron a la tarea de amedrentar y agredir a los constituyentes y las personas que sean de condición humilde por ligarlas al Movimiento al Socialismo (MAS).
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, denunció que con el pretexto de la separación de Barrón como alcalde de Sucre, esos grupos han comenzado a rearticularse para revivir las jornadas de violencia de los pasados años en Sucre.
Llorenti anotó que los últimos días, la Policía decomisó a estos grupos 260 cartuchos de dinamita y bombas molotov que iban a ser utilizadas contra los uniformados en las manifestaciones de protesta que preparaban.
En 2007, la violencia de esas manifestaciones provocó el desalojo de Sucre del Batallón de la Policía, cuyas instalaciones fueron quemadas y sus efectivos agredidos, lo que dejó a Sucre huérfana de seguridad para sus pobladores.
En esos hechos cientos de universitarios y ciudadanos rodearon y prendieron fuego a centros policiales y obligaron a los oficiales y efectivos a abandonar dicha capital a "paso de ganso".
