Canelas "Intereses políticos se mueven detrás de ataque a hermana del Presidente"

La Paz, Abi
El portavoz presidencial, Iván Canelas, denunció el lunes intereses políticos detrás del ataque que sufrió el fin de semana en Oruro la vivienda de Esther Morales, hermana del presidente Evo Morales, de parte de un grupo de personas que pareció aprovechar los crímenes de Uncía (Potosí) "para dañar" la imagen del Ejecutivo y señaló a un abogado como motor de la campaña.

En una conferencia de prensa explicó que Johnny Wálter Castellú, abogado de los familiares de los cuatro policías linchados en esa región de sudoeste de Bolivia, incitó a cometer un "acto delictivo", al apedrear la vivienda de de la hermana del Jefe de Estado.

"Detrás de todo esto está el abogado Johnny Walter Castellú que tiene los antecedentes profesionales de estar defendiendo a aquellos que han sido involucrados en la masacre del Porvenir (Pando, en setiembre de 2008) y que la información que tenemos nosotros, ha incitado para que se vaya a la casa de la hermana del Presidente para atacar la vivienda", dijo en conferencia de prensa en el Palacio Quemado.

Canelas respaldó su denuncia con una fotografía, extractada del periódico La Razón, del 9 de septiembre del 2008, en la que Castellú figura al lado del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, encauzado por la matanza, por grupos paramilitares, de entre 13 y 18 campesinos amazónicos y estudiantes, dos días después de esa publicación

También mostró memoriales judiciales firmados por Castellú, para comprobar que es abogado del staff que defiende a Fernández, actualmente recluido en el penal de San Pedro, en La Paz.

Canelas denunció que se trata de convertir "un hecho delictivo y policial en un hecho político" en base al dolor de las familias de los policías, que, a su juicio, es "mañosamente" utilizado.

"Si revisan las imágenes de las filmaciones que se han difundido de las personas que han ido a la casa de la hermana del Presidente, van a observar que muchas de ellas no tenían absolutamente nada que ver y menos parentesco con las víctimas", señaló.

Por otro lado, dijo que "no tiene valor legal" el informe forense primario, efectuado oficiosamente en Oruro, lejos de Sacaca (o Saca Saca), donde los uniformados fueron ajusticiados, que indica que uno de los policías asesinados murió tres días antes de que los comunarios devolvieran los cadáveres, en plena negociación con el Gobierno.

Tras una prolongada negociación, los ayllus de Sacaca y Cala Cala, entregaron, el pasado viernes, los cuerpos de los policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), ajusticiados en circunstancias aún confusas el 23 de mayo último, según informes preliminares.

"No sabemos si es cierto o no es cierto, tenemos nuestras dudas. Cómo puede surgir un informe debajo de la manga para dañar un hecho de esta naturaleza, para convertir este hecho en político", cuestionó Canelas.

Consideró que hay que reencaminar el proceso de investigación para que los informes tengan la validez legal, al asegurar que el Gobierno quiere las pesquisas no sean "empañadas" para dar con los asesinos de esos policías.

"Ese informe forense tiene que ser hecho no solamente por médicos especialistas idóneos, que emitan un informe correcto, certero, verídico, legal. Lo que nos preocupa es que haya alguien que ha emitido oficiosamente un informe, para tratar de confundir a la opinión pública", argumentó.