Cámara de Diputados debate en detalle proyecto de Ley del Órgano Judicial
La Paz, ABI
La Cámara de Diputados trataba la noche del lunes a martes, en su estación en detalle (artículo por artículo), los parágrafos polémicos del proyecto de Ley del Órgano Judicial, que sustentará la reorganización del sistema jurídico boliviano y su adecuación a la Constitución boliviana vigente desde febrero de 2009.
El 27 de mayo último ese documento, que consta de 131 artículos, fue aprobado en su estación en grande (de manera general, en concepto), y forma parte de las cinco leyes orgánicas que deben ser aprobadas hasta el 22 de julio que viene.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de esa instancia legislativa, Cecilia Ayllón, explicó que existen diferencias de criterios en los temas relacionados con el Defensor del Litigante, el número de magistrados y sus atribuciones y los criterios para la conciliación de querellas, entre otros temas.
No obstante, ratificó que ese proyecto hará que "la justicia se acerque al pueblo", a través de mecanismos jurídicos "horizontales" gratuitos, acordes con la necesidad ciudadana y contrarios a la actual estructura "vertical" y burocrática del Poder Judicial.
"Estamos hasta este momento con una justicia tardía, que sólo llega a determinados segmentos poblacionales. Estamos con una justicia burocrática que ha cansado al pueblo. Contábamos con una justicia que era vertical y la hemos puesto de manera horizontal. Una justicia de fácil acceso que va llegar a todos los lugares, una justicia que va atender los problemas de los ricos y de los pobres", dijo la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS),
Ayllón indicó que el proyecto prevé la creación de Conciliadores, en la justicia ordinaria, "que vienen a ser la puerta de acceso a la justicia", porque la población podrá seguir un proceso judicial hasta obtener una sentencia "sin la necesidad de contar con un abogado".
Añadió que los Conciliadores estarán en todos los municipios y se espera que resuelvan el 70% de las querellas jurídicas sin transitar por otros juzgados y con el objetivo de evitar la lentitud de la justicia.
"Se tiene previsto el acceso gratuito a los juzgados públicos donde cualquier ciudadano puede llegar sin abogado, sin necesidad de memoriales, sin necesidad de las formalidades y los ritualismo que en este momento existen", recalcó.
La legisladora aclaró que delitos mayores como asesinatos, violaciones, actos de corrupción y aquellos que afecten a los intereses del Estado, necesariamente pasarán a las instancias superiores de justicia.
Explicó que ese proyecto de Ley también reconoce el "pluralismo" jurídico boliviano, es decir, las jurisdicciones ordinaria, originaria campesina, agroambiental y especial, que engloban, a su juicio, "la reingeniería del sistema judicial".
Ayllón añadió que entre los artículos centrales de ese documento también se plantea la creación del Defensor del Litigante, que endurece las sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios judiciales que no realicen correctamente sus funciones.
En esa dirección, explicó que también se instrumentará el control social mediante jueces ciudadanos para el procesamiento de los jueces con el objetivo de garantizar que sean sancionados en caso de encontrase responsabilidades en su contra.
La Cámara de Diputados trataba la noche del lunes a martes, en su estación en detalle (artículo por artículo), los parágrafos polémicos del proyecto de Ley del Órgano Judicial, que sustentará la reorganización del sistema jurídico boliviano y su adecuación a la Constitución boliviana vigente desde febrero de 2009.
El 27 de mayo último ese documento, que consta de 131 artículos, fue aprobado en su estación en grande (de manera general, en concepto), y forma parte de las cinco leyes orgánicas que deben ser aprobadas hasta el 22 de julio que viene.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de esa instancia legislativa, Cecilia Ayllón, explicó que existen diferencias de criterios en los temas relacionados con el Defensor del Litigante, el número de magistrados y sus atribuciones y los criterios para la conciliación de querellas, entre otros temas.
No obstante, ratificó que ese proyecto hará que "la justicia se acerque al pueblo", a través de mecanismos jurídicos "horizontales" gratuitos, acordes con la necesidad ciudadana y contrarios a la actual estructura "vertical" y burocrática del Poder Judicial.
"Estamos hasta este momento con una justicia tardía, que sólo llega a determinados segmentos poblacionales. Estamos con una justicia burocrática que ha cansado al pueblo. Contábamos con una justicia que era vertical y la hemos puesto de manera horizontal. Una justicia de fácil acceso que va llegar a todos los lugares, una justicia que va atender los problemas de los ricos y de los pobres", dijo la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS),
Ayllón indicó que el proyecto prevé la creación de Conciliadores, en la justicia ordinaria, "que vienen a ser la puerta de acceso a la justicia", porque la población podrá seguir un proceso judicial hasta obtener una sentencia "sin la necesidad de contar con un abogado".
Añadió que los Conciliadores estarán en todos los municipios y se espera que resuelvan el 70% de las querellas jurídicas sin transitar por otros juzgados y con el objetivo de evitar la lentitud de la justicia.
"Se tiene previsto el acceso gratuito a los juzgados públicos donde cualquier ciudadano puede llegar sin abogado, sin necesidad de memoriales, sin necesidad de las formalidades y los ritualismo que en este momento existen", recalcó.
La legisladora aclaró que delitos mayores como asesinatos, violaciones, actos de corrupción y aquellos que afecten a los intereses del Estado, necesariamente pasarán a las instancias superiores de justicia.
Explicó que ese proyecto de Ley también reconoce el "pluralismo" jurídico boliviano, es decir, las jurisdicciones ordinaria, originaria campesina, agroambiental y especial, que engloban, a su juicio, "la reingeniería del sistema judicial".
Ayllón añadió que entre los artículos centrales de ese documento también se plantea la creación del Defensor del Litigante, que endurece las sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios judiciales que no realicen correctamente sus funciones.
En esa dirección, explicó que también se instrumentará el control social mediante jueces ciudadanos para el procesamiento de los jueces con el objetivo de garantizar que sean sancionados en caso de encontrase responsabilidades en su contra.