Phoenix pierde millones por boicot

Carlos Chirinos, BBC Mundo, Washington
El boicot que han declarado contra Arizona organizaciones hispanas, algunas empresas y hasta ciudades de Estados Unidos en rechazo a la nueva ley de inmigración de ese estado del sur estadounidense, se estaría empezando a sentir, aseguró en conversación con BBC Mundo, Phillip Gordon, alcalde de Phoenix, la capital estatal. Gordon es el funcionario público de más alto perfil que se ha enfrentado a la ley adoptada por la legislatura para regular la inmigración y que, según sus críticos, autoriza el uso de perfiles raciales para detectar indocumentados.

El alcalde, quien carece del apoyo del Consejo de la ciudad en sus esfuerzos, considera que la ley es inconstitucional, aunque reconoce que "hay un problema" cuya única solución pasa por un reforma integral del sistema migratorio estadounidense. Estoy muy preocupado. Ya está teniendo un fuerte impacto económico, justo en un momento en el que estamos empezando la recuperación económica. Arizona sufrió los peores efectos de la crisis, tuvimos la mayor cantidad de hipotecas inmobiliarias rematadas, la mayor pérdida de empleos. Los contrarios a la ley aseguran que autoriza el uso de perfiles raciales para detectar indocumentados.

-¿Cuál es el daño que está sintiendo Phoenix?
-Decenas de millones de dólares en negocios relacionados con convenciones perdidas, los ingresos por habitaciones de hotel. Estimamos que hemos perdido hasta ahora 10.000 noches de reserva en hoteles y quizá una media docena de convenciones de empresas canceladas.

-¿Tiene un estimado de costo en dinero?
-Probablemente estemos llegando ya a los US$100 millones. Entonces, al final este boicot podría tener consecuencias sobre las personas a las que se quiere defender. Si el boicot continúa las empresas tendrán que empezar a despedir al personal, y eso redundará en una caída del poder adquisitivo que significará menor ingresos por impuestos para el estado.

-¿Está de acuerdo con que hay un problema con la inmigración ilegal en su estado? -Claro que lo tenemos. Pero ese problema no va a resolverse con esta ley, que no hace nada para asegurar la frontera. Se resolverá con una ley nacional de inmigración, que ponga más agentes de vigilancia en la frontera y que persiga a los criminales, a los contrabandistas, los narcotraficantes y los asesinos. Pero que también permita suficientes permisos para que los inmigrantes vengan a este país legalmente para trabajar y eventualmente para buscar la nacionalidad. Nuestro sistema está colapsado y la gente viene ilegalmente porque no puede venir legalmente. Pero los promotores de la ley dicen que la crearon por la existencia de ese problema. Creo que los legisladores estatales están frustrados, como mucha otra gente lo está en el resto del país por el hecho de que el gobierno federal no ha tomado acción sobre el problema. Pero creo que algunos quisieron usar el tema para su beneficio político, explotando los temores y la ignorancia de la población.

-Se cuestiona que la ley autoriza el uso de perfiles raciales, algo que los que la apoyan niegan rotundamente.
-Es una ley inconstitucional que está claramente dirigida contra los hispanos y no resistiría un desafío legal. Mi temor es que cree pánico en la comunidad hispana, sean o no ciudadanos, quienes no van a estar dispuestos ahora a colaborar con la policía, lo que al final debilitara la seguridad ciudadana.

-¿Teme usted que su Departamento de Policía en Phoenix incurra en abusos contra la comunidad hispana?
-La mayoría de los oficiales no lo hará, pero probablemente habrán algunos pocos que no van a respetar los derechos civiles. El problema es que no podemos establecer regulaciones para asegurarnos de que los agentes siguen los procedimientos porque otros nos podrían acusar de estar restringiendo la aplicación de una ley.

-Pero si es claramente inconstitucional, como dice usted, entonces debería ser fácil anularla legalmente. No todavía. La ley no entra en efecto hasta el final de julio. Y bajo nuestro sistema legal hay que ver quién tiene la posibilidad de presentar esos recursos. El gobierno federal claramente tiene la capacidad de hacerlo.

-¿Qué salida ve usted a todo esto?
- La salida es, primero que el gobierno federal presente una demanda contra la ley de manera que evite que entre en efecto, y segundo, que el Congreso adopte una nueva política migratoria que contemple provisiones para los trabajadores que están en el país, junto con una cuota que permita a los inmigrantes venir legalmente.
-¿Ha tenido al sensación en Washington de que hay la urgencia para seguir ese camino?
-No en este momento, pero seguiremos presionando. Hay gente optimista que piensa que podría darse en enero (después de las elecciones parlamentarias), pero yo rezo porque sea antes.

-¿Teme que el ejemplo de Arizona cunda en el resto del país?
-Ya hay varias iniciativas de ley similares en otros estados. Esa es otra razón por la cual creo que el gobierno federal debe intervenir rápidamente.