Los transgénicos en Chile, "entre silencios y secretismos"
Rivera Westerberg.*
Es en el común ciudadano preocupado o meramente interesado por asuntos ecológicos discutir cuántas hectáreas se destinan en el país a estudios y experimentos con semillas artificialmente modificadas, con exactitud qué semillas se tratan y quién
conoce los resultados de esas investigaciones ...y dónde se aplican.
Sobre lo anterior, se conoció la intención gubernamental de legislar para permitir la introducción de esos productos al mercado consumidor. Con cierto cinismo, lapsus de intención quizá, el proyecto de ley en discusión en la Cámara de Senadores se denomina Derechos de Obtentores Vegetales (no se define el término "obtentores").
La única voz que en esta etapa del proceso de convertir una idiotez criminal en ley que se ha escuchado es la del ex diputado y candidato presidecial Marco Enríquez-Ominami. Dijo: “Es preocupante que la discusión de transgénicos se esté llevando entre silencios y secretismos”.
El proyecto de ley —de aprobarse, primero, y promulgarse, después— permitirá la manipulación genética de especies vegetales, lo que a juicio de ambientalistas pondría en riesgo la semilla nativa, la agricultura orgánica y la competitividad de este sector en el mercado.
Enríquez-Ominami precisó: “En el discurso del 21 de mayo se habló de crear una fiscalía especial para no permitir la competencia desleal contra los pequeños y medianos agricultores, pero por otro lado se está llevando a cabo este proyecto de ley que los afectaría gravemente. Sería mucho más interesante evaluar las inmensas posibilidades de abrir el mercado de la agricultura orgánica a los crecientes mercados, por ejemplo en Europa, en vez de legislar a favor de las transnacionales”.
Previaente el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea había informado que se "aggiornaría" el proyecto para activarlo —se encuentra encajonado en el Senado— con modificaciones que al parecer permitirán la liberación de los transgénicos en el mercado nacional.
Enríquez-Ominami, abocado a la estructuración nacional de un partido-referente político, señaló que el gobierno da "luz verde a un proyecto que es de vital importancia para la salud de los chilenos y el futuro de la agricultura del país.
Chile no puede seguir tomando decisiones sin debate público e informado”.
En Chile, el cultivo de transgénicos es regulado por una dependencia del estatal Servicio Agrícola Ganadero y se permite su desarrollo con fines de exportación. Sin embargo la poca información respecto a la ubicación de estos cultivos y la cantidad de hectáreas destinadas año a año hace que profundizar en la fiscalización sea un asunto complejo y, para usar la expresión del ex candidato presidencia, secretísimo.
Conviene señalar que no pocos países europeos han legislado en orden a no permitir los cultivos de transgénicos con fin de proteger la salud animal —humana y no humana—, ni autorizar la venta de productos alimenticios que no muestren la adecuada información en sus etiquetas o envases.
Más allá del potencial y peligro cierto sobre la biodiversidad que entraña el desarrollo de transgénicos —en regiones de México, por ejemplo, amenazan seriamente variedades de maíz autóctono, lo que fue oportunamente advertido por campesinos y expertos, que no fueron oídos por el gobierno—, lo que está en ésta etapa en juego —y a eso no se refirió en la oportunidad el ex diputado Enríquez-Ominami— es la exigencia primaria del TLC entre Estados Unidos y Chile.
El proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales permitirá la apropiación de la biodiversidad y de técnicas tradicionales de cultivo y tratamiento de semillas, puesto que posibilita la existencia de derechos de propiedad intelectual sobre las especies vegetales, que pudieran registrarse por las compañías transnacionales, provocando daños irreparables a la bíomasa del país.
No se trata, como parece desprenderse del reclamo —por otra parte justificado de Eríquez-Ominami— de una suerte de pugna entre agricultura orgánica y uso de transgénicos (“Estamos de acuerdo con que se legisle con un tema que está en la palestra del mundo entero —dice el ex diputado—, pero no debemos olvidar que aquí está en juego la dicotomía entre la agricultura orgánica y la transgénica”), se trata de algo mucho más trascendente, que es la entrega de suelos y especies a tres o cuatro corporaciones (Monsanto, Carghill, etc...) respsonsables ya de la miseria de cientos de miles de familias campesinas alrededor del mundo.
Tiene razón el dirigente político cuando asevera: "Es importante que el gobierno establezca un gran debate respecto al tema, con información abierta para que decidamos juntos cuál es la opción de Chile respecto al tema”.
Lamentablemente en ésta materia, como en otras, el país se encuentra atado a la letra y espíritu del TLC con Estados Unidos.
* Se agradece la información proporcionada por el periodista Sebastián Molina, de ChileCambio.
Es en el común ciudadano preocupado o meramente interesado por asuntos ecológicos discutir cuántas hectáreas se destinan en el país a estudios y experimentos con semillas artificialmente modificadas, con exactitud qué semillas se tratan y quién
conoce los resultados de esas investigaciones ...y dónde se aplican.
Sobre lo anterior, se conoció la intención gubernamental de legislar para permitir la introducción de esos productos al mercado consumidor. Con cierto cinismo, lapsus de intención quizá, el proyecto de ley en discusión en la Cámara de Senadores se denomina Derechos de Obtentores Vegetales (no se define el término "obtentores").
La única voz que en esta etapa del proceso de convertir una idiotez criminal en ley que se ha escuchado es la del ex diputado y candidato presidecial Marco Enríquez-Ominami. Dijo: “Es preocupante que la discusión de transgénicos se esté llevando entre silencios y secretismos”.
El proyecto de ley —de aprobarse, primero, y promulgarse, después— permitirá la manipulación genética de especies vegetales, lo que a juicio de ambientalistas pondría en riesgo la semilla nativa, la agricultura orgánica y la competitividad de este sector en el mercado.
Enríquez-Ominami precisó: “En el discurso del 21 de mayo se habló de crear una fiscalía especial para no permitir la competencia desleal contra los pequeños y medianos agricultores, pero por otro lado se está llevando a cabo este proyecto de ley que los afectaría gravemente. Sería mucho más interesante evaluar las inmensas posibilidades de abrir el mercado de la agricultura orgánica a los crecientes mercados, por ejemplo en Europa, en vez de legislar a favor de las transnacionales”.
Previaente el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea había informado que se "aggiornaría" el proyecto para activarlo —se encuentra encajonado en el Senado— con modificaciones que al parecer permitirán la liberación de los transgénicos en el mercado nacional.
Enríquez-Ominami, abocado a la estructuración nacional de un partido-referente político, señaló que el gobierno da "luz verde a un proyecto que es de vital importancia para la salud de los chilenos y el futuro de la agricultura del país.
Chile no puede seguir tomando decisiones sin debate público e informado”.
En Chile, el cultivo de transgénicos es regulado por una dependencia del estatal Servicio Agrícola Ganadero y se permite su desarrollo con fines de exportación. Sin embargo la poca información respecto a la ubicación de estos cultivos y la cantidad de hectáreas destinadas año a año hace que profundizar en la fiscalización sea un asunto complejo y, para usar la expresión del ex candidato presidencia, secretísimo.
Conviene señalar que no pocos países europeos han legislado en orden a no permitir los cultivos de transgénicos con fin de proteger la salud animal —humana y no humana—, ni autorizar la venta de productos alimenticios que no muestren la adecuada información en sus etiquetas o envases.
Más allá del potencial y peligro cierto sobre la biodiversidad que entraña el desarrollo de transgénicos —en regiones de México, por ejemplo, amenazan seriamente variedades de maíz autóctono, lo que fue oportunamente advertido por campesinos y expertos, que no fueron oídos por el gobierno—, lo que está en ésta etapa en juego —y a eso no se refirió en la oportunidad el ex diputado Enríquez-Ominami— es la exigencia primaria del TLC entre Estados Unidos y Chile.
El proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales permitirá la apropiación de la biodiversidad y de técnicas tradicionales de cultivo y tratamiento de semillas, puesto que posibilita la existencia de derechos de propiedad intelectual sobre las especies vegetales, que pudieran registrarse por las compañías transnacionales, provocando daños irreparables a la bíomasa del país.
No se trata, como parece desprenderse del reclamo —por otra parte justificado de Eríquez-Ominami— de una suerte de pugna entre agricultura orgánica y uso de transgénicos (“Estamos de acuerdo con que se legisle con un tema que está en la palestra del mundo entero —dice el ex diputado—, pero no debemos olvidar que aquí está en juego la dicotomía entre la agricultura orgánica y la transgénica”), se trata de algo mucho más trascendente, que es la entrega de suelos y especies a tres o cuatro corporaciones (Monsanto, Carghill, etc...) respsonsables ya de la miseria de cientos de miles de familias campesinas alrededor del mundo.
Tiene razón el dirigente político cuando asevera: "Es importante que el gobierno establezca un gran debate respecto al tema, con información abierta para que decidamos juntos cuál es la opción de Chile respecto al tema”.
Lamentablemente en ésta materia, como en otras, el país se encuentra atado a la letra y espíritu del TLC con Estados Unidos.
* Se agradece la información proporcionada por el periodista Sebastián Molina, de ChileCambio.