La Corte Suprema de Honduras expulsa a jueces críticos con el golpe de Estado
Mónica Ceberio Belaza, El País
El presidente, tres magistrados y un defensor público de la de la asociación hondureña Jueces por la Democracia han sido expulsados de la carrera por la Corte Suprema del país, que les ha expedientado por sus manifestaciones y acciones contrarias al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
El alto tribunal, que el día del golpe dijo que las Fuerzas Armadas habían actuado "en defensa del Estado de derecho" y que calificó el golpe como "sucesión constitucional", decidió el pasado 5 de mayo, con el voto favorable de 10 de sus 15 magistrados, los despidos de Guillermo López, Tirza Flores, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez y Osman Fajardo. Dos de ellos, López (presidente de la asociación judicial) y Chévez, iniciarán el lunes una huelga de hambre para protestar por la "situación general de impunidad" que, según sostienen, vive el país ahora presidido por Porfirio Lobo.
Las sanciones han tenido como justificación, según los casos, haberse manifestado en contra del golpe de Estado; haber presentado un recurso de amparo a favor del depuesto presidente Zelaya; o haber escrito un artículo de opinión en un periódico criticando la defensa que hizo la Corte Suprema del golpe.
"Es una sanción puramente política", asegura la magistrada Tirza Flores, de visita estos días en Madrid para contar su caso días antes de la polémica llegada a Madrid del presidente Porfirio Lobo, que finalmente no asistirá a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, pero que sí acudirá, el lunes, a la reunión específica de la UE con Centroamérica.
"La decisión de expulsarnos manda un mensaje claro a los jueces: que no podemos ser independientes y que debemos subordinarnos a la jerarquía de la Corte Suprema. El despido es incomprensible teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el propio Poder Judicial animó a los jueces a manifestarse. Eso sí, a favor del golpe", opina Flores. Un comunicado del 30 de junio de 2009 con sello de la Corte Suprema "invita" a los "funcionarios y empleados del Poder Judicial a participar en la Marcha por la Paz en Honduras" que se celebraba ese día en Tegucigalpa. "No pueden decir que no se puede participar en política y que por eso nos despiden cuando ellos mismos han alentado a los jueces a hacerlo en favor de los golpistas".
Un informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU del pasado 3 de marzo criticaba la actuación de la Corte Suprema (incluyendo, como hizo uno de los jueces expulsados, la definición del golpe como "sucesión constitucional") y los procesos disciplinarios contra los jueces; señalaba que las acciones del alto tribunal arrojaban "dudas sobre su imparcialidad y compromiso con el Estado de derecho" y que "las intervenciones posteriores de la Corte" parecían haber confirmado estas sospechas(refiriéndose a los procesos disciplinarios). El informe concluía constatando la "falta de independencia" de la Corte y el "reto grave" que iba a suponer restablecer su credibilidad y legitimidad".
Jueces por la Democracia tiene 120 socios de unos 600 jueces que hay en el país. "Los compañeros tienen un miedo increíble", afirma Flores. "La Corte ha contribuido a crear el clima de persecución política que se vive hoy en Honduras". Los jueces van a impugnar la decisión. Ante el previsible fracaso del recurso ante el propio tribunal, llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente, tres magistrados y un defensor público de la de la asociación hondureña Jueces por la Democracia han sido expulsados de la carrera por la Corte Suprema del país, que les ha expedientado por sus manifestaciones y acciones contrarias al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
El alto tribunal, que el día del golpe dijo que las Fuerzas Armadas habían actuado "en defensa del Estado de derecho" y que calificó el golpe como "sucesión constitucional", decidió el pasado 5 de mayo, con el voto favorable de 10 de sus 15 magistrados, los despidos de Guillermo López, Tirza Flores, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez y Osman Fajardo. Dos de ellos, López (presidente de la asociación judicial) y Chévez, iniciarán el lunes una huelga de hambre para protestar por la "situación general de impunidad" que, según sostienen, vive el país ahora presidido por Porfirio Lobo.
Las sanciones han tenido como justificación, según los casos, haberse manifestado en contra del golpe de Estado; haber presentado un recurso de amparo a favor del depuesto presidente Zelaya; o haber escrito un artículo de opinión en un periódico criticando la defensa que hizo la Corte Suprema del golpe.
"Es una sanción puramente política", asegura la magistrada Tirza Flores, de visita estos días en Madrid para contar su caso días antes de la polémica llegada a Madrid del presidente Porfirio Lobo, que finalmente no asistirá a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, pero que sí acudirá, el lunes, a la reunión específica de la UE con Centroamérica.
"La decisión de expulsarnos manda un mensaje claro a los jueces: que no podemos ser independientes y que debemos subordinarnos a la jerarquía de la Corte Suprema. El despido es incomprensible teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el propio Poder Judicial animó a los jueces a manifestarse. Eso sí, a favor del golpe", opina Flores. Un comunicado del 30 de junio de 2009 con sello de la Corte Suprema "invita" a los "funcionarios y empleados del Poder Judicial a participar en la Marcha por la Paz en Honduras" que se celebraba ese día en Tegucigalpa. "No pueden decir que no se puede participar en política y que por eso nos despiden cuando ellos mismos han alentado a los jueces a hacerlo en favor de los golpistas".
Un informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU del pasado 3 de marzo criticaba la actuación de la Corte Suprema (incluyendo, como hizo uno de los jueces expulsados, la definición del golpe como "sucesión constitucional") y los procesos disciplinarios contra los jueces; señalaba que las acciones del alto tribunal arrojaban "dudas sobre su imparcialidad y compromiso con el Estado de derecho" y que "las intervenciones posteriores de la Corte" parecían haber confirmado estas sospechas(refiriéndose a los procesos disciplinarios). El informe concluía constatando la "falta de independencia" de la Corte y el "reto grave" que iba a suponer restablecer su credibilidad y legitimidad".
Jueces por la Democracia tiene 120 socios de unos 600 jueces que hay en el país. "Los compañeros tienen un miedo increíble", afirma Flores. "La Corte ha contribuido a crear el clima de persecución política que se vive hoy en Honduras". Los jueces van a impugnar la decisión. Ante el previsible fracaso del recurso ante el propio tribunal, llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
