Gobierno colocará "más candados" para proteger ahorros individuales
La Paz, Abi
El vicepresidente Álvaro García Linera garantizó el miércoles que el Gobierno colocará "más candados" legales para proteger los ahorros de los trabajadores en las cuentas individuales, cuando el Estado, por mandato constitucional, se haga cargo de los fondos de pensiones de más de 1, 2 millones de aportantes.
"Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual", dijo durante una conferencia de prensa en La Paz.
La Constitución promulgada en febrero de 2009 establece que la Administración del Fondo de Pensiones (AFP) tiene que estar a cargo del Estado, explicó el mandatario.
El Estado boliviano tiene contratos vigentes desde finales de 1996 con AFP Previsión, perteneciente al BBVA, y AFP Futuro, del grupo europeo Zúrich Financial Service.
La reforma de pensiones, impulsada por el gobierno del ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), transfirió los fondos de renta y jubilación, de manos del Estado, a administradoras privadas.
"Ha habido una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si las actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos", argumentó.
El mandatario aseguró que el Estado creará un tipo de institucionalidad "seria, con gran capacidad de autonomía" que proteja y vigile la buena administración de los aportes individuales de los trabajadores.
También aseveró que los trabajadores tendrán opciones para elegir, dentro del Estado, la forma de administración de sus ahorros.
"Si uno se siente disconforme con la manera cómo se está usando, primero, pueda llevarlo a otra administradora dentro el Estado o sino reclamar para un cambio de política en la gestión de esos recursos", sostuvo.
El vicepresidente Álvaro García Linera garantizó el miércoles que el Gobierno colocará "más candados" legales para proteger los ahorros de los trabajadores en las cuentas individuales, cuando el Estado, por mandato constitucional, se haga cargo de los fondos de pensiones de más de 1, 2 millones de aportantes.
"Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual", dijo durante una conferencia de prensa en La Paz.
La Constitución promulgada en febrero de 2009 establece que la Administración del Fondo de Pensiones (AFP) tiene que estar a cargo del Estado, explicó el mandatario.
El Estado boliviano tiene contratos vigentes desde finales de 1996 con AFP Previsión, perteneciente al BBVA, y AFP Futuro, del grupo europeo Zúrich Financial Service.
La reforma de pensiones, impulsada por el gobierno del ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), transfirió los fondos de renta y jubilación, de manos del Estado, a administradoras privadas.
"Ha habido una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si las actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos", argumentó.
El mandatario aseguró que el Estado creará un tipo de institucionalidad "seria, con gran capacidad de autonomía" que proteja y vigile la buena administración de los aportes individuales de los trabajadores.
También aseveró que los trabajadores tendrán opciones para elegir, dentro del Estado, la forma de administración de sus ahorros.
"Si uno se siente disconforme con la manera cómo se está usando, primero, pueda llevarlo a otra administradora dentro el Estado o sino reclamar para un cambio de política en la gestión de esos recursos", sostuvo.