Garzón pide 'in extremis' que se declare nula la apertura de su juicio por investigar el franquismo

J. M. LÁZARO / J. A. HERNÁNDEZ - Madrid
Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial decide en estos momentos entre fuertes tensiones y totalmente dividido el futuro del magistrado. De los 21 vocales que forman el Pleno tres se han abstenido de participar en el debate. Se tratan del vicepresidente y miembro del sector conservador Fernando de Rosa y de la progresista Margarita Robles: ambos ya habían anunciado su intención de no participar en las deliberaciones tras ser recusados por Garzón. El tercer vocal que ha decidido abstenerse ha sido el también progresista José Manuel Gómez Benítez.

Sin embargo, la jueza Gemma Gallego sí participa en el Pleno después de que el organismo rechazara la recusación presentada contra ella por Garzón.
Por otro lado, el presidente del Consejo, Carlos Dívar, ha exigido a los vocales presentes que dejen fuera de la sala sus teléfonos móviles, a lo que han accedido.
"Nulos de pleno Derecho
Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Garzón, afirma en su recurso que los tres escritos de acusación presentados por el pseudo sindicato Manos Limpias son nulos de pleno Derecho y por tanto el auto de apertura, que está basado en ellos, es nulo también.

Según el escrito de recurso, el juez Varela intervino en la confección de dichos escritos, que sometió a una labor de 'reelaboración' argumental, al requerir a 'Manos Limpias' que "excluyese" páginas y rúbricas enteras, e incluso que la presentación de un escrito alternativo, ante la invalidez del anterior.
El recurso de la defensa de Garzón esgrime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que asegura que "la obligación del juzgador de no ser 'juez y parte' ni 'juez de la propia causa' supone que el juez no puede asumir funciones de parte ni mantener con las partes relaciones jurídicas".

El pseudo sindicato Manos Limpias quitó de su escrito un total de 53 folios siguiendo las instrucciones del juez Varela e incorporó la afirmación de que Garzón había actuado "a sabiendas", tal como el juez le pidió, "en los términos dispuestos" por Varela.
El recurso concluye pidiendo a Varela que declare nulo su auto de apertura del juicio oral y, en su lugar, archive la causa contra Garzón.

El Poder Judicial, dividido

Salvo algún improbable acuerdo de muy última hora, el juez Baltasar Garzón será suspendido hoy como juez durante el pleno extraordinario que tiene previsto celebrar el Consejo General del Poder Judicial a partir de las once de la mañana. En el orden del día sólo hay un punto: apartar a Garzón del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
En saco roto quedaron ayer los intentos de una parte de los miembros del sector progresista del Poder Judicial de forzar, antes de las once de la mañana de hoy, la celebración de una comisión permanente urgente que autorizase la petición de Garzón de irse en comisión de servicio como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya.

Las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, miembros de la Comisión Permanente del Consejo, hablaron con el presidente, Carlos Dívar, para analizar la posibilidad de convocar una Comisión Permanente antes de las once de la mañana y darle una salida digna al juez autorizándole su marcha a La Haya. Según fuentes del Consejo, Dívar instó a ambas vocales a formular esa petición por escrito. No lo hicieron. Había obstáculos, algunos insalvables, y, además, en el ambiente gravitaba el temor de que en el Tribunal Supremo se entendiese esa acción como un intento de esquivar la ley que obliga a suspender a un juez si, como en este caso, pende sobre él un auto de apertura de juicio oral. Pero, además, no daba tiempo. La citada comisión ha de ser convocada con al menos 24 horas de antelación. Esta pega pudo haberse franqueado si los cinco miembros de la Permanente hubiesen estado de acuerdo en obviar tal plazo, pero no hubo unanimidad.

Además de Dívar, Robles y Lastra, pertenecen a esta comisión los vocales conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado, dos de los siete vocales del grupo del Consejo afín al PP que pidieron por escrito el miércoles la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para apartar a Garzón de su juzgado. Dorado no sólo se opuso a la celebración de una comisión permanente, también avisó a Dívar de que la impugnaría si se convocaba.

Pasadas las ocho de la tarde se dieron por terminados los contactos entre representantes de ambos grupos, con lo que se esfumó la posibilidad de dar una salida digna al magistrado. "Hemos quedado para hoy, a las nueve de la mañana, a tomar café y ver si existe alguna otra fórmula", señalaron fuentes del Consejo.
El Poder Judicial disponía ayer de los cuatro informes solicitados el miércoles para analizar la petición de Garzón de ser trasladado a la Fiscalía de La Haya. Uno de ellos procedía del Ministerio de Asuntos Exteriores, que certificaba que era de "interés para España" la estancia de Garzón en este tribunal internacional.

Tras la jornada de tensiones, lo único que quedó claro ayer es que hoy, a las once de la mañana, se reunirán los 21 vocales del Poder Judicial para ejecutar los efectos colaterales (suspensión de funciones) derivados del auto dictado el miércoles por el juez del Supremo Luciano Varela, en el que decide sentar en el banquillo a Garzón por haber abierto diligencias para investigar los crímenes del franquismo. Si no surge una fórmula de última hora, el pleno de hoy no tendrá otra opción legal que suspender al juez. Y, al tener un único punto del orden del día, no podrá abordar (salvo un improbable acuerdo unánime de los 21 vocales) la petición de Garzón de trabajar en comisión de servicio en la Haya sin el estigma de estar suspendido en España. Fuentes del Consejo señalan que su petición podría analizarse después del pleno de hoy, pero que ello no invalidaría su suspensión de funciones.