Fijan inicio del juicio oral por el caso YPFB-Catler para el próximo 17 de junio
La Paz, Erbol
El Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior de Justicia de La Paz decidió instalar desde el próximo 17 de junio el juicio oral contra Santos Ramírez (foto) y otros acusados de presunta corrupción pública en la firma de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler Uniservice por 86 millones de dólares, para la instalación de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
La información la dio a conocer este miércoles la asesora jurídica de YPFB, Mónica Ramírez, al explicar que el sorteo de los jueces ciudadanos está fijado para el 29 de mayo y la conformación del Tribunal para el 5 de junio.
“Yacimientos ha sido notificado hoy con el acta de apertura de juicio para el 17 de junio en el entendido de que el Tribunal Primero de Sentencia emitió dicha resolución sobre la base de la acusación formal y particular que ha emitido el Ministerio Público y YPFB, respectivamente contra los involucrados”, declaró.
Agregó que se determinó la audiencia de celebración del juicio oral público en cumplimiento a las normativas previstas y vigentes en el país.
En este proceso penal, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Agustín Tomas Melano, Miguel O’Connor D'Arlach, Luis Fernando Córdova Santibáñez, Javier René Navia Doria Medina, Giovanna Navia Doria Medina, Santos Ramírez Valverde, Esther Rosario Carmona Nogales, José Daniel Álvarez Gantier, Julio Anagua Chumasero, Marco Antonio Vega del Carpio, Mauricio Eduardo Ochoa Urioste y Misael Fernando Gemio.
Estas personas son acusadas por los delitos de conducta antieconómica, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, cohecho activo y pasivom entre otros.
La imputación contra los indicados se materializó después de que se produjo en La Paz el asesinato del empresario Jorge O׳Connor D׳arlach, titular de la empresa Catler-Uniservice, en un atraco de 450.000 dólares en efectivo, que supuestamente era transportada para una coima destinada a Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos, quien se encuentra en la cárcel de San Pedro con detención preventiva.
El Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior de Justicia de La Paz decidió instalar desde el próximo 17 de junio el juicio oral contra Santos Ramírez (foto) y otros acusados de presunta corrupción pública en la firma de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler Uniservice por 86 millones de dólares, para la instalación de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
La información la dio a conocer este miércoles la asesora jurídica de YPFB, Mónica Ramírez, al explicar que el sorteo de los jueces ciudadanos está fijado para el 29 de mayo y la conformación del Tribunal para el 5 de junio.
“Yacimientos ha sido notificado hoy con el acta de apertura de juicio para el 17 de junio en el entendido de que el Tribunal Primero de Sentencia emitió dicha resolución sobre la base de la acusación formal y particular que ha emitido el Ministerio Público y YPFB, respectivamente contra los involucrados”, declaró.
Agregó que se determinó la audiencia de celebración del juicio oral público en cumplimiento a las normativas previstas y vigentes en el país.
En este proceso penal, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Agustín Tomas Melano, Miguel O’Connor D'Arlach, Luis Fernando Córdova Santibáñez, Javier René Navia Doria Medina, Giovanna Navia Doria Medina, Santos Ramírez Valverde, Esther Rosario Carmona Nogales, José Daniel Álvarez Gantier, Julio Anagua Chumasero, Marco Antonio Vega del Carpio, Mauricio Eduardo Ochoa Urioste y Misael Fernando Gemio.
Estas personas son acusadas por los delitos de conducta antieconómica, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, cohecho activo y pasivom entre otros.
La imputación contra los indicados se materializó después de que se produjo en La Paz el asesinato del empresario Jorge O׳Connor D׳arlach, titular de la empresa Catler-Uniservice, en un atraco de 450.000 dólares en efectivo, que supuestamente era transportada para una coima destinada a Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos, quien se encuentra en la cárcel de San Pedro con detención preventiva.