Dirigencia de Magisterio llama a huelga contra aumento salarial y acuerdos COB-gobierno
La Paz, Abi
Los líderes del Magisterio de La Paz se jugarán una carta brava desde este lunes con la convocatoria a una huelga indefinida en demanda de un aumento salarial dos veces mayor al 5% dispuesto por el gobierno de Evo Morales y en oposición a los acuerdos de éste con la unitaria Central Obrera Boliviana (COB), a mediados de la semana pasada, luego que en su primer tramo la protesta fuera desacatada en alto porcentaje.
La dirigencia trotkysta del Magisterio urbano de La Paz, que a mediados de junio que viene celebrará elecciones, ha llamado a sus bases a acatar un paro indefinido contra la decisión del gobierno de mantenerla suba salarial propuesta y los acuerdos recientes de la COB, de la que parecía desprenderse, por el carácter autónomo de su decisión, con el gobierno sobre la base de una reforma a la Ley de Pensiones, que implica la reducción en 2 años la edad de jubilación, a los 58 años, y la fórmula de mayor incremento salarial a los que menos ganan.
Los profesores Wilma Plata, Gonzalo Soruco y José Luis Alvarez galvanizan la presión que el gobierno de Morales ha tachado con "contrarrevolucionaria".
El mandatario consideró que el paro indefinido de actividades declarado por el magisterio urbano busca "asesinar" el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.
"Bolivia necesita nuevos profesionales, nuevos estudiantes con mentalidad patriota; no puedo creer que algunos profesores hacen movimientos para golpear, simbólicamente, asesinar (la educación)", dijo el mandatario a los periodistas.
El magisterio urbano del país rompió el diálogo con el Gobierno y declaró una huelga general indefinida el pasado viernes, medida que irá acompañada con marchas de protesta en todas las ciudades capitales del país.
"Lamento mucho que algunos profesores sean enemigos de la educación, enemigos, por tanto, de Bolivia", sentenció el Jefe de Estado.
Asimismo, aclaró que el Gobierno no rompió ningún diálogo.
Morales dijo también estar convencido que un sector directriz del Magisterio usa supuestas reivindicaciones sociales para conspirar contra su Gobierno.
Por su parte el ministro de Educación, Roberto Aguilar, garantizó toda la protección del Estado para aquellos maestros que desacaten la huelga general indefinida del sector, promovida -a su juicio- por una "dictadura sindical" que amenaza a sus bases con represalias y conspira contra la educación pública.
El Ministro aseguró que el paro convocado para el lunes no busca soluciones a las reivindicaciones de los maestros y sólo sirve de escenario para las pugnas electorales de pequeños grupos de dirigentes que se disputan el control sindical del Magisterio, a definirse en junio.
Un dirigente de la Asociación de Padres de Familia, concernida en la protesta, denunció que el Magisterio administra 320.000 bolivianos al mes, fruto de los aportes descontados por nómina a 40.000 maestros en el distrito urbano de La Paz.
"Tengo conocimiento que están usando el mecanismo del veto para presionar, chantajear y obligar a que los maestros suspendan clases. Ese mecanismo de chantaje y presión, que en alguna época se lo llamada dictadura sindical, es una forma no democrática de ejercer el sindicalismo", dijo en una entrevista con los medios estatales de comunicación.
Aguilar explicó que los maestros tienen "terror" al veto sindical, porque, luego, no puede presentarse a una compulsa u otro concurso de méritos profesionales para alcanzar cargos jerárquicos.
"No vamos a permitir que se siga usando este mecanismo antidemocrático y anticonstitucional que viola los derechos de los maestros. Vamos asumir una actitud directa y de defensa de los maestros en el contexto de que decidan trabajar. Si el sindicato afecta sus derechos, el Estado tienen la obligación de protegerlo", sostuvo.
Aguilar dijo que los padres de familia también están decididos a cuidar a los maestros que asistan normalmente a las escuelas públicas, aunque pidió evitar cualquier acto de violencia o enfrentamientos con los dirigentes del Magisterio.
A su juicio, los dirigentes del Magisterio piensan que cuando comienzan un paro de actividades tienen "la sartén por el mango", porque los niños y jóvenes no pueden declararse en huelga de hambre, sin tomar en cuenta que el Estado, las organizaciones sociales y los padres de familia están para proteger la educación pública.
Los líderes del Magisterio de La Paz se jugarán una carta brava desde este lunes con la convocatoria a una huelga indefinida en demanda de un aumento salarial dos veces mayor al 5% dispuesto por el gobierno de Evo Morales y en oposición a los acuerdos de éste con la unitaria Central Obrera Boliviana (COB), a mediados de la semana pasada, luego que en su primer tramo la protesta fuera desacatada en alto porcentaje.
La dirigencia trotkysta del Magisterio urbano de La Paz, que a mediados de junio que viene celebrará elecciones, ha llamado a sus bases a acatar un paro indefinido contra la decisión del gobierno de mantenerla suba salarial propuesta y los acuerdos recientes de la COB, de la que parecía desprenderse, por el carácter autónomo de su decisión, con el gobierno sobre la base de una reforma a la Ley de Pensiones, que implica la reducción en 2 años la edad de jubilación, a los 58 años, y la fórmula de mayor incremento salarial a los que menos ganan.
Los profesores Wilma Plata, Gonzalo Soruco y José Luis Alvarez galvanizan la presión que el gobierno de Morales ha tachado con "contrarrevolucionaria".
El mandatario consideró que el paro indefinido de actividades declarado por el magisterio urbano busca "asesinar" el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.
"Bolivia necesita nuevos profesionales, nuevos estudiantes con mentalidad patriota; no puedo creer que algunos profesores hacen movimientos para golpear, simbólicamente, asesinar (la educación)", dijo el mandatario a los periodistas.
El magisterio urbano del país rompió el diálogo con el Gobierno y declaró una huelga general indefinida el pasado viernes, medida que irá acompañada con marchas de protesta en todas las ciudades capitales del país.
"Lamento mucho que algunos profesores sean enemigos de la educación, enemigos, por tanto, de Bolivia", sentenció el Jefe de Estado.
Asimismo, aclaró que el Gobierno no rompió ningún diálogo.
Morales dijo también estar convencido que un sector directriz del Magisterio usa supuestas reivindicaciones sociales para conspirar contra su Gobierno.
Por su parte el ministro de Educación, Roberto Aguilar, garantizó toda la protección del Estado para aquellos maestros que desacaten la huelga general indefinida del sector, promovida -a su juicio- por una "dictadura sindical" que amenaza a sus bases con represalias y conspira contra la educación pública.
El Ministro aseguró que el paro convocado para el lunes no busca soluciones a las reivindicaciones de los maestros y sólo sirve de escenario para las pugnas electorales de pequeños grupos de dirigentes que se disputan el control sindical del Magisterio, a definirse en junio.
Un dirigente de la Asociación de Padres de Familia, concernida en la protesta, denunció que el Magisterio administra 320.000 bolivianos al mes, fruto de los aportes descontados por nómina a 40.000 maestros en el distrito urbano de La Paz.
"Tengo conocimiento que están usando el mecanismo del veto para presionar, chantajear y obligar a que los maestros suspendan clases. Ese mecanismo de chantaje y presión, que en alguna época se lo llamada dictadura sindical, es una forma no democrática de ejercer el sindicalismo", dijo en una entrevista con los medios estatales de comunicación.
Aguilar explicó que los maestros tienen "terror" al veto sindical, porque, luego, no puede presentarse a una compulsa u otro concurso de méritos profesionales para alcanzar cargos jerárquicos.
"No vamos a permitir que se siga usando este mecanismo antidemocrático y anticonstitucional que viola los derechos de los maestros. Vamos asumir una actitud directa y de defensa de los maestros en el contexto de que decidan trabajar. Si el sindicato afecta sus derechos, el Estado tienen la obligación de protegerlo", sostuvo.
Aguilar dijo que los padres de familia también están decididos a cuidar a los maestros que asistan normalmente a las escuelas públicas, aunque pidió evitar cualquier acto de violencia o enfrentamientos con los dirigentes del Magisterio.
A su juicio, los dirigentes del Magisterio piensan que cuando comienzan un paro de actividades tienen "la sartén por el mango", porque los niños y jóvenes no pueden declararse en huelga de hambre, sin tomar en cuenta que el Estado, las organizaciones sociales y los padres de familia están para proteger la educación pública.