Colombia preelectoral

Hernando Salazar
BBC Mundo, Colombia
La orden de arresto de la justicia ecuatoriana contra el candidato presidencial colombiano Juan Manuel Santos generó un debate sobre la "razón de Estado" que usa Bogotá para justificar el bombardeo en Ecuador al campamento guerrillero de Raúl Reyes.
Por un lado, el gobierno y varios candidatos presidenciales declararon que cuando se invoca una "razón de Estado" no hay lugar para responsabilidades penales como las que se le imputan a Santos y otros observadores le dijeron a BBC Mundo que esas acciones son "legítimas" contra el "terrorismo".

Por el contrario, otros analistas consultados por BBC Mundo consideran que la "razón de Estado" es "maquiavélica" porque pretende poner a los gobiernos por encima de la ética y señalan que hay muchos ejemplos de países que no han invadido a vecinos en la persecución de grupos "terroristas".

Pese a la solidaridad que los demás candidatos presidenciales le han mostrado a Santos, dos de ellos, Antanas Mockus y Gustavo Petro, reiteraron que bajo sus gobiernos no autorizarían una acción como la que permitió Álvaro Uribe el 1 de marzo de 2008.
Ese día, las fuerzas militares colombianas bombardearon un campamento en suelo ecuatoriano que le costó la vida a Reyes, el número tres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a otras 25 personas.

La caída de Reyes, quien era el vocero internacional de las FARC, se convirtió en el mayor éxito del gobierno de Uribe y de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, contra ese grupo armado, nacido en 1964.

El costo de una victoria militar

José Obdulio dice que la acción de Colombia en Ecuador fue tan legítima como la de los aliados en Afganistán que persiguen a los talibanes y a Al-Qaeda.
Pero ese triunfo militar también ha implicado un alto costo político y económico para Colombia, especialmente frente a Ecuador y otros vecinos como Venezuela.
Tras las excusas de Bogotá, el año pasado Ecuador demandó a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y esta semana la justicia ecuatoriana reiteró una orden de captura contra Santos.

El ex ministro está acusado de homicidio, junto a algunos comandantes militares colombianos. Un juez de la provincia de Sucumbíos, donde se produjo el bombardeo, considera que algunas de las víctimas fatales no murieron como producto del bombardeo.
José Obdulio Gaviria, quien fue el más importante asesor de Uribe en la mayor parte de su gobierno de ocho años, considera que el ataque está plenamente justificado en la persecución de un "grupo terrorista que asesina, secuestra y extorsiona en Colombia".
"¿A quién se le ocurre preguntarse si es válido perseguir al más grande grupo terrorista de América Latina –las FARC- en las fronteras donde han establecido santuarios de impunidad?", se pregunta Gaviria.

Según él, esa es la misma "legitimidad" que tienen las fuerzas aliadas que invadieron Afganistán para perseguir a los talibanes y a Al-Qaeda.
Pero otra cosa piensa Mario Madrid-Malo, profesor de derecho constitucional y experto en derechos humanos.

¿Homicidios fuera de combate?

Mario Madrid-Malo afirma que si hubo homicidios fuera de combate en el bombardeo, se quebrantaron tres ordenamientos jurídicos.
"Aquí una sola conducta ha quebrantado diversos ordenamientos. En la hipótesis de que en Sucumbíos haya habido homicidios fuera de combate, estos no solo violan el derecho internacional humanitario, sino el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal ecuatoriano", anota el abogado.

Madrid-Malo dice que la historia está llena de "horribles ejemplos" de lo que sucede en países donde los gobernantes "emplean medios ilícitos con el supuesto fin de proteger la paz social o el orden público".

Y frente al argumento de Gaviria subraya que el gobierno de España nunca invadió a Francia "para perseguir a los miembros del grupo ETA que durante muchos años se refugiaron en ese país".

Por su parte, Cecilia López, congresista del opositor Partido Liberal y miembro de la comisión de relaciones internacionales del Senado, le dijo a BBC Mundo que el gobierno colombiano cree que "el fin justifica los medios".

"Esa filosofía no la comparto. Mataron a Reyes y a otras personas, y eso no solo nos ha generado consecuencias políticas y económicas, sino un gran dolor de cabeza", dijo.
Esta semana, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que la justicia de su país es independiente, pero observó que "tiene la obligación de investigar el tremendo delito que ocurrió el 1 de marzo de 2008 en suelo ecuatoriano".
Y mientras continúa el debate sobre la "razón de Estado", no se sabe en qué terminará el proceso penal emprendido en Ecuador contra Santos. Tampoco si lo afectará o beneficiará en las votaciones del 30 de mayo, en las que, según las más recientes encuestas, está empatado con Mockus.