Tras elecciones, Bolivia ingresa de lleno a proceso de autonomías
Adalid Cabrera Lemuz, Abi
Tras la realización de las elecciones regionales, que se celebran el domingo 4 de abril, Bolivia ingresará de lleno a una imparable administración autonómica establecida en la Constitución Política del Estado, aseguró el sábado el ministro de Autonomías, Carlos Romero Bonifaz.
Poco más de cinco millones de bolivianos han sido habilitados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para que emitan su voto en los comicios en los que elegirán a los nueve gobernadores de los departamentos, 337 Alcaldes, 267 asambleístas departamentales, además de 1.855 concejales Municipales. En total son 2.502 cargos que están en disputa.
Romero explicó que si bien los bolivianos ya habían ganado el derecho de elegir a sus Prefectos por el voto directo, ahora los gobernadores a ser elegidos estarán acompañados de Asambleas Departamentales que saldrán de las urnas con capacidad de legislar para sustentar la administración autonómica.
En realidad la nueva Carta Magna, promulgada en febrero de 2009 por el presidente Evo Morales Ayma, da viabilidad jurídica al proceso autonómico para llevar adelante una inédita descentralización administrativa en América Latina, dijo.
El Ministro resaltó que "el proceso autonómico boliviano es imparable e irreversible y fortalecerá el proceso democrático porque las regiones contarán con un instrumento legal para definir procesos de desarrollo en coordinación con la administración central".
El Presidente Morales había destacado con reiteración este proceso porque se dará curso a autonomías departamentales, Municipales, Regionales e Indígenas, a fin de que todos los ciudadanos cuenten con este instrumento para definir sus respectivos programas de desarrollo.
Morales explicó que este proceso es incluyente y no excluyente como las autonomías planteadas en el pasado por grupos de poder económico y cívico en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando que exigían solamente la vigencia de autonomías departamentales.
El Jefe de de Estado sostuvo que esas autonomías iban a estar solamente al servicio de los grupos de poder regional, mientras que actual propuesta es que todos los sectores puedan contar con autonomías para proponer sus reivindicaciones regionales.
Morales destacó que este proceso autonómico ha merecido el apoyo del 61 por ciento de los ciudadanos que apoyaron en un referéndum la vigencia de la nueva Carta Magna a principios de 2009.
La capacidad de legislar también la tendrán los Concejos Municipales, algo parecido a lo que sucede en las legislaciones de Sudáfrica y Brasil
Empero, el modelo autonómico boliviano también otorgará a las Alcaldías la capacidad de legislar, algo que actualmente sólo ocurre en Brasil y Sudáfrica, con el aditamento de que la legislación boliviana incluye las autonomías indígenas. Es así que en las Asambleas Legislativas estarán 23 representes de los pueblos indígenas.
Romero aseveró que igualmente el proceso autonómico de Bolivia cuenta con canales de descentralización más avanzados que los que se desarrollan en Perú, Ecuador y Colombia.
La demanda autonómica en Bolivia ha devenido de varios años antes, aunque con diversos ingredientes, al punto que los grupos de poder económico y cívico de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando intentaron viabilizarla, pero derivaron en la conformación de un frente opositor lejano de coordinar las acciones de desarrollo con el Gobierno del presidente Evo Morales.
Ese posicionamiento fue interpretado como un afán separatista de Bolivia.
La confrontación planteada llegó al punto de que, después de la realización de un referéndum revocatorio de autoridades en el que el presidente Morales fue ratificado por la amplia mayoría de la población (67 por ciento), en las regiones autodenominadas "autonomistas" llevaron adelante acciones de violencia para cuestionar el mandato Presidencial.
Esas acciones alcanzaron su punto más grave cuando a mediados de septiembre grupos de paramilitares que respondían al mando del entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, masacraron a más de una decena de campesinos que realizaban una marcha en demanda de reivindicaciones.
Después de esas confrontaciones y la toma de decisiones por parte del Gobierno para poner fin a esa escalada opositora y desestabilizadora de la democracia, a fines de 2008 en un diálogo realizado en Cochabamba se optó por dar curso a autonomías que incluyan a todos los ciudadanos y no solamente a ciertos grupos.
Además las autonomías incluidas en la Carta Magna impiden que los gobiernos departamentales hagan uso y tomen definiciones a su albedrío sobre el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus regiones, una vez que éstos deben formar parte de decisiones nacionales.
Esa decisión se sustenta en que no todas las regiones son poseedoras de ingentes recursos naturales, por lo que la entrega de las definiciones sobre el uso de los recursos naturales a los gobiernos regionales podría generar un crecimiento económico desigual, cuando el espíritu está dirigido a promover un desarrollo solidario.
Poco más de cinco millones de bolivianos han sido habilitados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para que emitan su voto en los comicios en los que elegirán a los nueve gobernadores de los departamentos, 337 Alcaldes, 267 asambleístas departamentales, además de 1.855 concejales Municipales. En total son 2.502 cargos que están en disputa.
Romero explicó que si bien los bolivianos ya habían ganado el derecho de elegir a sus Prefectos por el voto directo, ahora los gobernadores a ser elegidos estarán acompañados de Asambleas Departamentales que saldrán de las urnas con capacidad de legislar para sustentar la administración autonómica.
En realidad la nueva Carta Magna, promulgada en febrero de 2009 por el presidente Evo Morales Ayma, da viabilidad jurídica al proceso autonómico para llevar adelante una inédita descentralización administrativa en América Latina, dijo.
El Ministro resaltó que "el proceso autonómico boliviano es imparable e irreversible y fortalecerá el proceso democrático porque las regiones contarán con un instrumento legal para definir procesos de desarrollo en coordinación con la administración central".
El Presidente Morales había destacado con reiteración este proceso porque se dará curso a autonomías departamentales, Municipales, Regionales e Indígenas, a fin de que todos los ciudadanos cuenten con este instrumento para definir sus respectivos programas de desarrollo.
Morales explicó que este proceso es incluyente y no excluyente como las autonomías planteadas en el pasado por grupos de poder económico y cívico en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando que exigían solamente la vigencia de autonomías departamentales.
El Jefe de de Estado sostuvo que esas autonomías iban a estar solamente al servicio de los grupos de poder regional, mientras que actual propuesta es que todos los sectores puedan contar con autonomías para proponer sus reivindicaciones regionales.
Morales destacó que este proceso autonómico ha merecido el apoyo del 61 por ciento de los ciudadanos que apoyaron en un referéndum la vigencia de la nueva Carta Magna a principios de 2009.
La capacidad de legislar también la tendrán los Concejos Municipales, algo parecido a lo que sucede en las legislaciones de Sudáfrica y Brasil
Empero, el modelo autonómico boliviano también otorgará a las Alcaldías la capacidad de legislar, algo que actualmente sólo ocurre en Brasil y Sudáfrica, con el aditamento de que la legislación boliviana incluye las autonomías indígenas. Es así que en las Asambleas Legislativas estarán 23 representes de los pueblos indígenas.
Romero aseveró que igualmente el proceso autonómico de Bolivia cuenta con canales de descentralización más avanzados que los que se desarrollan en Perú, Ecuador y Colombia.
La demanda autonómica en Bolivia ha devenido de varios años antes, aunque con diversos ingredientes, al punto que los grupos de poder económico y cívico de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando intentaron viabilizarla, pero derivaron en la conformación de un frente opositor lejano de coordinar las acciones de desarrollo con el Gobierno del presidente Evo Morales.
Ese posicionamiento fue interpretado como un afán separatista de Bolivia.
La confrontación planteada llegó al punto de que, después de la realización de un referéndum revocatorio de autoridades en el que el presidente Morales fue ratificado por la amplia mayoría de la población (67 por ciento), en las regiones autodenominadas "autonomistas" llevaron adelante acciones de violencia para cuestionar el mandato Presidencial.
Esas acciones alcanzaron su punto más grave cuando a mediados de septiembre grupos de paramilitares que respondían al mando del entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, masacraron a más de una decena de campesinos que realizaban una marcha en demanda de reivindicaciones.
Después de esas confrontaciones y la toma de decisiones por parte del Gobierno para poner fin a esa escalada opositora y desestabilizadora de la democracia, a fines de 2008 en un diálogo realizado en Cochabamba se optó por dar curso a autonomías que incluyan a todos los ciudadanos y no solamente a ciertos grupos.
Además las autonomías incluidas en la Carta Magna impiden que los gobiernos departamentales hagan uso y tomen definiciones a su albedrío sobre el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus regiones, una vez que éstos deben formar parte de decisiones nacionales.
Esa decisión se sustenta en que no todas las regiones son poseedoras de ingentes recursos naturales, por lo que la entrega de las definiciones sobre el uso de los recursos naturales a los gobiernos regionales podría generar un crecimiento económico desigual, cuando el espíritu está dirigido a promover un desarrollo solidario.