Argentina podría investigar crímenes del franquismo
Veronica Smink, BBC Mundo, Argentina
Ante una corte de Buenos Aires se presentó una querella por "genocidio y delitos de lesa humanidad".
La justicia de Argentina deberá decidir si acepta llevar a juicio los crímenes del franquismo en España.
Este miércoles dos familiares de víctimas de la Guerra Civil española, que residen en el país sudamericano, presentaron una querella por "genocidio y delitos de lesa humanidad" ante una corte de Buenos Aires.
La demanda busca que se juzgue los fusilamientos de tres ciudadanos españoles, pero también pide que se investiguen los crímenes ocurridos en España desde el alzamiento militar de Francisco Franco, en 1936, hasta la celebración de las elecciones democráticas, en 1977.
La querella es apoyada por algunas de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Argentina, incluyendo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia, presidido por el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
Una deuda histórica
La querella es apoyada por organizaciones de derechos humanos de Argentina.
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le dijo a BBC Mundo que la demanda busca saldar una deuda histórica que Argentina mantiene con el país ibérico.
"Como organismo de derechos humanos sentimos la necesidad de ser recíprocos con el pueblo español, que tanto nos ayudó a través de la Justicia en los momentos en que en Argentina teníamos las "leyes de impunidad" que nos impedían juzgar a los responsables del genocidio durante el terrorismo de Estado", señaló, en alusión al régimen militar que estuvo en poder en Argentina entre 1976 y 1983.
Los querellantes piden que la Cámara Federal de Argentina aplique el principio de la "jurisdicción universal", que permitió a la justicia de España llevar a juicio a los responsables de los abusos durante los regimenes militares de Argentina y Chile.
Carlotto afirmó que la iniciativa también es un apoyo tácito al juez español Baltasar Garzón, quien enfrenta en su país un juicio por prevaricato por presuntamente haberse excedido en sus competencias al investigar los crímenes del franquismo.
Según Garzón, por ser crímenes de lesa humanidad, quedan excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977.
En cambio, para Manos Limpias, la organización de derecha que denunció a Garzón, esos abusos estaban cubiertos por la ley de 1977.
La amnistía perdonó a los responsables de crímenes políticos cometidos por ambos bandos y fue considerada una decisión necesaria para lograr una transición exitosa del régimen militar a la democracia en España.
Apoyo
Los expertos legales estiman que la jueza María Servini de Cubría, quien estará a cargo del caso, podría tardar cerca de un mes en definir si lleva adelante la causa.
De acuerdo con Carlotto, en el pasado la magistrada se mostró favorable a perseguir otros crímenes de lesa humanidad ocurridos en Argentina.
A pesar de que el gobierno argentino no se ha pronunciado sobre el tema, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo -quien es cercana al Poder Ejecutivo- descontó sumar el apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Carlotto también descartó que este caso pueda generar un roce entre Argentina y España, y afirmó que muchos ciudadanos españoles han mostrado interés en sumarse a la querella, que podrá seguir sumando denunciantes.
La causa
El caso presentado ante la Justicia argentina es instigado por el abogado argentino, Carlos Slepoy.
El caso presentado ante la justicia argentina este miércoles es instigado por un abogado argentino que reside en España, Carlos Slepoy, quien representó en Madrid a los familiares de las víctimas del régimen militar argentino.
Según Slepoy, sectores de la justicia española que están "ideológica y políticamente de acuerdo con el franquismo" se han negado a investigar los crímenes de ese período.
Slepoy, junto con un grupo de letrados especializados en derechos humanos, representa a Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, españoles residentes en Argentina, que piden que se investiguen los crímenes de sus familiares durante el franquismo.
Rivas Cando, representante de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, pide justicia por el fusilamiento de su padre, Severino Rivas Barja, en 1936.
En tanto, Holgado reclama por que se esclarezcan las muertes de su abuelo, Elías García Holgado, y de su tío, Luis García Holgado.
Además de estos casos particulares, los demandantes solicitan que la justicia argentina recabe "los nombres y último domicilio conocido" de los miembros de los Consejos de Ministros de los gobiernos del Estado español, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Armada, los directores generales de Seguridad y los dirigentes de Falange Española, que actuaron entre 1936 y 1977.
Ante una corte de Buenos Aires se presentó una querella por "genocidio y delitos de lesa humanidad".
La justicia de Argentina deberá decidir si acepta llevar a juicio los crímenes del franquismo en España.
Este miércoles dos familiares de víctimas de la Guerra Civil española, que residen en el país sudamericano, presentaron una querella por "genocidio y delitos de lesa humanidad" ante una corte de Buenos Aires.
La demanda busca que se juzgue los fusilamientos de tres ciudadanos españoles, pero también pide que se investiguen los crímenes ocurridos en España desde el alzamiento militar de Francisco Franco, en 1936, hasta la celebración de las elecciones democráticas, en 1977.
La querella es apoyada por algunas de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Argentina, incluyendo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia, presidido por el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
Una deuda histórica
La querella es apoyada por organizaciones de derechos humanos de Argentina.
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le dijo a BBC Mundo que la demanda busca saldar una deuda histórica que Argentina mantiene con el país ibérico.
"Como organismo de derechos humanos sentimos la necesidad de ser recíprocos con el pueblo español, que tanto nos ayudó a través de la Justicia en los momentos en que en Argentina teníamos las "leyes de impunidad" que nos impedían juzgar a los responsables del genocidio durante el terrorismo de Estado", señaló, en alusión al régimen militar que estuvo en poder en Argentina entre 1976 y 1983.
Los querellantes piden que la Cámara Federal de Argentina aplique el principio de la "jurisdicción universal", que permitió a la justicia de España llevar a juicio a los responsables de los abusos durante los regimenes militares de Argentina y Chile.
Carlotto afirmó que la iniciativa también es un apoyo tácito al juez español Baltasar Garzón, quien enfrenta en su país un juicio por prevaricato por presuntamente haberse excedido en sus competencias al investigar los crímenes del franquismo.
Según Garzón, por ser crímenes de lesa humanidad, quedan excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977.
En cambio, para Manos Limpias, la organización de derecha que denunció a Garzón, esos abusos estaban cubiertos por la ley de 1977.
La amnistía perdonó a los responsables de crímenes políticos cometidos por ambos bandos y fue considerada una decisión necesaria para lograr una transición exitosa del régimen militar a la democracia en España.
Apoyo
Los expertos legales estiman que la jueza María Servini de Cubría, quien estará a cargo del caso, podría tardar cerca de un mes en definir si lleva adelante la causa.
De acuerdo con Carlotto, en el pasado la magistrada se mostró favorable a perseguir otros crímenes de lesa humanidad ocurridos en Argentina.
A pesar de que el gobierno argentino no se ha pronunciado sobre el tema, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo -quien es cercana al Poder Ejecutivo- descontó sumar el apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Carlotto también descartó que este caso pueda generar un roce entre Argentina y España, y afirmó que muchos ciudadanos españoles han mostrado interés en sumarse a la querella, que podrá seguir sumando denunciantes.
La causa
El caso presentado ante la Justicia argentina es instigado por el abogado argentino, Carlos Slepoy.
El caso presentado ante la justicia argentina este miércoles es instigado por un abogado argentino que reside en España, Carlos Slepoy, quien representó en Madrid a los familiares de las víctimas del régimen militar argentino.
Según Slepoy, sectores de la justicia española que están "ideológica y políticamente de acuerdo con el franquismo" se han negado a investigar los crímenes de ese período.
Slepoy, junto con un grupo de letrados especializados en derechos humanos, representa a Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, españoles residentes en Argentina, que piden que se investiguen los crímenes de sus familiares durante el franquismo.
Rivas Cando, representante de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, pide justicia por el fusilamiento de su padre, Severino Rivas Barja, en 1936.
En tanto, Holgado reclama por que se esclarezcan las muertes de su abuelo, Elías García Holgado, y de su tío, Luis García Holgado.
Además de estos casos particulares, los demandantes solicitan que la justicia argentina recabe "los nombres y último domicilio conocido" de los miembros de los Consejos de Ministros de los gobiernos del Estado español, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Armada, los directores generales de Seguridad y los dirigentes de Falange Española, que actuaron entre 1936 y 1977.