OEA: Bolivia desenmascara a supuestos perseguidos
La Paz, ABIEl Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia aclaró ayer ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Manfred Reyes Villa no es ningún perseguido político.
El ex prefecto de Cochabamba y ex candidato a la Presidencia del país acudió ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a pedir garantías para su vida porque, presuntamente, es un perseguido político del gobierno del presidente Evo Morales.
Ante ello, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, en ocasión de presentar los avances del país en materia anticorrupción señaló que en Bolivia no existen perseguidos políticos y que la democracia está consolidada.
A la vez, aclaró que Reyes Villa fue alcalde y prefecto de Cochabamba, y en el ejercicio de estas funciones causó un tremendo daño económico al país.
Suxo explicó que hay personas que han hecho mucho daño, que cometieron actos de corrupción en Bolivia y han venido a manifestar a la Comisión de Derechos Humanos que son víctimas, que son perseguidos políticos, cuando en la realidad no es así.
“Yo les quiero comentar el caso de una ex autoridad que fue alcalde, prefecto, persona de confianza de (Luis) García Meza, un ex dictador, y a través de los cargos que ocupó provocó un daño económico al país de más de 22 millones de dólares”, señaló la Ministra de Transparencia.
Durante su intervención ante el pleno, Suxo explicó que Manfred Reyes está en Estados Unidos viviendo en un apartamento de lujo y además acudió a los organismos interamericanos a pedir protección.
“La pregunta es, ¿vamos a proteger a personas que han dejado sin caminos, sin escuelas, hospitales a gente que necesita de estas facilidades?, expresó.
De acuerdo con la declaración de la Ministra anticorrupción, denuncias sobre supuestas persecuciones tienen que ser seriamente analizadas, porque no se puede permitir que se utilicen los sistemas de protección de los derechos humanos para proteger y dejar en la impunidad hechos de corrupción.
“En Estados Unidos hay mucha gente que está en calidad de refugiada, sin embargo, tiene mucho que responder ante la justicia boliviana; nos preocupa y nos extraña que teniendo cuentas pendientes se hagan pasar por supuestos perseguidos políticos”, agregó Suxo.
En criterio de la autoridad estatal, se habla mucho de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción, pero como país, Bolivia quiere resultados concretos.
Entre tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció la posibilidad de que algunos ex funcionarios públicos comprometidos con actos de corrupción se hagan pasar por víctimas y se presenten como perseguidos políticos. “Sin embargo, también pueden haber casos en los que el Estado o el Gobierno utilice leyes anticorrupción para acusar a personas por otras razones”, señaló.
La máxima autoridad del organismo regional valoró la explicación del ministra Suxo y mencionó que será tomada en cuenta a la hora de evaluar otras denuncias.
Insulza también aprovechó la presencia de la autoridad boliviana para recomendar, como autoridad de la OEA, el urgente saneamiento del sistema judicial.
Suxo presenta informe a organismo
En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo Iturry, informó de los avances del Estado Plurinacional de Bolivia en la lucha contra la corrupción.
La autoridad manifestó que todas las acciones que desarrolla Bolivia para combatir el flagelo de la corrupción están basadas en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
En la oportunidad, Suxo destacó la permanente construcción de instrumentos como la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Programa de Transparencia en la gestión pública, el Programa de Rendición Pública de Cuentas y el Programa de Municipios Transparentes.
La Ministra aclaró, además, que Bolivia no contaba con legislación específica contra la corrupción, sin embargo, ya se dieron pasos importantes y se aguarda la promulgación de la Ley Anticorrupción, Investigación de Fortunas y Enriquecimiento Ilícito Marcelo Quiroga Santa Cruz, proyecto de ley que ha sido aprobado en grande y en detalle en La Asamblea Legislativa Plurinacional.
En este proyecto, agregó, se establecen varios aspectos de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, como el hecho de garantizar la protección de denunciantes y testigos, la ampliación de las atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras, y la extinción del Secreto Bancario. Cambio. Contrabando de GLP a Perú rebasa el control aduanero
Economía
Marlene Ardaya dijo que ni la Aduana peruana puede frenar el contrabando del producto que sale de Bolivia.
El contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) rebasa el control aduanero en las regiones fronterizas de alto tráfico comercial, como Desaguadero, que se vincula con la localidad peruana de Yunguyo.
Según la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, el contrabando de combustibles como el GLP es una de las principales problemáticas que se está planteando superar con el reemplazo de los jefes del Control Operativo Aduanero (COA), como brazo operativo de la Aduana.
Ardaya dijo que la administración aduanera en el lado peruano, Yunguyo, admitió que es difícil controlar el tráfico ilícito de las garrafas de GLP que ingresan desde Bolivia.
“En el lado peruano, Desaguadero específicamente, admiten que ni ellos mismos pueden controlar (el contrabando de GLP)”, manifestó la presidenta de la ANB.
En ese sentido, de acuerdo con Ardaya, las autoridades aduaneras de ambos países quedaron en reunirse pronto para establecer mecanismos de control más efectivos a través de la implementación de la Aduana Binacional.
La práctica del contrabando de garrafas de GLP de petróleo es un delito penal público establecido mediante el Decreto 29158, que considera actividades ilícitas el transporte del producto en horarios y áreas no establecidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), comercializarla en envases o bajo las normas no autorizadas para el efecto, trasvalijar a otro envase, vender a menor peso o con la calidad alterada, entre otras acciones.
Ardaya no pudo precisar cuántas garrafas de GLP, en promedio, son desviadas diariamente al contrabando, aunque aclaró que la cuantificación se realiza de manera coordinada con autoridades de la ANH.
“Estamos reuniéndonos también con la ex Superintendencia de Hidrocarburos para ver aquello”, agregó la autoridad de la ANB.
Datos oficiales dan cuenta de que cada garrafa de GLP que sale del país se comercializa hasta en 80 bolivianos en Perú y más de 100 bolivianos en Brasil.
ESCASEZ
En las últimas semanas se evidenció, tanto en las ciudades de La Paz como en Cochabamba, una leve escasez del combustible, que generó largas filas y bloqueos en algunas calles y avenidas donde no llegaba el gas licuado.
Según el Gobierno, los buses, minibuses, taxis y fundamentalmente los micros del transporte público de La Paz consumen alrededor del 60% del GLP destinado mensualmente a los hogares.
En ese marco, se planteó la urgente necesidad de comenzar de manera inmediata la reconversión vehicular al uso del gas natural, que arrancará en abril.
