Huyó Fortún, ¿quién sigue?

A la ya larga lista de políticos prófugos con cuentas pendientes con la justicia boliviana se sumó hace 10 días el dirigente de Acción Democrática Nacionalista (ADN), ex presidente de la Cámara de Senadores, ex ministro de Gobierno y hoy candidato a la Alcaldía de La Paz, Guillermo Fortún Suárez, quien, ante las acusaciones de manejo discrecional de millones de bolivianos de los gastos reservados —por lo tanto de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias— que pesan en su contra, optó por escapar del país.

La información de la huida del otrora poderoso e influyente político adenista fue comunicada por su hija Ximena, quien dijo que su padre “se autoexilió para velar por su integridad y derechos constitucionales”, y matizó: “Papá ya no se encuentra en este país, se ha declarado víctima del Estado Plurinacional”.

Además, en una carta entregada a los medios de comunicación, el nuevo prófugo de la justicia boliviana denuncia que el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional “están abusando del poder conferido por los ciudadanos” y agrega que “los fiscales del recién instaurado Estado Plurinacional están iniciando procesos judiciales apoyados en la simple denuncia, violando derechos elementales de las personas, como el debido proceso, el derecho a la defensa y a recibir justicia”.
Respecto de las denuncias que pesan en su contra, Fortún argumenta: “He sido burda e injustamente acusado de manejar fondos estatales de manera ilegal. Los gastos reservados, en todo el tiempo que rigió la democracia y la ley en Bolivia, eran recursos presupuestados de manera legal y sujetos a norma expresa”.

Según Fortún, “los parlamentarios están aprobando leyes que tienen el único propósito de enviar a la cárcel a cualquier persona que hubiere formado parte de los gobiernos elegidos democráticamente antes de 2005”. Y fiel a su falaz conducta evocó: “Pido el perdón de Dios, nuestro creador, para los verdugos de la democracia, y justicia para los inocentes”.

Sin embargo, las acusaciones en contra de Fortún no parten del gobierno del presidente Evo Morales, sino del Ministerio Público. Es su ex dependiente, Peter Sueldo, quien aseguró que entregó 18 millones de bolivianos —contantes y sonantes— de los gastos reservados al otrora todopoderoso político adenista. Y es con base en esta declaración que el fiscal anticorrupción Félix Peralta citó al ex ministro de Gobierno de Hugo Banzer (†) para que comparezca este 5 de abril, un día después de las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales municipales y autoridades regionales.

En ese marco, ¿alguien podrá creer que Fortún es ‘víctima’ de persecución política y que se trata de una inocente paloma cuya ‘virginal’ conducta es hoy puesta en cuestión por intereses políticos, tal como refiere en su carta pública?
Los hechos señalan que Fortún no sólo debe explicar al país el destino de esos 18 millones de bolivianos (2,5 millones de dólares) desviados de los gastos reservados, sino de los crímenes de la dictadura del septenio que lideró Banzer, su mentor y protector, quien murió impune el año 2002.

La Asociación de Familiares de Desaparecidos, Detenidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) calcula que existen aún 110 desaparecidos de las dictaduras militares entre 1964 y 1982, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia tiene registrados más de 10.000 casos de violación de los derechos humanos entre 1971 y 2005.

La sola dictadura banzerista —de la que fue parte Fortún— dejó un saldo de 2.000 muertos durante el golpe de Estado, 468 muertos en el periodo sucesivo, 70 desaparecidos, 14.000 confinados y 6.000 exiliados. Entonces, el hoy prófugo de la justicia boliviana descaradamente miente cuando afirma que se “exilió para velar por su integridad y derechos constitucionales”, y su falacia cobra dimensiones estratosféricas cuando afirma que “los gastos reservados, en todo el tiempo que rigió la democracia y la ley en Bolivia eran recursos presupuestados de manera legal y sujetos a norma expresa”.

Si bien el monto de esos recursos era aprobado por el hoy extinto Congreso Nacional —al menos 1.500 millones de bolivianos entre 1989 y 2005—, su utilización carecía de mecanismos de control fiscal, lo que allanó el despilfarro de recursos públicos por parte de políticos que hicieron del Estado su fuente de enriquecimiento ilícito.
Y cuando dice que la democracia y la ley no rigen hoy en Bolivia, Fortún miente nuevamente porque con esa declaración intenta ocultar su pasado dictatorial, o tal vez añora la ‘democracia’ que cuoteaba el Estado entre políticos de su misma línea, que aprobaba generosos gastos reservados, reprimía toda expresión de rebeldía del pueblo, enajenaba los recursos naturales y propiciaba el saqueo de la patria.
Es que la ‘democracia’ que reivindica Fortún es la que sacó de la pobreza a una sarta de políticos corruptos, es la misma que cuoteó el Poder Judicial y violó los más elementales derechos humanos.

“Mi partido me dio muchas cosas en la vida, me ayudó a conseguir mucho, y si mi partido me pide que haga esto, yo lo hago por mi partido y por mi militancia”, confesó Fortún en enero, cuando anunció su intención de postularse a la Alcaldía de La Paz. Es que, al amparo del viejo sistema político, corrupto y prebendal, Fortún y muchos otros “consiguieron mucho en la vida”. Sí, mucho dinero, mientras sus políticas antinacionales sembraban Bolivia de millones de pobres.

En ese contexto, corresponde a las autoridades jurisdiccionales asumir plenamente su responsabilidad ante la sociedad. De lo contrario, después de los ex ministros de Goni, Asbún, Reyes Villa y ahora Fortún, ¿quién seguirá? (Editorial Cambio).

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