Exigen reclusión de 30 años para ex prefecto de Pando por masacre de Porvenir

Por Adalid Cabrera Lemuz La Paz, Abi
Los familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir exigirán una condena de 30 años de reclusión para el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros acusados por la masacre de Porvenir debido a la gravedad de los delitos cometidos, dijo el miércoles Mary Carrasco, abogada de la parte acusadora.

Carrasco señaló que una vez que se ha establecido que el juicio se iniciará el 4 de mayo, no existen razones jurídicas para que sufra interrupciones que dilaten su desarrollo.

Explicó que los abogados de las víctimas presentarán las pruebas y los testigos del hecho para inculpar a Fernández y los otros imputados por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, asesinato y otros, para los que el Código Penal establece condenas de 30 años de reclusión.

"Seguramente los acusados presentarán sus descargos y su estrategia será de dilación del proceso con la presentación de incidentes jurídicos, pero la parte acusadora está preparada para rehuir todos esos argumentos", anotó.

Carrasco dijo que la defensa del ex prefecto de Pando ha exigido que sea procesado bajo la Ley de Responsabilidades, dada su condición de ex autoridad, pero la gravedad de los delitos muestra que debe someterse a procesos judiciales ordinarios.

Señaló que junto a Fernández hay 27 acusados, algunos de los cuales han huido a localidades brasileñas fronterizas, desde donde ingresan para participar en las consultas electorales.

"Todos han sido notificados de su condición de procesados y, en caso de que no se presenten a declarar y no asistan al juicio, serán sometidos a lo que la Ley establece", anotó Carrasco.

En la actualidad Fernández está recluido en forma preventiva en el penal de San Pedro de La Paz en espera del inicio del juicio. Sus abogados han trazado una estrategia para mostrarlo como "víctima" y han exigido su libertad.

De acuerdo con la decisión de la justicia, el proceso se realizará en La Paz y no en Cobija, como exigieron los acusados.

Más de una decena de campesinos fueron muertos y decenas están desaparecidos cuando el 11 de septiembre grupos paramilitares, que respondían al mando de la Prefectura de Pando dirigida por Fernández, se trasladaron a la localidad de Porvenir fuertemente armados en vehículos del Servicio de Caminos de ese departamento (SEDCAM).

Los campesinos realizaban una marcha pacífica para reunirse y analizar temas de la coyuntura regional, especialmente relacionada con la usurpación de tierras por parte de latifundistas.

El ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que en el departamento de Pando operaban grupos de poder económico y de latifundistas que se adjudicaron ilegalmente grandes extensiones de tierras durante las dictaduras y los gobiernos neoliberales que explotaban irracionalmente los bosques.

Quintana subrayó que la falta de la presencia permanente del Estado en algunas zonas inaccesibles de este departamento amazónico, fronterizo con Brasil, hizo que los latifundistas establecieran en la zona una suerte de Estado paralelo.

A ello se sumó que grupos familiares llegaron a ocupar las instituciones estatales en Pando, en las que desarrollaron el nepotismo y el uso abusivo de los recursos del Estado.

Carrasco señaló que el juicio contra Fernández y otros acusados por la masacre de Porvenir sentará un precedente para evitar la sucesión de estos hechos en otras regiones donde grupos de poder económico ligados a las concesiones forestales utilizaron los recursos naturales en su propio beneficio, al punto de vender tierras a extranjeros.

La Constitución Política del Estado prohíbe la venta de tierras a extranjeros a 50 kilómetros de la frontera.

La masacre de Porvenir fue uno de los hechos desatados por grupos políticos opositores al Gobierno del presidente Evo Morales, quien había ganado en agosto de 2008 un referéndum revocatorio con el 67 por ciento del voto ciudadano.

Morales denunció entonces que la oposición disconforme con los resultados de la consulta había preparado un golpe cívico-prefectural a cargo de autoridades que estaban a cargos de los gobiernos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Dijo que ese movimiento de desestabilización contaba con el respaldo hasta de la embajada de Estados Unidos, cuyo responsable, Philip Goldberg, fue posteriormente expulsado de Bolivia por esos hechos.

Para enfrentar la conspiración en Pando, Morales dictó el Estado de Sitio y anunció su decisión de procesar a los responsables de la matanza de campesinos.

Las investigaciones realizadas por una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), conformada por 12 países de Suramérica, confirmó que la masacre fue planificada y ejecutada por funcionarios de la Prefectura de Pando bajo la responsabilidad intelectual de Leopoldo Fernández.