Es una obligación del Estado proteger y defender la economía de los ciudadanos"
La Paz, ABI
Al resaltar la lucha desarrollada por la fuerza andina de Tarea Conjunta policial-militar contra el contrabando, el presidente Evo Morales subrayó que "es una obligación del Estado defender y proteger la economía del país y de los ciudadanos".
En un acto cumplido en el regimiento Lanza de Guaqui, el Jefe de Estado fue informado por los responsables de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Aduana Nacional sobre el trabajo cumplido para luchar contra la salida ilegal de productos bolivianos a países fronterizos.
Entre las confiscaciones están garrafas de gas y productos alimenticios que eran sacados al exterior por grupos delictivos con el fin de obtener pingues ganancias a costa del desabastecimiento local.
El Primer Mandatario señaló que son grupos hasta familiares que trafican con la economía del pueblo para ganar ganancias ilícitas.
"El precio de una garrafa de gas licuado cuesta en el mercado local 22,50 bolivianos y la venden en Perú entre 80 y 100 bolivianos", dijo Morales.
Resaltó el trabajo cumplido por las Fuerzas Armadas y las unidades de la Policía para erradicar esas actividades ilícitas con la incautación de los productos para que retornen al mercado local y el procesamiento de los responsables.
"Es un trabajo que dignifica a las Fuerzas Armadas y a la Policía en las labores de apoyo en la lucha contra el contrabando", expresó el Presidente.
Agregó que es una "misión proteger la economía familiar y evitar mayores daños a la economía del país".
Subrayó que ante esas actividades ilícitas, el Gobierno estaba ante dos caminos: Combatir al contrabando o subir los precios de los productos que son utilizados para esas actividades, por lo que las autoridades optaron por proteger la economía nacional.
Reiteró "Estamos obligados a combatir el contrabando", al convocar a las autoridades de Defensa a dotar a las unidades policiales y militares de nueva tecnología para un trabajo más eficiente.
Dijo que igualmente las autoridades judiciales deben procesar a los responsables de estos atentados contra la economía del Estado y de los ataques contra el abastecimiento de alimentos con dictámenes ejemplarizadores.
"El contrabando es un delito y debe ser sancionado como tal para sentar precedente, peor aún porque afecta a la economía de las familias bolivianas", afirmó.
Al destacar las labores del Comando Conjunto Andino afirmó que su trabajo, imbuido de patriotismo, es reconocido por el pueblo, donde los militares y policías cumplen un rol importante en defensa de la población.
De acuerdo con informes de organismos especializados, el contrabando es un delito similar al narcotráfico que obtiene grandes ganancias a costa de la especulación de precios y de los atentados contra el abastecimiento de alimentos y otros productos al mercado nacional.
En el pasado los contrabandistas se dieron a la tarea de traficar con combustibles sacándolos a países vecinos a precios hasta cuatro veces mayores a los vigentes en el mercado nacional.
El resultado fue el desabastecimiento de productos en el mercado nacional y una creciente tensión social en la población.
Las relaciones comerciales de Bolivia con los países fronterizos (Argentina, Brasil, Chile y Perú) llegan a aproximadamente el 50 por ciento del total de las importaciones.
Esa es otra forma de contrabando que daña la economía nacional por el ingreso ilegal de productos del exterior sin pagar las tasas impositivas de ley y que fomentan el comercio informal en los mercados negros.
Esos estudios establecen que el contrabando ha llegado a ocupar hasta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con la correspondiente evasión tributaria que acrecentó esos porcentajes de daño a la economía nacional.
Una investigación privada reveló que el contrabando de importación en Bolivia se incrementó a cerca de 1.200 millones de dólares por año en las últimas gestiones; se perdieron 267 millones de dólares en tributos no recaudados y 200.000 fuentes de empleo.
Al resaltar la lucha desarrollada por la fuerza andina de Tarea Conjunta policial-militar contra el contrabando, el presidente Evo Morales subrayó que "es una obligación del Estado defender y proteger la economía del país y de los ciudadanos".
En un acto cumplido en el regimiento Lanza de Guaqui, el Jefe de Estado fue informado por los responsables de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Aduana Nacional sobre el trabajo cumplido para luchar contra la salida ilegal de productos bolivianos a países fronterizos.
Entre las confiscaciones están garrafas de gas y productos alimenticios que eran sacados al exterior por grupos delictivos con el fin de obtener pingues ganancias a costa del desabastecimiento local.
El Primer Mandatario señaló que son grupos hasta familiares que trafican con la economía del pueblo para ganar ganancias ilícitas.
"El precio de una garrafa de gas licuado cuesta en el mercado local 22,50 bolivianos y la venden en Perú entre 80 y 100 bolivianos", dijo Morales.
Resaltó el trabajo cumplido por las Fuerzas Armadas y las unidades de la Policía para erradicar esas actividades ilícitas con la incautación de los productos para que retornen al mercado local y el procesamiento de los responsables.
"Es un trabajo que dignifica a las Fuerzas Armadas y a la Policía en las labores de apoyo en la lucha contra el contrabando", expresó el Presidente.
Agregó que es una "misión proteger la economía familiar y evitar mayores daños a la economía del país".
Subrayó que ante esas actividades ilícitas, el Gobierno estaba ante dos caminos: Combatir al contrabando o subir los precios de los productos que son utilizados para esas actividades, por lo que las autoridades optaron por proteger la economía nacional.
Reiteró "Estamos obligados a combatir el contrabando", al convocar a las autoridades de Defensa a dotar a las unidades policiales y militares de nueva tecnología para un trabajo más eficiente.
Dijo que igualmente las autoridades judiciales deben procesar a los responsables de estos atentados contra la economía del Estado y de los ataques contra el abastecimiento de alimentos con dictámenes ejemplarizadores.
"El contrabando es un delito y debe ser sancionado como tal para sentar precedente, peor aún porque afecta a la economía de las familias bolivianas", afirmó.
Al destacar las labores del Comando Conjunto Andino afirmó que su trabajo, imbuido de patriotismo, es reconocido por el pueblo, donde los militares y policías cumplen un rol importante en defensa de la población.
De acuerdo con informes de organismos especializados, el contrabando es un delito similar al narcotráfico que obtiene grandes ganancias a costa de la especulación de precios y de los atentados contra el abastecimiento de alimentos y otros productos al mercado nacional.
En el pasado los contrabandistas se dieron a la tarea de traficar con combustibles sacándolos a países vecinos a precios hasta cuatro veces mayores a los vigentes en el mercado nacional.
El resultado fue el desabastecimiento de productos en el mercado nacional y una creciente tensión social en la población.
Las relaciones comerciales de Bolivia con los países fronterizos (Argentina, Brasil, Chile y Perú) llegan a aproximadamente el 50 por ciento del total de las importaciones.
Esa es otra forma de contrabando que daña la economía nacional por el ingreso ilegal de productos del exterior sin pagar las tasas impositivas de ley y que fomentan el comercio informal en los mercados negros.
Esos estudios establecen que el contrabando ha llegado a ocupar hasta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con la correspondiente evasión tributaria que acrecentó esos porcentajes de daño a la economía nacional.
Una investigación privada reveló que el contrabando de importación en Bolivia se incrementó a cerca de 1.200 millones de dólares por año en las últimas gestiones; se perdieron 267 millones de dólares en tributos no recaudados y 200.000 fuentes de empleo.