Haiti: Morir dos veces
Tras el tsunami que en 2004 arrasó varios países asiáticos, los principales grupos de rescate internacionales, en colaboración con las autoridades de los países afectados, instrumentaron un sistema para catalogar a las víctimas de la catástrofe. Así, sus familiares podrían recuperar los restos y darles tierra o incinerarlos conforme a sus deseos o creencias.
Fotografías, fichas de identificación (con reseñas dentales, de cicatrices y otras marcas corporales) y detalles concretos sobre la ubicación de los restos permitían tener localizado el cadáver, incluso si éste había sido inhumado en una fosa.
Las experiencias del tsunami dieron lugar en 2006 a La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos de respuesta, el primer manual práctico en su género, con orientaciones sobre la forma de recuperar e identificar los cadáveres y de tener debidamente en cuenta las necesidades y los derechos de los supervivientes. Contribuyeron a su redacción el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Pero en el caso de Haití, la teoría ha chocado de frente con la magnitud de la tragedia y con la falta de recursos e infraestructuras necesarios para aplicar las buenas prácticas que el manual prescribe. El terremoto del pasado 12 de enero puso en evidencia el recurso a la fosa común de forma masiva e indiscriminada, sin rastro de identidades ni dignidad, en contra de las recomendaciones de esas organizaciones.
Se esgrimieron motivos higiénico-sanitarios (prevención de epidemias), aunque la patente inoperancia del Estado haitiano también fue un argumento de peso. Pero, aunque todo el mundo pareció entender dichas razones, ha habido voces discordantes al respecto, y no sólo las de los seguidores del vudú, que auguran que los muertos mal sepultos volverán al mundo de los vivos para cobrarse su tributo.
ONG y agencias internacionales han criticado el recurso a las fosas comunes por ser una práctica innecesaria (porque los cadáveres no propagan enfermedades; al morir los tejidos, mueren también los agentes patógenos) y, sobre todo, porque una fosa común es una "violación de los derechos humanos de los miembros supervivientes de la familia", según el manual. La desaparición de los restos mortales de una persona no sólo entraña dificultades legales y administrativas, también emocionales y psicológicas para los vivos.
"Las inhumaciones masivas, intempestivas y no ordenadas son desaconsejadas de todo punto de vista, forense y humanitario", explica por teléfono desde Seattle (EE UU) Morris Tidball-Binz, forense del CICR, que participó en las labores de emergencia tras el terremoto. "Pero en el caso de Haití, si bien no es justificable, es comprensible, pues es un país que padece de muchas deficiencias, entre ellas la capacidad institucional para gestionar cadáveres no identificados o no reclamados. Haití no tiene un sistema médico-legal para tratar esos cadáveres de forma adecuada, y eso ya sucedía antes del seísmo. Pero hasta los sistemas más avanzados se verían desbordados por una catástrofe semejante".
La experiencia de Tidball-Binz en el depósito de cadáveres del Hospital Universitario de Puerto Príncipe revela un rudimentario panorama: "El personal no tenía guantes ni bolsas de plástico para los cadáveres. La mala gestión no se hizo adrede en absoluto, los pocos funcionarios de la morgue no tenían ni los medios ni la capacitación necesarios. Fueron muy receptivos a nuestras indicaciones", subraya el forense.
Por eso las críticas de organismos y medios de comunicación parecen especialmente injustas a Tidball-Binz. "Vi cómo se acercaban, hasta donde permitía el penetrante olor que desprendían los cadáveres, a denostar el trabajo de los funcionarios de la morgue. Pero puedo asegurar que éstos trabajaron en condiciones heroicas".
Los líderes de las principales confesiones religiosas que se practican en Haití, vudú incluido, también manifestaron su preocupación por una inapropiada gestión de esa muerte masiva. "A los haitianos les importan sus muertos, claro que sí. Tienen una cultura riquísima al respecto, incluyendo todos los rituales en torno al duelo, pero la mayoría de la población no tiene recursos para costearse un funeral. Así que las críticas a la supuesta indiferencia de los supervivientes para con sus muertos son infundadas", subraya el experto forense del CICR.
Cebarse con el débil en los momentos de mayor vulnerabilidad de éste tiene otra posible lectura, deja entrever en la conversación el forense: evidentes resabios de colonialismo. Con las fosas comunes, miles de personas pobres, de raza negra, han sido privadas incluso del recuerdo de su paso por la tierra... Privadas de derechos, tanto vivas como muertas... ¿Implica una vida desposeída de todo una muerte necesariamente indigna? ¿Resulta imaginable que eso sucediera en el mundo desarrollado?
Parte de los cerca de 80.000 cuerpos que se calcula han sido inhumados colectivamente en Haití tras el terremoto, son también muertos NN (nomen nescio, desconozco el nombre, en latín; No Name, en inglés, o Ningún nombre), es decir, personas sin datos de filiación. La sigla NN se aplica habitualmente a los miles de desaparecidos en las dictaduras militares latinoamericanas de los años setenta del pasado siglo, pero también a los que se lleva por delante la violencia sistemática que azota el continente. Así se les llama comúnmente en Latinoamérica: muertos NN, ya sean resultado del azar o de la alevosía de la violencia. Pero entre éstos y los muertos de Haití hay una radical diferencia de procedimiento: mientras que los muertos etiquetados como NN son aquellos que, tras un estudio científico-forense, no arrojan ninguna identidad, en el caso de Haití la etiqueta NN ha antecedido -y reemplazado- cualquier intento de identificación: la premura de la situación de emergencia ha privado a miles de haitianos de toda entidad postrera.
Para otros expertos, especialistas en fosas comunes políticas -es decir, donde yacen víctimas de violaciones de derechos humanos-, el recurso a ellas tras una catástrofe como la de Haití no implica necesariamente indignidad ni irrespeto. "El uso de fosas comunes se debe a necesidades sanitarias urgentes, no a una actitud de negarles dignidad ni derechos. Pero eventualmente los familiares tendrán derecho a alguna forma razonable de determinar el paradero de los restos y sepultarlos en forma digna dentro de sus tradiciones y cultura", explica el jurista argentino Juan E. Méndez, profesor de la Universidad de Washington y, entre 2004 y 2007, relator especial de la ONU para la prevención del genocidio.
"(...) O bien de encontrar la forma de que las fosas comunes no sean lo mismo que las fosas NN, ya que lo que ofende a la dignidad no es que sean comunes, sino que se pretenda negarles su derecho a la identidad y a la dignidad de las personas", recalca Méndez.
¿Cómo gestionar la existencia, o el contenido, de una fosa? Según los restos que encierre, vienen a decir los expertos, unánimemente partidarios de abrirlas siempre que se sospeche que en su interior hay restos de víctimas de violaciones de derechos humanos o persecución política, es decir, de delitos. "Aunque las fosas comunes siempre refieren a la muerte colectiva o en masa, pueden ser de tipos muy diversos y no podemos hablar de ellas como si fueran la misma cosa. Por ejemplo, por su origen, pueden estar relacionadas con una catástrofe natural, con un ritual de autoinmolación, con un conflicto bélico o incluso con un genocidio. A partir de ahí, de cuál es la naturaleza y significado de la fosa en origen, las consecuencias que pueden tener a corto, medio o largo plazo son muy diferentes, y las formas de llegada a esas fosas en contextos históricos, políticos y sociales determinados (con nuevas estrategias de ocultación, mapeos, conmemoraciones, exhumaciones, rituales políticos o religiosos, etcétera) también", señala el antropólogo Francisco Ferrándiz, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
La económica es otra razón de peso a la hora de determinar la posibilidad de reabrir una fosa. Pero el beneficio humanitario y social siempre debe primar por encima de las razones pecuniarias. "Apresurarse a disponer los cuerpos sin una identificación apropiada produce más daños que beneficios. Los entierros masivos y comunes traumatizan a las familias y a las comunidades y pueden tener consecuencias legales muy graves, por ejemplo, la imposibilidad de recuperar e identificar los cadáveres", señala el manual de referencia para la gestión de cadáveres.
"No es tanto la recuperación e identificación de los restos lo que dignifica a las víctimas, sino el reconocimiento de que en vida fueron seres humanos, que -al decir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos- nacieron 'iguales en dignidad y derechos", explica Méndez, en referencia a cualquier resto inhumado en una fosa común. Pero ¿se les había reconocido a los haitianos su dignidad y sus derechos como seres humanos antes de la catástrofe? ¿Gozaban de los mismos derechos que los ciudadanos de, por ejemplo, Suiza?
Otro elemento de dificultad añadido a la existencia de las fosas comunes es que no siempre resulta viable reabrirlas. "Hay centenares, miles de cadáveres que no van a poder ser nunca identificados ni recuperados en Haití", afirma el forense Tidball-Binz; "sus restos se apilan en un vertedero situado a las afueras de Puerto Príncipe".
"En el caso de Haití -señala el antropólogo Francisco Ferrándiz-, la dimensión de la tragedia y las necesidades asociadas a la reconstrucción del país hacen inviables las exhumaciones, a menos que se haga alguna intervención simbólica y testimonial. Sabemos que desde los primeros momentos de la tragedia están teniendo lugar acciones más o menos espontáneas de tipo simbólico y religioso, vinculadas con rituales mortuorios derivados de la propia estructura de creencias de los haitianos. Desde el punto de vista de las políticas públicas de la memoria del terremoto, puede esperarse que se demarquen algunas fosas, o que se instauren rituales públicos para recordar la tragedia o a los fallecidos. También es previsible que los familiares, vecinos o conciudadanos continúen fomentando algún tipo de ritualización y memorialización relacionada con estas fosas comunes".
Que Haití sea un país fundamentalmente católico y atravesado por la práctica popular del vudú no impone requisitos específicos a la hora de abordar la existencia de las fosas. "El deseo imperativo de los parientes de todas las religiones y todas las culturas es identificar a sus seres queridos. El duelo y el entierro individual tradicional son factores importantes para la recuperación o el proceso de curación personal y de la comunidad", señala el manual.
Luis Fondebrider, presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con una experiencia de 25 años en casos de violencia política cometidos en 40 países, subraya que "el dolor, la angustia y la incertidumbre de los familiares [de los muertos] es la misma, más allá del paso del tiempo o de las diferencias de cultura o religión". Pese a las dificultades, el equipo que dirige sigue avanzando "en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la preservación de la memoria".
Algo a lo que en la práctica no parece que tengan derecho la mayoría de los muertos haitianos. En un revoltijo de miembros mezclados con basura, raíces y gusanos, miles de seres yacen en un limbo total, quizás definitivo.
