viernes, 28 de julio de 2017

Enjuician a 2 exdiplomáticos por delitos de hace 6 años

La Paz, Erbol
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Cancillería del Estado decidieron impulsar un proceso en la vía administrativa judicial contra Pablo Solón Romero, exembajador de Bolivia ante la ONU, y el periodista Rafael Archondo, por un supuestos delitos que se habrían cometido en 2011 en Estados Unidos, cuando el canciller era David Choquehuanca.
El ministro de Justicia Héctor Arce aclaró que la denuncia fue presentada el año 2016, cuando su persona no era Ministro de Justicia, ni Gonzalo Trigoso era Viceministro de Transparencia. Sin embargo, de acuerdo a una nota de prensa oficial, no se explica el motivo por el cual el proceso no avanzó tras sentar denuncia.


En conferencia de prensa Arce entregó este jueves un legado de todos los antecedentes de un proceso penal iniciado en 2016. El canciller Fernando Huanacuni anunció que este caso lo remitirá a la junta de procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores para una revisión “minuciosa” de las 11 pruebas de derecho.

Arce acusa a Solón de haber nombrado directamente a Archondo representante permanente de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas el 11 de enero de 2011, cuando dejó las funciones de embajador ante la ONU.

Dijo que esa designación fue transmitida como si fuera una decisión del Estado Plurinacional de Bolivia y bajo esa figura, Archondo comunicó también en octubre el nombramiento, según argumenta el ministro.

Acusan a Archondo de incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones; mientras que a Solón se lo acusa de los ilícitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.

SOLON: EL DELITO HA PRESCRITO

En una carta pública, Solón pregunta por qué recién después de 329 días le hacen entrega a la Cancillería de las copias de la denuncia penal y sospecha que esa acción es una confesión del mismo Arce, en sentido que toda la acusación fue montada políticamente

“¿Si Rafael Archondo ejercía de manera ilegal su función a la cabeza de la Misión Permanente de Bolivia ante la ONU, cómo fue posible que ni el Presidente, ni el Canciller, ni tu persona y otros altos funcionarios que lo visitaron en diferentes ocasiones en Nueva York denunciaran el hecho oportunamente?”, cuestiona.

Acude a la formación jurídica del ministro Arce para recordarle que presentó una denuncia que por efecto del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, ha prescrito por los supuestos delitos de “nombramientos ilegales” e “incumplimiento de deberes”, establecidos en los artículos 154 y 157 del Código Penal tienen penas privativas de libertad de un máximo de cuatro años.

Según los artículos 29 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal y 101-b) del Código Penal, la acción penal prescribe “en cinco años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años”.

Aclara que si bien la solicitud de prescripción es personal, advierte que vez que el periodista Rafael Archondo sea legalmente notificado en México donde radica, podrá también solicitar la prescripción de esta injusta acción penal.
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