miércoles, 10 de mayo de 2017

La factura más polémica de la UE

El pulso sobre el pago que Bruselas reclama a Reino Unido envenena la negociación del 'Brexit'

Lucía Abellán
Bruselas, El País
Ni el símil de las cervezas —quien pide una ronda la paga antes de abandonar el bar— ni el más prosaico repaso de las reglas presupuestarias de la UE han contenido la ira británica ante el primer capítulo de negociación del Brexit: la factura de salida. Europa exige a Reino Unido que salde las cuentas del divorcio antes de abordar cualquier perspectiva de futura relación, según el mandato negociador conocido esta semana. Pero la magnitud de ese ajuste (unos 100.000 millones de euros brutos según diversas estimaciones, cercano a lo que gasta España en pensiones en un año) amenaza con envenenar el proceso antes incluso de que arranque.


La cantidad es discutible y probablemente será objeto de encendido debate entre Londres y Bruselas durante meses. Pero el concepto no lo es: el ciclo presupuestario de la UE se organiza en periodos de siete años. Y el gasto está formalmente comprometido desde el principio, aunque se vaya desembolsando en ejercicios sucesivos. Aunque Reino Unido se vaya en dos años, aún quedarán proyectos en los que estampó su firma y por los que deberá abonar el equivalente a su contribución a las cuentas comunitarias: alrededor de un 16% bruto. La cuenta que ronda los 100.000 millones constituye “el escenario más extremo”, en palabras de Zsolt Darvas, investigador del laboratorio de ideas Bruegel. Pero las cantidades netas —descontando lo que los británicos seguirán recibiendo de proyectos comunitarios y lo que devuelvan quienes han recibido un préstamo de la UE—oscilarán entre los 25.000 y los 65.000 millones, según este experto, autor de un extenso trabajo sobre la factura del Brexit. Estos son los principales conceptos:

Presupuestos de siete años. El dinero que la UE —desde los fondos que reciben los agricultores hasta los gastos administrativos de la maquinaria comunitaria— se organiza en ciclos de siete años. Los jefes de Estado y de Gobierno comprometieron en 2013 unas cantidades que abarcan el periodo 2014-2020. Cuando Reino Unido abandone la UE —previsiblemente, el 30 de marzo de 2019— ese ciclo estará cercano a su fin, pero habrá muchos pagos pendientes. Los fondos estructurales, por ejemplo, se abonan en un máximo de tres años. Lo que Bruselas pretende es mirar las cuentas en el momento del Brexit y exigir a Londres que abone esa diferencia. Hay, además, pagos de mucho más largo alcance (por ejemplo, los proyectos de lanzamiento de satélites), que también deberían satisfacerse.

Pese a que Londres negociará hasta el último penique, esta es, quizás, la partida más evidente. La suma puede suavizarse si la UE de 27 Estados accede a seguir devolviendo a Reino Unido su famoso cheque: la compensación que recibe por el menor uso que hacen de la política agraria, la más voluminosa del presupuesto comunitario. La postura inicial es contraria a esa concesión.

Activos financieros. El margen de interpretación es mucho mayor en este capítulo. La UE tiene activos financieros (préstamos concedidos para diversos fines, como los rescates) que se saldan progresivamente. El punto de partida es exigir a Londres que deposite todo aquello en lo que participa y pendiente de desembolso (por ejemplo, los préstamos a Ucrania, que se van otorgando en función de objetivos cumplidos). Y promete devolvérselo a medida que el Gobierno de Ucrania, por seguir con este caso, lo pague. Reino Unido se resistirá fieramente.

Activos físicos. La UE pretendía suavizar con esta partida posibles divergencias en las otras, pero de momento Bruselas ha endurecido su posición y ya no ofrece esta posibilidad. El club comunitario posee numerosos bienes (entre ellos los edificios emblemáticos de la Comisión Europea o el Parlamento) que se han ido abonando con el dinero de todos. Y Londres reclamará su parte a la salida. La Comisión Europea es rotunda: legalmente nadie puede reclamar la titularidad de esos bienes, que solo pertenecen a la UE. El experto de Bruegel lo ratifica: “Cuando te vas de un club no te llevas nada de allí. Un país que se integra en la UE, como Croacia en 2013, no está obligado a pagar nada por los activos comunitarios y sin embargo se beneficia de ellos. Tampoco se pueden reclamar a la salida”. Aun así, ofrecer una compensación era un as que Bruselas se guardaba en la manga y que seguramente acabará utilizando en la negociación.

Pensiones. La idea de aportar dinero para sostener las pensiones de unos bien remunerados funcionarios europeos será la píldora más dura de tragar para Londres, enemigo declarado de la burocracia bruselense. Dos tercios de la dotación de ese fondo de pensiones provienen de los Estados; el otro tercio lo aportan los trabajadores comunitarios con sus salarios. Bruselas realiza cada año un cálculo actuarial de las pensiones que tiene pagar en el futuro y quiere otorgarle a Reino Unido su parte en el momento de salida. Londres exige asumir solo lo de sus funcionarios, pero eso va contra las reglas: los empleados de las instituciones europeas no se rigen por nacionalidades.

Agencias comunitarias. Esta última demanda revela hasta qué punto la discusión se antoja cruda. Bruselas exige a Londres que sufrague los gastos que genere el traslado a otros países de las dos agencias europeas que ahora alberga (la del medicamento y la autoridad bancaria). La Comisión se agarra a que existe un precedente: Londres ya pagó la mudanza de CEPOL, la agencia que coordina la formación de policías europeos y que en 2014 pasó de Reino Unido a Hungría. Entonces no había un Brexit que caldeara los ánimos.
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