Seis países latinoamericanos exigieron a la dictadura de Maduro restablecer el orden democrático en Venezuela
En el marco de la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú expresaron su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en el país caribeño. Brasil y Uruguay no se adhirieron a la nota
Seis países latinoamericanos firmaron una declaración conjunta durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, en la que exigieron al régimen de Maduro el restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela.
La declaración, difundida por el gobierno paraguayo, no fue firmada por Brasil ni por Uruguay. El texto, debatido durante la cumbre semestral, evitó cualquier referencia a Estados Unidos o al despliegue militar estadounidense en el Caribe, adoptando un tono más moderado que el defendido por algunos de los líderes presentes.
El mandatario reiteró su respaldo al despliegue naval estadounidense en el Caribe y al anuncio de Washington de bloquear la exportación de petróleo venezolano. También recordó que Venezuela permanece suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia y responsabilizó al régimen de Maduro por la crisis política, humanitaria y social devastadora que afecta al país.
“Continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”, denundió Milei y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, agregó.
En ese sentido, expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”. También instó al bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario” y volvió a exigir “la liberación de todos los presos políticos”
En contraste, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, rechazó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. El jefe de Estado advirtió que una acción de ese tipo sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica. Uruguay, otro de los miembros del Mercosur, tampoco suscribió la declaración, lo que evidenció la división interna del bloque respecto a la crisis venezolana y la estrategia para abordarla.
El contexto de la crisis venezolana estuvo presente en los debates de la cumbre. Venezuela, suspendida del Mercosur por incumplir los compromisos democráticos del bloque, enfrenta una situación marcada por el éxodo masivo de ciudadanos, la persistencia de presos políticos y denuncias de violaciones a los derechos humanos. La declaración conjunta de los seis países hizo hincapié en la necesidad de liberar a todos los detenidos por motivos políticos y de garantizar el respeto al debido proceso.
Durante su intervención, Milei también mencionó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela hace un año durante un viaje personal, y exigió su liberación. Además, el mandatario argentino destacó el reconocimiento internacional al coraje de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien se le concedió el premio Nobel de la Paz 2025, y reiteró su llamado a que se respete la voluntad popular en Venezuela.
El cierre de la cumbre dejó en evidencia la fractura regional ante la crisis venezolana y la persistencia de posturas enfrentadas sobre el modo de encarar la situación. Para Milei, la permanencia de regímenes autoritarios en la región representa un peligro que trasciende las fronteras nacionales y amenaza la estabilidad de todo el continente.
Casi en paralelo al desarrollo de la cumbre, Estados Unidos interceptó y confiscó un buque sancionado frente a las costas de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.
La operación se enmarca en la aplicación de sanciones internacionales y refuerza la postura de Washington sobre el control de actividades marítimas consideradas ilícitas en la región.
De acuerdo con los detalles proporcionados a Reuters, la acción consistió en la intercepción de una embarcación previamente identificada como sujeta a sanciones internacionales. Las autoridades estadounidenses abordaron el buque en aguas cercanas a Venezuela y procedieron a su confiscación, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos.
