Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia

La nueva ley permite a las autoridades prorrusas nacionalizar propiedades residenciales vacías en Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, regiones anexionadas ilegalmente por Moscú

Infobae

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que autoriza la expropiación de viviendas consideradas abandonadas en territorios de Ucrania ocupados por tropas rusas. La norma afecta a las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, anexionadas de forma ilegal por Moscú en 2022 y controladas solo parcialmente por las fuerzas rusas.

El texto legal establece que los inmuebles residenciales —casas, apartamentos o habitaciones— que presenten “signos de abandono” pasarán a ser propiedad de las autoridades locales prorrusas o de los municipios. En el caso de Donetsk, el artículo 21 de la ley señala que estos bienes serán reconocidos como propiedad de la autoproclamada República Popular de Donetsk o de sus administraciones locales.

La República Popular de Donetsk fue proclamada en 2014 por milicias respaldadas por Rusia tras el inicio del conflicto armado en el este de Ucrania. Moscú reconoció formalmente a esta entidad en febrero de 2022 y meses después anunció su anexión, junto con otras tres regiones ucranianas, en un proceso que no ha sido reconocido por la comunidad internacional.

Normativas similares ya estaban en vigor o han sido adoptadas en las otras regiones ocupadas. La nueva ley consolida un marco común que permite a las autoridades designadas por Rusia intervenir sobre el parque de viviendas en zonas afectadas por el desplazamiento masivo de población provocado por la guerra.

Un residente se sienta cerca de un edificio de apartamentos dañado por un ataque militar ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Kostiantynivka, en primera línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania, el 7 de diciembre de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El texto también contempla la posibilidad de una posterior “reprivatización” de los inmuebles expropiados. Según la ley, las viviendas podrían ser transferidas a ciudadanos que hayan perdido sus hogares como consecuencia de los ataques ucranianos, un argumento recurrente de Moscú para justificar medidas administrativas en los territorios ocupados.

Además, las autoridades locales podrán destinar estas propiedades a uso oficial, incluidos alojamientos para funcionarios civiles que trabajan en las administraciones prorrusas. Esta disposición se enmarca en los esfuerzos del Kremlin por consolidar estructuras de gobierno en las zonas bajo su control.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, ordenada por Putin en febrero de 2022, millones de personas han huido del este y del sur del país para escapar de la destrucción y la violencia. Según datos de Naciones Unidas, una parte significativa de estos desplazados internos y refugiados se asentó en otras regiones de Ucrania o en el extranjero.

Imagen de archivo de daños en una localidad de Lugansk (EFE/ Orlando Barría)

Aunque algunas personas han regresado a zonas ocupadas por Rusia, muchas de las viviendas quedaron vacías durante largos periodos. Los propietarios, en numerosos casos, no han podido volver por motivos de seguridad, por la destrucción parcial de las ciudades o por temor a represalias.

La nueva regulación afecta directamente a esos ciudadanos que abandonaron sus hogares, muchos de ellos de propiedad privada, y que ahora se enfrentan al riesgo de perderlos de forma definitiva. Kiev ha denunciado en reiteradas ocasiones las políticas de Moscú en los territorios ocupados como violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas sobre protección de la propiedad civil en contextos de ocupación militar.

Para Ucrania y sus aliados, las anexiones rusas carecen de validez jurídica y cualquier cambio en el estatus de la propiedad es ilegal. La aprobación de esta ley refuerza, sin embargo, la estrategia del Kremlin de integrar de facto los territorios ocupados en su sistema administrativo y legal, profundizando una realidad sobre el terreno que complica aún más cualquier eventual negociación sobre el futuro de esas regiones.