El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración
La ministra del Interior, Yvette Cooper, presentó un plan que endurece los procesos de apelación, suspende temporalmente la reunificación familiar y busca cerrar los hoteles que alojan a solicitantes de asilo
La ministra del Interior británica, Yvette Cooper, presentó este lunes en Londres un plan de cambios profundos destinado a modernizar el sistema de asilo y a reforzar el control en las fronteras. En su intervención en la Cámara de los Comunes, la primera de alcance amplio desde la llegada del Partido Laborista al poder en julio de 2024, señaló que la estructura vigente fue heredada de gobiernos anteriores y la definió como “fallida, anquilosada, obsoleta e injusta”. Añadió: “En breve implementaremos reformas más radicales para modernizar el sistema de asilo y reforzar nuestra seguridad fronteriza”.
“Entiendo y estoy de acuerdo con los ayuntamientos locales y las comunidades que quieren cerrar los hoteles de asilo en sus comunidades, porque necesitamos cerrar todos los hoteles de asilo y hacerlo definitivamente”, señaló Cooper. Pero advirtió que no se repetirá “el caos del anterior gobierno que llevó a la apertura de los hoteles en primer lugar”. El nuevo esquema, insistió, debe hacerse de manera ordenada y bajo control centralizado.
Otra de las medidas más polémicas es la suspensión temporal de las solicitudes de reunificación familiar de refugiados. El Ministerio del Interior defendió la decisión como un paso necesario para diseñar reglas más estrictas, aunque sin precisar por cuánto tiempo se prolongará la suspensión. Según The Guardian, la moratoria estará vigente hasta finales de 2026, cuando se espera que entre en vigor un nuevo régimen de control. La medida ha generado duras críticas de ONG y organismos humanitarios. El director de Care4Calais advirtió que “cerrar la esperanza de reunificación familiar solo obligará a más mujeres y niños a emprender viajes peligrosos”, mientras que el Refugee Council alertó de que este cierre empujará a familias vulnerables “a caer en manos de traficantes”. La Cruz Roja británica se sumó a las voces de rechazo, calificando la decisión de “devastadora”.
El contexto político ha amplificado la sensibilidad de las medidas. El Reino Unido enfrenta desde julio una ola de manifestaciones antiinmigración, con incidentes violentos en varias ciudades. En Epping Forest, Manchester y Liverpool se registraron disturbios instigados por grupos de ultraderecha. En algunos casos, hubo policías heridos y decenas de detenidos. El Gobierno laborista buscó responder con una doble estrategia: mano dura frente a las redes criminales y promesas de eficiencia para reducir la presión sobre las comunidades locales. Desde su llegada al poder, Cooper aseguró que se deportaron a 35.000 personas sin derecho a residir en el Reino Unido, lo que representa un aumento del 28 % en las devoluciones de solicitantes de asilo y un 14 % en la expulsión de delincuentes extranjeros respecto al periodo conservador.
En paralelo, el Ministerio del Interior ha destinado 135 millones de dólares a fortalecer el control de fronteras y ha reclutado a 300 nuevos agentes para la National Crime Agency (NCA). El objetivo es desmantelar redes de contrabando y tráfico de personas, apoyados por un nuevo proyecto legislativo, el Border Security Bill, que dotará a la agencia de facultades ampliadas, como la incautación de dispositivos electrónicos y la exclusión automática de solicitantes vinculados con delitos graves. “Fortaleceremos la interpretación doméstica de la Convención Europea de Derechos Humanos, aceleraremos el sistema, reduciremos los números y cerraremos los hoteles”, afirmó Cooper en su intervención.
La reforma también impondrá límites temporales estrictos a las apelaciones. Actualmente, los procesos tardan un promedio de 54 semanas, un lapso que genera costos y saturación institucional. El plan laborista busca reducir ese plazo a un máximo de 24 semanas, lo que implicará crear un nuevo organismo independiente para gestionar apelaciones con criterios unificados y mayor celeridad.
El trasfondo inmediato es la decisión del Gobierno laborista de enterrar el plan conservador que pretendía enviar migrantes a Ruanda. Ese esquema, declarado ilegal por tribunales británicos y europeos, fue desechado en julio de 2024, apenas unos días después de que Keir Starmer llegara al número 10 de Downing Street. En su lugar, se creó el Border Security Command, un ente multilateral que coordina a la NCA, la Border Force, el MI5 y la unidad de Inmigración. Este comando trabaja ya en operaciones conjuntas para vigilar cruces en el Canal y detectar redes en el continente.
Para los críticos, sin embargo, la nueva estrategia reproduce el sesgo restrictivo de las políticas previas, aunque con un sello de mayor eficiencia. “El cierre de vías seguras, como la reunificación familiar, es un retroceso en derechos humanos”, señalaron desde Amnistía Internacional, que ha pedido al Ejecutivo reconsiderar la moratoria. Otros analistas advierten que el endurecimiento busca contener el descontento social en un momento en que los laboristas enfrentan la presión de haber prometido orden y eficacia frente al caos conservador.
Con estas medidas, el Gobierno de Starme intenta equilibrar la narrativa de firmeza y humanidad. Por un lado, busca desactivar las críticas de los ayuntamientos locales que cargan con el peso de alojar a solicitantes en hoteles; por otro, intenta ofrecer resultados visibles en deportaciones y acuerdos internacionales. Pero el costo político podría ser alto: las ONG temen que el Reino Unido esté cerrando las puertas a familias que buscan una vía legal, obligándolas a arriesgar sus vidas en rutas clandestinas
