Una jueza federal de EEUU ordenó el cierre del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz” por daños ambientales
La magistrada Kathleen Williams resolvió que la instalación migratoria construida en Florida debe cerrarse en un plazo de 60 días y prohibió la llegada de nuevos detenidos
La magistrada Kathleen Williams dictaminó que el lugar debe quedar desmantelado en un plazo máximo de 60 días y que no podrán ingresar nuevos detenidos durante ese período.
La orden judicial, de 82 páginas, amplía una medida temporal que Williams había emitido dos semanas antes, cuando suspendió cualquier intento de expansión del campamento. En su resolución, publicada por la Corte del Distrito Sur de Florida, la jueza destacó que la construcción del centro de detención violó principios básicos de protección ambiental que las autoridades de Florida y de Estados Unidos habían prometido respetar durante décadas.
“Desde entonces, cada gobernador de Florida, cada senador de Florida y un sinfín de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades”, escribió Williams en su decisión. “Esta orden no hace más que hacer cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”.
El fallo especifica que ninguna obra adicional puede realizarse en el lugar, y que el número de personas allí detenidas, actualmente estimado en unas 700, no puede incrementarse. Una vez que se cumpla el plazo de 60 días, todo el material de construcción, cercas, generadores y demás instalaciones deberán ser retirados.
La decisión representa una victoria para una coalición de organizaciones ambientalistas y para la tribu nativa Miccosukee, que habían demandado al estado de Florida y al gobierno federal. Los demandantes sostuvieron que la cárcel, construida de manera apresurada en apenas ocho días sobre una antigua pista aérea en desuso, dañó los humedales de una reserva nacional y puso en mayor riesgo a especies protegidas por el gobierno federal.
Eve Samples, directora ejecutiva de la organización Friends of the Everglades, celebró la decisión.
“Este es un triunfo histórico para los Everglades y para incontables estadounidenses que creen que este ecosistema en peligro debe ser protegido, no explotado”, afirmó. “Envía un mensaje claro de que las leyes ambientales deben ser respetadas por los líderes en los niveles más altos de nuestro gobierno, y que hay consecuencias por ignorarlas”.
El centro, que llegó a albergar hasta 1.400 inmigrantes en carpas temporales, fue defendido por el presidente Donald Trump, quien lo presentó como un modelo para futuros centros de detención. Lo describió como un lugar para encerrar a “algunas de las personas más violentas del planeta”, aunque cientos de los retenidos no tenían antecedentes criminales ni procesos judiciales abiertos.
Durante las audiencias, testigos señalaron que las condiciones dentro de “Alligator Alcatraz” eran precarias. Reportaron hacinamiento, fallas constantes en el suministro eléctrico, presencia de insectos y problemas sanitarios en baños y cocinas.
La jueza Williams recordó que en la década de 1960 se rechazó un plan para construir un aeropuerto turístico en el mismo terreno por el daño que ocasionaría a los Everglades. “Lo que resultaba inviable hace más de 50 años por su impacto ambiental, no puede considerarse adecuado ahora como sitio para una instalación de este tipo”, indicó.
La reacción oficial al fallo fue limitada. Ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respondieron de inmediato. El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, encargado de operar el centro en nombre del ICE, tampoco emitió comentarios. Sin embargo, abogados del estado habían adelantado en audiencias previas que apelarían cualquier decisión adversa.
Según reportó el Miami Herald, cientos de migrantes fueron trasladados a otras instalaciones el fin de semana pasado en previsión de un posible cierre.
El gobernador republicano Ron DeSantis, aliado político de Trump, anunció a principios de mes la apertura de un segundo centro de detención migratoria en una antigua prisión cercana a Gainesville, con el objetivo de aumentar la capacidad para alojar a inmigrantes en Florida.
