Donald Trump dio un ultimátum de 60 días a las farmacéuticas para que bajen sus “precios enormemente inflados”
El presidente advirtió que usará “todas las herramientas” del gobierno si no se garantiza acceso a medicamentos más accesibles antes del 29 de septiembre
Las misivas, publicadas poco después en Truth Social, fueron dirigidas también a las empresas Sanofi, Regeneron, Merck, EMD Serono, GSK, Genentech, Amgen, AstraZeneca, Novo Nordisk, Gilead Sciences, Novartis, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim y AbbVie.
En ellas, el líder republicano recordó que ya el 12 de mayo había firmado una orden ejecutiva instando a esas compañías a reducir los precios de sus productos en un plazo de 30 días.
Entre las demandas incluidas en las cartas —según detalló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt— figura aplicar al programa Medicaid los llamados precios de “nación más favorecida”, devolver a pacientes y contribuyentes estadounidenses los ingresos extra generados en el extranjero y permitir la compra directa de fármacos a esos mismos valores preferenciales.
“Actualmente, los medicamentos de marca en Estados Unidos son, de media, hasta tres veces más caros que en cualquier otro lugar para los mismos medicamentos. Esta carga inaceptable sobre las familias estadounidenses trabajadoras termina con mi Administración”, señala el texto difundido.
El documento advierte que, en caso de que las farmacéuticas se resistan a estas condiciones, el gobierno recurrirá a todas las medidas a su alcance para “proteger a las familias estadounidenses de las continuas prácticas abusivas en la fijación de precios de los medicamentos”.
“Los estadounidenses exigen precios más bajos en los medicamentos y los necesitan hoy. Otras naciones se han aprovechado de nuestra innovación durante demasiado tiempo y es hora de que paguen lo que les corresponde”, concluye Trump. El presidente estadounidense ha dado plazo hasta el 29 de septiembre para que las compañías respondan con compromisos vinculantes en esos términos.
El plazo fijado marca un nuevo punto de presión sobre la industria farmacéutica, que ahora deberá decidir si accede a las condiciones impuestas o se enfrenta a una posible batería de medidas regulatorias por parte de una administración dispuesta a confrontarla abiertamente.
