Cuarta condena contra el exdictador argentino Reynaldo Bignone
El exdictador recibió una sentencia a cadena perpetua por 23 crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Campo de Mayo
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
El exdictador argentino Reynaldo Bignone (1982-1983) recibió este martes su cuarta condena por delitos de lesa humanidad durante el último régimen militar de su país (1976-1983). En este caso recibió una sentencia a cadena perpetua por 23 crímenes cometidos en uno de los dos principales centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura, el de Campo de Mayo, en el noroeste del Gran Buenos Aires (periferia de la capital argentina). El otro campo de concentración importante era el de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
Por el regimiento del Ejército en Campo de Mayo pasaron unos 5.000 secuestrados. Allí también funcionó una maternidad clandestina en la que parían las desaparecidas embarazadas y en la que los militares se robaban los bebés para entregárselos a miembros de la fuerza o familias cercanas al régimen. Entre los 23 casos juzgados este martes figuran los de siete embarazadas que allí dieron a luz.
Bignone fue el dictador que encabezó la transición hacia la democracia después de la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas (1982) contra Reino Unido y en medio del descontento popular por la situación política y económica del país, pero durante su gobierno ordenó la eliminación de todas las pruebas de la represión ilegal. Sin embargo, 30 años después de entregarle el mando presidencial a Raúl Alfonsín (1983-1989) la justicia argentina ya lo ha condenado cuatro veces por crímenes cometidos antes de ponerse al frente del régimen. Desde 2010 hasta ahora había sido sentenciado en otras tres causas a prisión perpetua, 25 años de reclusión (por otros delitos perpetrados en Campo de Mayo) y 15 años. Además, este mes acaba de comenzar el juicio oral que durante dos años analizará su responsabilidad y la de otros militares en el Plan Cóndor, el programa de cooperación de las dictaduras sudamericanas de los 70 y 80 para secuestrar y eliminar opositores con el apoyo de EE UU.
El tribunal oral federal de San Martín, municipio del Gran Buenos Aires, no solo condenó este martes a Bignone sino también a quien había sido su jefe en Campo de Mayo, Santiago Riveros, excomandante de Institutos Militares que también acumula varias sentencias en su contra. Otros siete exuniformados fueron penados con reclusión perpetua, 25, 20 y 16 años de prisión, mientras que un exoficial de Inteligencia del Ejército y su esposa deberán pasar 15 y 12 años tras las rejas, respectivamente, por el robo de la entonces bebé Laura Catalina de Sanctis Ovando.
De Sanctis era hija de dos integrantes de la guerrilla peronista Montoneros que desaparecieron en 1977, Raúl y Myriam. Su madre estaba embarazada entonces de seis meses. Por una carta que recibió su familia se supo que había dado a luz una bebé a la que llamó Laura. La búsqueda de la niña comenzó en 1982. La organización Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a trabajar el caso a partir de denuncias que daban cuenta de una joven que había sido anotada como hija propia por un militar y podía ser hija de desaparecidos. Un juez ordenó que se tomaran las medidas necesarias para dar con su paradero y que se le extrajeran objetos personales para conocer su identidad. En 2008, la justicia confirmó que la llamada Catalina era en realidad Laura y había nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La joven incorporó entonces su nombre original y comenzó a usar los apellidos de sus verdaderos padres.
En el juicio, De Sanctis se presentó como querellante contra esos apropiadores que le habían ocultado la verdad durante casi tres décadas, Carlos Garzón y María Francisca Morillo. Antes de conocerse el fallo judicial, la joven opinó que la sentencia iba a resultarle “reparadora” y serviría para “honrar la memoria” de sus padres.

Buenos Aires, El País
El exdictador argentino Reynaldo Bignone (1982-1983) recibió este martes su cuarta condena por delitos de lesa humanidad durante el último régimen militar de su país (1976-1983). En este caso recibió una sentencia a cadena perpetua por 23 crímenes cometidos en uno de los dos principales centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura, el de Campo de Mayo, en el noroeste del Gran Buenos Aires (periferia de la capital argentina). El otro campo de concentración importante era el de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
Por el regimiento del Ejército en Campo de Mayo pasaron unos 5.000 secuestrados. Allí también funcionó una maternidad clandestina en la que parían las desaparecidas embarazadas y en la que los militares se robaban los bebés para entregárselos a miembros de la fuerza o familias cercanas al régimen. Entre los 23 casos juzgados este martes figuran los de siete embarazadas que allí dieron a luz.
Bignone fue el dictador que encabezó la transición hacia la democracia después de la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas (1982) contra Reino Unido y en medio del descontento popular por la situación política y económica del país, pero durante su gobierno ordenó la eliminación de todas las pruebas de la represión ilegal. Sin embargo, 30 años después de entregarle el mando presidencial a Raúl Alfonsín (1983-1989) la justicia argentina ya lo ha condenado cuatro veces por crímenes cometidos antes de ponerse al frente del régimen. Desde 2010 hasta ahora había sido sentenciado en otras tres causas a prisión perpetua, 25 años de reclusión (por otros delitos perpetrados en Campo de Mayo) y 15 años. Además, este mes acaba de comenzar el juicio oral que durante dos años analizará su responsabilidad y la de otros militares en el Plan Cóndor, el programa de cooperación de las dictaduras sudamericanas de los 70 y 80 para secuestrar y eliminar opositores con el apoyo de EE UU.
El tribunal oral federal de San Martín, municipio del Gran Buenos Aires, no solo condenó este martes a Bignone sino también a quien había sido su jefe en Campo de Mayo, Santiago Riveros, excomandante de Institutos Militares que también acumula varias sentencias en su contra. Otros siete exuniformados fueron penados con reclusión perpetua, 25, 20 y 16 años de prisión, mientras que un exoficial de Inteligencia del Ejército y su esposa deberán pasar 15 y 12 años tras las rejas, respectivamente, por el robo de la entonces bebé Laura Catalina de Sanctis Ovando.
De Sanctis era hija de dos integrantes de la guerrilla peronista Montoneros que desaparecieron en 1977, Raúl y Myriam. Su madre estaba embarazada entonces de seis meses. Por una carta que recibió su familia se supo que había dado a luz una bebé a la que llamó Laura. La búsqueda de la niña comenzó en 1982. La organización Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a trabajar el caso a partir de denuncias que daban cuenta de una joven que había sido anotada como hija propia por un militar y podía ser hija de desaparecidos. Un juez ordenó que se tomaran las medidas necesarias para dar con su paradero y que se le extrajeran objetos personales para conocer su identidad. En 2008, la justicia confirmó que la llamada Catalina era en realidad Laura y había nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La joven incorporó entonces su nombre original y comenzó a usar los apellidos de sus verdaderos padres.
En el juicio, De Sanctis se presentó como querellante contra esos apropiadores que le habían ocultado la verdad durante casi tres décadas, Carlos Garzón y María Francisca Morillo. Antes de conocerse el fallo judicial, la joven opinó que la sentencia iba a resultarle “reparadora” y serviría para “honrar la memoria” de sus padres.