La disputa ‘torie’ por el Brexit se queda sin árbitro

La primera ministra se va de vacaciones sin solucionar la guerra interna entre pragmáticos y eurófobos

Patricia Tubella
Londres, El País
Mientras Theresa May ha puesto tierra de por medio con tres semanas de vacaciones en el lago Garda (Italia) y los Alpes suizos, sus ministros siguen a la greña en torno al Brexit y la posición negociadora que perfilará Reino Unido ante Bruselas una vez finalizado el receso estival. “¿Quién está al mando?”, se preguntaba el diario The Guardian en un editorial sobre las divisiones entre pragmáticos y eurófobos en el seno de un Gobierno británico que en los últimos días se ha asemejado más a un club de debate libre, público y sin árbitro. El resultado es una confusión inmensa sobre las intenciones últimas de la primera ministra a la hora de sellar la salida de la Unión Europea, probablemente el mayor reto que afronta el país que dirige desde la posguerra.


Los medios afines disculpan a May en el derecho de todo ciudadano a tomarse un descanso, pero las crecientes voces críticas denuncian su deliberada dejación en el pulso interno del gabinete, subrayada por el hecho inusual de que el pasado 25 de julio hizo las maletas sin dejar designado a un sustituto en funciones. Un portavoz de Downing Street garantizó entonces que la primera ministra seguiría “al mando”, aunque fuera desde esos senderos alpinos que recorre desde hace dos décadas con su marido, Philip. A la hora de la verdad, May se ha revelado ausente de la disputa que corroe a las filas tories, alimentada por el protagonismo del ministro de Economía, Philip Hammond, en su diagnóstico de que la relación del Reino Unido con la UE será similiar a la actual “en muchos ámbitos” durante el periodo inmediatamente posterior a la salida del club europeo, en marzo de 2019.

Hammond, erigido en portavoz de una posición blanda que proteja los intereses comerciales y financieros británicos por encima de todo, ha defendido en los últimos días ante responsables de ese sector un periodo transitorio que garantice el acceso al mercado único una vez oficializado el adiós a la UE. La propuesta, filtrada por el Financial Times y que incluye además una “fase de implementación” de los acuerdos definitivos sobre aduanas y controles de la inmigración (léase, su aplicación laxa), ha irritado a los espadachines antieuropeos del Gobierno, convencidos de que el plan b de su colega es evitar la consumación del Brexit.

Liam Fox, titular de Comercio Internacional, le replicaba desde la tribuna de la prensa que el gabinete no ha consensuado ningún acuerdo transitorio que no sea “a medida”, es decir, que otorgue al Reino Unido una serie de ventajas comerciales aunque suprima la libertad de movimientos de trabajadores y bienes inherente al mercado comunitario. Tanto él como otro de los ministros que ven posible esa cuadratura del círculo, el responsable de Exteriores, Boris Johnson, han admitido sentirse excluidos de los últimos debates del gabinete.

Eso no significa que Theresa May haya acabado decantándose por uno de los dos enfoques enfrentados en el seno del Gobierno. Sólo el pasado lunes, su oficina se decidía a emitir un comunicado desautorizando el posicionamiento de Hammond, aunque los observadores den por hecho que, independientemente del acuerdo que se alcance con Bruselas, la situación de los trabajadores comunitarios en el Reino Unido no se verá alterada a partir de marzo de 2019. Así lo ha avalado la responsable británica de Interior, Amber Rudd (quien, al igual que Hammond, hizo campaña contra el Brexit), al confirmar a principios del verano que el único requisito que necesitarán es registrarse.

May no está jugando una hábil partida de ajedrez con sus ministros de uno u otro signo. Sencillamente, la indecisión y la inseguridad se confirman como rasgos esenciales de su carácter, muy distinto al retrato de dama de hierro que algún periódico dibujaba cuando desembarcó en Downing Street. Escudada en el lema “Brexit significa Brexit”, leyó erróneamente el resultado del referéndum del 23 de junio del año pasado (52% a favor de la salida de la UE) a la hora de anticipar el pasado mayo unas elecciones en las que acabó perdiendo la mayoría absoluta. Incluso con el apoyo externo de los unionistas norirlandeses del DUP, hoy sólo basta el voto adverso de siete diputados díscolos para asestarle una derrota parlamentaria. Y esa perspectiva no es descartable este mismo otoño.

El líder de la oposición laborista, un Jeremy Corbyn de escaso talante europeísta, ya tantea modificar su posición contraria a la permanencia en el mercado único durante un periodo transitorio (o incluso más allá), tal y como sugieren las recientes declaraciones de dos pesos pesados del partido, sir Keir Starmer (responsable en la sombra de la cartera del Brexit) y John McDonnell (Economía). Tras el receso estival, el partido laborista podría plantear una votación en los Comunes a tal efecto y con el apoyo de un grupo de parlamentarios conservadores alérgicos al Brexit duro, a no ser que declinen en el último momento para evitar un golpe de gracia al gobierno May.

El escenario inmediato está, por lo tanto, completamente abierto y a la espera de que una debilitada Theresa May acabe definiéndose. El tiempo se le echa encima cuando la mayoría de la ciudadanía británica está cuestionando su capacidad para liderar el proceso del Brexit. El último sondeo de YouGov para el diario The Times revela que el 55% cree que la gestión de la primera ministra es nefasta, y sólo un 25% se muestra dispuesto hoy por hoy a seguir avalándole.

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