viernes, 11 de agosto de 2017

El Gobierno libio prohíbe a las ONG entrar en sus aguas

Las acciones y declaraciones contradictorias de los Gobiernos italiano y libio han sembrado la incertidumbre entre las ONG

Ricard González
Túnez, El País
Las últimas acciones y declaraciones de los Gobiernos de Italia y Libia, a menudo contradictorias, respecto a las reglas que deben seguir las ONG que rescatan migrantes frente a las costas libias han sumido estas entidades en la confusión. Después de haber permitido durante meses a los navíos de las ONG operar libremente en una zona contigua a sus aguas territoriales, el portavoz de la marina libia, el general Ayub Qassem, advirtió el jueves que a partir de ahora estos buques deberán contar con un permiso previo de las autoridades libias. Sin embargo, Qassem no concretó hasta dónde se extiende la nueva zona de exclusión marina a embarcaciones extranjeras.


“Queremos enviar un mensaje claro a todos aquellos que infringen la soberanía de Libia y faltan al respeto a los guardacostas y la marina”, declaró el oficial en una rueda de prensa celebrada de Trípoli, en la que especificó que sus palabras se dirigían a las ONG que llevan a cabo acciones humanitarias en la zona. “Deben respetar nuestra voluntad (...) y obtener una autorización del estado libio incluso para operaciones de rescate”, añadió. El general Abdelhakim Bouhaliya, comandante de la base naval donde tuvo lugar la comparecencia ante los medios, afirmó que Libia “ha declarado oficialmente una zona de búsqueda y rescate” bajo su soberanía, aunque no especificó su extensión exacta.

De acuerdo con la legislación internacional, las aguas territoriales de un estado se extienden hasta 12 millas mar adentro respecto a su línea de costa. Actualmente, las ONG humanitarias operan normalmente más allá de este límite, en la zona definida de “búsqueda y rescate” (SAR por sus siglas en inglés), gestionada por los guardacostas italianos ante la incapacidad técnica de las autoridades libias para hacerse cargo de un área que abarca miles de kilómetros cuadrados. “Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial al respecto. En algunas reuniones el Gobierno libio ya había expresado su deseo ejercer su soberanía sobre la zona SAR, pero nunca había pasado de eso porque, simplemente. no pueden”, explica Óscar Camps, fundador de la ONG catalana Proactiva Open Arms, que figura entre las nueve entidades que desempeñan labores de salvamento en el Mediterráneo central.

“Las declaraciones unilaterales de la marina libia nos parecen alarmantes, especialmente el hecho de que hayan incluido amenazas directas contra las ONGs. Creemos que es fruto de un clima contrario a las ONGs creado por los estados europeos”, denuncia Michele Trainiti, coordinador de las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras (MSF). “Los guardacostas italianos también están confusos ante estas declaraciones y nos han aconsejado, por nuestra seguridad, de no acercarnos a menos de 60 millas de la costa libia. Eso significaría que moriría mucha gente, porque tan lejos ya no servimos de nada”, apostilla Trainiti, que considera que la retórica libia se ajusta a la pretensión de la UE de devolver los migrantes rescatados a los centros de detención en Libia, donde se enfrentan “a una situación deplorable, con todo tipo de violaciones, incluida la esclavitud”.
Dos ráfagas de disparos al aire como aviso

El Open Arms, uno de los dos navíos de Proactiva Open Arms, ya experimentó a principios de esta semana la renovada hostilidad de la marina libia hacia las ONGs extranjeras. Una patrulla de los guardacostas libios disparó dos ráfagas de disparos al aire a modo de advertencia, y les hicieron saber que la próxima vez la tripulación sería el blanco de las balas. Si bien los responsables de la organización humanitaria aseguran que estaban a 13 millas de las costas libias, las autoridades libias sostienen que habían traspasado el límite de 12 de millas que marca el inicio de las aguas territoriales.

El hecho de que actualmente existan en Libia tres gobiernos paralelos, cada uno controlando una franja de territorio diferente, dificulta el establecimiento de unas normas claras. Los generales de la marina que participaron el jueves en la rueda de prensa se hallan bajo la jurisdicción del Gobierno patrocinado por la ONU, que es el que controla la costa oeste de Libia, desde donde parten la mayoría de embarcaciones de las mafias que trafican con personas. El país magrebí, cuyo territorio se disputan decenas de milicias, cayó en el caos después de la guerra civil que en 2011 puso fin a la dictadura del coronel Gadafi.

Sin embargo, tampoco ayudan a clarificar la situación las últimas acciones del Gobierno italiano, con elecciones ya a la vista y bajo una fuerte presión de la opinión pública al recibir aproximadamente del 85% de los migrantes que han llegado a las costas europeas en 2017. El mes pasado, Roma estableció un nuevo código de conducta al que se deben adherir las ONGs que se dedican al rescate de migrantes entre las costas italiana y libia, y que incluye unos controles mucho más severos.

Por ejemplo, obliga a que al menos un policía forme parte de la tripulación. De momento, solo tres entidades han firmado el código, entre ellas ProActiva Open Arms. No obstante, hasta el momento, las autoridades italianas han continuado colaborando con aquellas que rechazan la nueva norma, como MSF, y no han vetado a sus naves el acceso a los puertos italianos. “Desde entonces, nos han llamado menos para efectuar rescates, pero es verdad que, en general, se han reducido las operaciones de todas las ONGs durante las últimas semanas", explica Trainiti.

A todo este incierto panorama se suma la llegada a la zona del barco C-Star, fletado por la organización europea de extrema derecha Generación identitaria y que tiene como objetivo dificultar las labores de salvamento de los migrantes en aguas mediterráneas. La semana pasada, el C-Star se acercó con una actitud a las embarcaciones de diversas ONGs con una actitud intimidatoria. Desde el pasado domingo, el navío se halla varado frente a la costa tunecina después de que un grupo de pescadores tunecinos y de organizaciones de la sociedad civil local haya impedido a los jóvenes activistas de extrema derecha atracar en los puertos tunecinos para repostar.
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